Periódicos nacionales dedican amplios espacios a comentar los hechos, ocurridos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas; los reportes mediáticos subrayan la impunidad del crimen organizado y la sistemática agresión a emigrantes.

Con el título «Desdén permanente del gobierno federal hacia las y los migrantes», el rotativo Milenio Diario retoma evaluaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema.

Datos de la CNDH avalan que entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 se registraron más de 10 mil secuestros de migrantes en este país, cada mes, advirtió el organismo, mil 600 migrantes fueron víctimas de ese delito, achacado a bandas criminales que trasiegan personas rumbo a Estados Unidos.

Según informó la Procuraduría General de la República (PGR), a partir de este domingo atraerá la totalidad de la investigación sobre el caso.

Hasta el momento sólo se ha podido determinar la identidad de 31 cadáveres, aunque las autoridades presumen que todas los fallecidos eran migrantes procedentes de centro y Suramérica.

Entre los identificados hay 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.

El vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré, confirmó en las últimas horas que la PGR asumirá todas las pesquisas y las autoridades de Tamaulipas actuarán como coadyuvantes.

Funcionarios federales indicaron que la investigación está concentrada en la identificación de las víctimas y en los días siguientes emprenderán la reconstrucción de lo sucedido en la finca del ejido El Huizachal, San Fernando, donde aparecieron los muertos (14 mujeres y 58 hombres).

De acuerdo con información obtenida por representantes de Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, sus compatriotas pagaron entre ocho mil y 11 mil dólares para ser trasladados a Estados Unidos, a través de territorio mexicano.

El sobreviviente de la masacre, un ecuatoriano de 18 años de edad, permanece internado en un hospital castrense en la ciudad de México a solicitud del gobierno de Ecuador