El debate ya se daba por concluido y, según Frank O. Mora., subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos,  los estadounidenses comenzarían a utilizar las bases a partir de mayo de este año.

Sin embargo, el tribunal había admitido una demanda el año pasado que pide declarar inviable la negociación porque no fue avalada por el Congreso.

El Gobierno sostuvo que no es un nuevo tratado con EE. UU. sino una extensión de los acuerdos suscritos por el país desde 1974. Pero el demandante, Luis Alfredo Sánchez Rojas, consideró que debió ser el Congreso el que aprobara mediante una ley el acuerdo para el uso de las bases, y que esa ley tenía que haber sido enviada a la Corte Constitucional para control previo de exequibilidad.

La ponencia le correspondió al magistrado Jorge Iván Palacio, quien le pidió al Congreso que enviara la lista de los tratados que se han aprobado con los Estados Unidos.

También convocó al Consejo de Estado. Ese tribunal remitió el concepto que le entregó al Gobierno el 13 de octubre y que señalaba que la nueva negociación incluía temas -especialmente la presencia norteamericana en unidades militares colombianas- que iban más allá de lo anteriormente pactado.

En ese orden de ideas, dijo el Consejo de Estado, se trataba de un nuevo tratado, por lo que el paso por el Congreso era ineludible.
Entre las bases que contempla ese acuerdo está precisamente la de Tolemaida, así como la del Ejército en Larandia (Caquetá); las aéreas de Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta); y las navales de Cartagena y Málaga, en el Pacífico.

Según la fuente de SOA Watch, en Colombia, el aliado más fuerte de EE. UU. en la región, hay unos 300 militares estadounidenses «o algo más», también hay «contratistas», y el Ejército colombiano «paga a otros» con dineros que proporciona Washington.

En tanto, el pacto ha sido foco para críticas por parte de activistas, ONG y países latinoamericanos, mientras que otros creen que se trata de un acuerdo constitucional.

eltiempo.com / colombia