Hernán Durango
En la Plaza de Bolivar de la capital colombiana se desarrolló este martes 31 de agosto la jornada conmemorativa del día Internacional del Detenido Desaparecido. Familiares de las victimas de crímenes de lesa humanidad protestaron públicamente levantando su voz para que se conozca la verdad, se aplique justicia y se repare en forma integral a los familiares.
Uno a uno los familiares denunciaban en la tarima instalada frente al capitolio nacional los casos de desaparición forzada de sus hijos(as), esposos (as), hermanos(as). Exhibían pancartas y pendones. Las organizaciones y comités defensores de los derechos humanos presentaban videos, repartían volantes y plegables y dictaban charlas y conferencias en casetas alrededor de la plaza histórica de Bogotá. Varios grupos juveniles y bandas musicales hicieron sus presentaciones sumándose a la jornada por los derechos de las victimas del terrorismo oficial.
la actividad conmemorativa contó con el auspicio de la administración distrital, especialmente de la Secretaría de Gobierno Distrital, a través del Centro de Memoria, paz y reconciliación, entidad que viene desarrollando una importante labor en el rescate de la memoria histórica de las víctimas para que no se repitan estas violaciones y crímenes de lesa humanidad.
Esperanza Merchán, secretaria general de la Federación de Familiares de detenidos desaparecidos en Colombia Asfaddes, reclamó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos la ratificación plena de la convención internacional contra las Desapariciones Forzadas.
En el primer articulo de dicha convención Internacional se reza: “Nadie será sometido a una desaparición forzada”. Asfaddes considera que este instrumento que fue aprobado por los países que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas ONU, de estos 24 países, solo falta una firma que podría ser la del gobierno colombiano. Una petición en tal sentido respaldada por más de 10 mil firmas recolectadas por los defensores de derechos humanos será entregada en el Palacio de Nariño en los próximos días.
Señaló Esperanza Merchán que Colombia está horrorizada por la aparición de cementerios ilegales y fosas comunes. “Los hechos muestran que se siguen presentando en las regiones los asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones y torturas. Las practican agentes del estado para generar terror y pánico en la población y dominar en los territorios, especialmente en aquellos territorios donde se van a implantar mega proyectos de la empresas transnacionales” expresó.
Según los organismos oficiales que investigan el fenómeno de las desapariciones forzadas en Colombia se habrían presentado cerca de 40.000 casos en el país en los últimos 3 años. Exactamente 38225 personas han desaparecido en Colombia durante los últimos 3 años según datos de Medicina Legal. Las organizaciones de víctimas lo tienen claro: los paramilitares con vínculos en grupos estatales del gobierno de Álvaro Uribe ven estas acciones una oportunidad para acallar a la oposición.
Al menos es lo que sostiene Gloria Gómez, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asafaddes), “necesariamente tienen que ver con funcionarios estatales que participaban directamente en las desapariciones, luego fueron operativos conjuntos combinados y ahora se sigue tolerando que desaparezcan personas a manos de grupos paramilitares o emergentes como ahora se llaman y que es lo mismo”.
Asfaddes denunciaba en 2008 la existencia de 15.696 personas detenidas desaparecidas en Colombia.
Por iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos) el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
Esta fecha constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas -catalogado como crimen de lesa humanidad por la OEA y la ONU. Se inscribe, asimismo, en el trabajo que los organismos de derechos humanos realizan para influir en las políticas publicas nacionales e internacionales con el objetivo de prevenir toda forma de autoritarismo y consolidar la vigencia de los derechos y libertades.
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