Caracas, 13 Ago. AVN .-

Sectores de la oposición venezolana insisten en defender a Alejandro Peña Esclusa, ultraderechista procesado por la justicia del país, y de acusar al Gobierno Nacional de “utilizar el aparato judicial como instrumento para la persecución política”.

Así lo manifestó la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, a través de una nota de prensa.

El ultraderechista Alejandro Peña Esclusa fue detenido el pasado 12 de junio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras un allanamiento realizado en su residencia, por estar vinculado con el terrorista salvadoreño Francisco Chávez Abarca, quien había sido aprehendido por las autoridades venezolanas y posteriormente deportado a Cuba, el pasado 7 de julio.

Durante la visita domiciliaria, se encontró material de naturaleza explosiva.

En el prontuario de Peña Esclusa figuran sus vínculos con sectores del fascismo. Fue uno de los principales cabecillas de la secta Tradición, Familia y Propiedad, organización que en 1984 pretendió llevar a cabo un plan para asesinar al Papa Juan Pablo II durante su visita al país.

Peña Esclusa preside la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), compuesta por personas y grupos que han incurrido en repetidas violaciones a los derechos humanos y acciones de desestabilización en América Latina.

En junio de 2009, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, denunció que Peña Esclusa tenía vínculos con el terrorista Luis Posada Carriles y que juntos habían ordenado un atentado contra el jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, el cual se llevaría a cabo durante la toma de posesión de su colega de El Salvador, Mauricio Funes.

Asimismo, Peña Esclusa dejó estampada su firma en el decreto del dictador Pedro Carmona Estanga, a través del cual durante 48 horas se instauró en el país una dictadura que masacró al pueblo venezolano.

De igual modo, repitió sus acciones golpistas en 2009 cuando apoyó el golpe de Estado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya.

La derecha venezolana en reiteradas oportunidades ha asegurado que de llegar a la Asamblea Nacional (AN) el próximo 26 de septiembre lucharán por conseguir la libertad de los ex comisarios Henri Vivas, Lázaro Forero, Iván Simonovis, quienes fueron acusados y sentenciados por cometer crímenes de lesa humanidad durante el golpe de Estado de 2002.

También han manifestado que «trabajarán» para conseguir el regreso al país de los prófugos de la justicia venezolana como Manuel Rosales, requerido por delitos de enriquecimiento ilícito; Nixon Moreno, acusado por intento de violación y homicidio; Ramón Martínez, quien debe enfrentar cargos por irregularidades administrativas, y Òscar Pérez, solicitado por instigación y asociación para delinquir, quienes se encuentran asilados en Perú.