Jimy Ríos

Realizar un balance de ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez presenta grandes limitaciones pues como nunca antes, la información oficial y cuantitativa disponible adolece de credibilidad. En eso influyeron la desinstitucionalización, la opción por el atajo, la manipulación, los acuerdos por debajo de la mesa, la corrupción, el fraude, la desinformación, la marketing político, la concentración del poder, los privilegios al capital, el lavado de dinero y el intento por desconocer el conflicto armado y social, por sólo mencionar algunas de las características de su administración.

Detrás del supuesto éxito de la política de seguridad por ejemplo, se esconde una práctica verdaderamente ruin. Con el ánimo de mostrar disminución en las estadísticas de muertes violentas, el presidente Uribe incluyó en el acuerdo con los paramilitares el ocultamiento de los muertos. Para eso utilizaron fosas comunes, ríos caudalosos, hornos crematorios, pozos de caimanes y cómo olvidar la motosierra utilizada para descuartizar los cadáveres. La Macarena es sólo una muestra relevante de estas actividades.

A esto se suma que los informes de las Fuerzas Militares no incluyen las propias bajas, crearon los “falsos positivos”, inflaron las bajas en la guerrilla con civiles asesinados, detuvieron cientos de personas acusados de guerrilleros no sólo como represión al Pueblo sino que además con eso mostraron cuentas “exitosas”. En varias oportunidades realizaron shows con fingidos reinsertados que posteriormente se confirmaron como infiltrados o el mismo gobierno fue burlado en su ley.

Se alcanzó a decir por parte del Rasputín criollo, el reinsertado José Obdulio Gaviria, que si no había conflicto armado no habían desplazados. De ahí una de las dificultades para precisar en términos cuantitativos este drama y se suma al miedo que impide a las víctimas realizar la denuncia, lo cual se extiende a la desaparición, la amenaza y otras prácticas de éste régimen de terror.

En el caso del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), si bien en su medio siglo de vida institucional ha compartido momentos de credibilidad con otros de mucha desconfianza, fue durante la administración de Uribe cuando alcanza los mayores niveles de suspicacia y descrédito.

La independencia y la credibilidad del DANE quedaron en duda cuando el actual gobierno logró influenciar los temas de la seguridad y la pobreza. La intervención descarada indujo la renuncia de dos directores, generó debates en el congreso, produjo cuestionamientos internacionales y llamamientos gremiales para que fuera respetada su autonomía. Si bien el DANE siempre generó polémica con los datos sobre inflación y desempleo, en éste periodo aumentaron los cuestionamientos debido a la notable intervención del ejecutivo. Incluso el censo de 2005, el producto más importante de la institución estadística, tuvo cuestionamientos metodológicos, tecnológicos, de confidencialidad y cobertura, entre otros.

A lo anterior se suman los cambios en la metodología para medir el desempleo y la pobreza. En el caso del empleo ha quedado difuso el concepto de desempleado y la informalidad de formaliza con el ánimo de ocultar la realidad. En 2006 hubo una polémica pues el DANE abandonó las mediciones de la pobreza y con ello se perdió un acumulado sistemático sobre las cifras generando dificultades para el seguimiento al problema. Salvo con las frecuentes “estimaciones”. Las cifras del SISBEN, instrumento para definir subsidios, todo el tiempo fue “depurada” por el gobierno al mismo tiempo que aumentaba el número de pobres.

Cómo si fuera poco, funcionarios del Banco de la República son acusados de filtración de información y por eso en principio suspendidos. La entidad que por excelencia produce los indicadores económicos no ha escapado a cuestionamientos tanto de manipulación, como de tergiversación cuando no es señalada de favorecer intereses particulares a la hora de presentar la información.

En materia económica y en un gobierno narcoparamilitar favorable al lavado de dinero ¿Quién por ejemplo puede calcular la participación del narcotráfico en la economía colombiana? Cosa esta imposible más cuando los narcos están dentro del Estado, bien como funcionarios de alto nivel en el ejecutivo o como es el caso del legislativo donde también fueron comprobadas las alianzas con el narcoparamilitarismo. O cómo negar que con el testaferato se intentó ocultar la extrema concentración de la tierra y la evasión de impuestos.

Cabe también la pregunta por la posibilidad de calcular la corrupción en un gobierno que se caracterizó por cuestionar no éste delito sino el hecho que de dejaran descubrir. Un presidente que pidió a los parapolíticos que votaran sus proyectos en el gobierno antes de que los metieran a la cárcel y eso generó risas en su selecto auditorio de criminales.

Pese a estas dificultades para el balance, la realidad colombiana caracterizada con las cifras oficiales no escapa a la gravedad y muestra así el cinismo del régimen. No se puede ocultar más porque la realidad es terca y no se deja. Otros estudios complementarios que no responden necesariamente a la manipulación oficial dan cuenta de que la gravedad es mayor en cada una de las variables de la sociedad colombiana. Tampoco nos debemos confundir en pocos puntos de diferencia en los porcentajes de una u otra fuente.

Somos Pueblo y sabemos bien de nuestras necesidades y de la represión que sufrimos cuando reivindicamos derechos. Mientras aumentaron las ganancias de la oligarquía y mermaron nuestras posibilidades de bienestar se incrementaron las protestas. Por ahí hay esperanza, por ahí están las FARC Ejército del Pueblo y su Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia.