Sábado 20 de agosto, 8 de la noche. Unos 400 hombres con armas de fuego y palos se toman el barrio Manrique Santa Inés, en la comuna 3 de Medellín. «Encerrados en las piezas, sólo escuchábamos las patadas que los del combo ‘Balcones de Jardín’ daban a las puertas de las casas. Gritaban ‘Policía’ para que les abrieran y, cuando eso pasaba, entraban y se robaban los televisores o lo que encontraran», dice Dora, madre de 4 hijos.

Sandra, otra vecina del sector, cuenta que les dieron cuatro días para irse del barrio porque, les dijeron, sus casas iban a cambiar de dueños. «Ahora, sólo en mi sector, hay 40 casas desocupadas», les dijo la señora a las autoridades de esa ciudad. En esa noche de agosto salieron 85 personas.

Los testimonios de estas dos mujeres fueron recibidos por la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Medellín y refleja lo que por estos días viven los habitantes de varias comunas, por el enfrentamiento de más de 100 combos que, en medio de la guerra de la llamada ‘oficina de Envigado’, se disputan el control de la ilegalidad en zonas de la ciudad.

Esa ‘guerra’ entre combos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ha generado este año que 1.870 personas se hayan desplazado en la misma ciudad a otros barrios. La Secretaría de Bienestar Social reporta 469 personas.

Acción Social también habla de un aumento de casos en Medellín y en Antioquia. La situación de desplazamiento intraurbano en la capital antioqueña, en la que las víctimas cambian de barrio y deben buscar refugio donde amigos y familiares, se da en 13 de las 16 comunas, aunque con mayor frecuencia en las 13, 8, 7 y 3.

Esa entidad del Estado dice que, en todo caso, es la zona del país con mayores reportes históricos de desplazamiento interno: hay 20.000 personas que, en los últimos años, han pedido ayuda humanitaria por esa situación; 15.000 eran de Medellín.

Desde el año pasado, en varias alertas, la Defensoría ha reportado 66 situaciones de riesgo de posibles desplazamientos forzados internos en 143 municipios. Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Montería, Medellín, Santa Marta, Soacha y Villavicencio aparecen en esa lista.

Fernando Escobar, personero de Soacha, municipio aledaño a Bogotá, señala que en los últimos tres años han conocido denuncias formales de 146 familias, que representan 584 personas.

En este municipio, de 450.000 habitantes, varias madres han tenido que salir con sus hijos o enviarlos a casas de sus familiares para evitar que las bandas o la guerrilla los recluten.

Ahora, la Defensoría reclama medidas de protección para los desplazados, aunque muchos de ellos aseguran no querer regresar a sus casas. «Por allá no se puede volver, porque aunque ahora allá está la Policía, ellos tampoco se van a quedar allá todo el tiempo», dice Sandra, en Medellín.