La Habana, 30 sep (PL) A todo político latinoamericano que se insubordine a Estados Unidos se le califica, en cualquier sentido y por la más banal razón, de enemigo de ese país. Tal parece ser la lógica de las autoridades estadounidenses y de otros factores de poder allí, cada vez que emerge un proceso político independiente del dictado o de los intereses de Washington.
Es la rémora del «patio trasero» a que fue sometida Latinoamérica hasta el primero de enero de 1959, triunfo de la revolución cubana.
Ese día se inició un proceso político dignificador de la región al sur del Río Bravo, desde el poder.
Estados Unidos, más de 50 años después de lograr la supremacía dominante en el mundo, a costa de España y del pueblo cubano en este caso, se consagró como naciente poder hegemónico mundial, a inicios del siglo XX.
Si bien su papel en la Guerra Hispano-Cubana-Americana lo condujo a iniciar la centuria con predominio sobre los viejos imperialismos europeos, el triunfo popular en Cuba, 50 años después, inició un proceso hacia el nuevo horizonte regional.
Desde 1964 con el golpe de Estado contra Joao Goulart en Brasil hasta el 11 de septiembre de 1973 en el Chile de Salvador Allende, se transitó por una larga estela de represión y dictaduras en Latinoamérica.
Los objetivos del Norte y de sus aliados nacionales en los países que sufrieron los efectos del golpismo fueron consagrar el dominio de Estados Unidos y de aquellas clases sociales que se le subordinaban en virtud de sus intereses.
Desde el punto de vista práctico más inmediato, Norteamérica pretendía, a la vez, capitalizar la deuda externa que contrajeron estas naciones, a partir del dinero excedente en la banca estadounidense y aliada, a costa de la pobreza latinoamericana.
Para ello expandió políticas económicas neoliberales, mediante las cuales obtenía dividendos directos y sus empresas transnacionales adquirirían, a precio de remate generalmente, las riquezas nacionales y los recursos naturales latinoamericanos.
Paralelamente se redujeron los gastos sociales en salud, educación y pensiones, a la vez que disminuyeron las fuentes de empleo y los salarios. Como escape, se extendió la llamada economía informal, en lacerantes condiciones de pobreza.
En sentido contrario, las fuerzas más progresistas de la región lucharon dramáticamente, desde inicios de los sesentas y aún antes, por lograr verdaderos cambios sociales que libraran a la región de la pobreza y del lastre dominante.
De acuerdo con el análisis: Las Comisiones de la Verdad en América Latina, de Esteban Cuya, el poder militar se entronizó en Paraguay en 1954, Brasil en 1964, Perú (1968), Uruguay (1972), Chile (1973), Argentina (1976) y en Bolivia reiteradamente, entre otros países.
Los nombres de los generales Alfredo Stroessner, Rafael Videla y Augusto Pinochet, del coronel Hugo Banzer y del civil José María Bordaberry, se tornaron conocidos para miles de víctimas y para muchos hombres y mujeres solidarios en diversas partes del mundo.
En algunos de estos países, gobiernos elegidos democráticamente se pusieron bajo la tutela militar, como ocurrió en el suramericano Uruguay y los centroamericanos Guatemala, El Salvador y Honduras.
El referido autor recuerda en la Revista Memoria que los regímenes militares no solo aspiraban a eliminar las señales de una supuesta subversión en sus países, sino a construir estructuras económicas y políticas en el marco de la doctrina de Seguridad Nacional.
Añade que como «modernización» se entendía la implantación del capitalismo, al estilo de los Estados Unidos de Norteamérica, al que se le consideraba como el único modelo posible para las naciones latinoamericanas.
En el contexto de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, refiere, todo aquel que se oponía a la construcción de (aquel) proyecto político económico era considerado como enemigo de la patria, y por tanto, tenía que ser perseguido y eliminado.
En América Latina, las torturas, los secuestros, las desapariciones forzadas, el genocidio, el destierro, se convirtieron en una realidad cotidiana que envolvió a miles de personas en el contexto de sociedades militarizadas controladas por medio del terror.
Al respecto, el autor refiere que en casi todos los países del continente «fueron diversos los casos de abdicación del Poder Judicial ante la prepotencia» de los gobiernos y de las fuerzas armadas, como consecuencia de lo cual se cometieron flagrantes violaciones a los derechos humanos, en la más absoluta impunidad.
Argentina y Chile son dos de los ejemplos más notorios, en este contexto, de la violación masiva y flagrante de los derechos humanos de miles de latinoamericanos, nacionales o no, pues en estos y otros casos fueron ultimados también extranjeros progresistas.
Comisiones de la Verdad pudieron corroborar que aquellos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las fuerzas armadas, que se valieron de una «tecnología del infierno», según las miles de denuncias y testimonios de las víctimas.
Solamente en Argentina, los organismos de derechos humanos contabilizaron cerca de 30 mil asesinados y desaparecidos y asesinados, de los cuales el 80 por ciento tenía entre 21 y 35 años de edad.
Luego del derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende, en Chile, dos mil 279 personas murieron o desaparecieron como víctimas de la violación a sus derechos humanos, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, según una voluminosa investigación de 635 páginas realizada por la Comisión de la Verdad.
Semejantes investigaciones se realizaron sobre crímenes de esta naturaleza cometidos en Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y algunos países más de la región, aunque no siempre con los resultados perseguidos. Aún se encuentran en Argentina hijos de desaparecidos, a los cuales se les ha mantenido peor que secuestrados hasta el presente y nadie sabe hasta cuándo.
En Brasil, la investigación de la comisión Nunca Más indicó que en el período de 1964 a 1979 se registraron, según Esteban Cuya, 125 casos de ciudadanos desaparecidos por motivos políticos, algunos de los cuales fueron enterrados por la policía con nombres falsos.
Después de 20 años críticos, en Latinoamérica avanzaron los procesos democráticos y más recientemente han venido consolidándose gobiernos con manifiestas políticas de profundización social, sobre todo a partir del triunfo del presidente venezolano Hugo Chávez en 1998.
A sus reiterados éxitos electorales han sucedido los de Evo Morales en Bolivia, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, los Kirchener en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, los gobiernos democráticos posteriores a Pinochet en Chile y de Rafael Correa en Ecuador, entre otros.
Sin embargo, noticias24 y otros medios publicaban el 28 de junio de 2009 Golpe de Estado en Honduras: expulsan a Zelaya y detienen a Ministros, luego de que «desde tempranas horas de la mañana», según la agencia española EFE, «decenas de militares habían rodeado las zonas aledañas a la residencial del Presidente».
América Latina reaccionó con rechazo unánime ante el retorno de la violencia castrense y de la derecha más reaccionaria en la región, respecto de lo cual se alzaron voces que alertaron sobre el riesgo de una vuelta a los crímenes horrendos y a las violaciones de derechos elementales, años atrás.
Una de aquellas voces contrarias a tales prácticas antidemocráticas fue la del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien este 30 de septiembre denunció desde un hospital lo que califica como «una conspiración» mediante la cual «no van a lograr absolutamente nada».
En declaraciones a la Radio Pública, declaró que elementos policiales estaban tratando de ingresar a su habitación por la fuerza y reiteró: «No voy a claudicar», a la vez que insistió, ante la eventualidad de ser asesinado: «Si algo me pasa, reitero siempre (que) mi amor por la Patria es infinito y por mi familia».
Ante esto se retoma la pregunta: ¿Retornan en América Latina los golpes de Estado contra el nuevo liderazgo?
¿Se atenta una vez más contra la democracia, como también en reiteradas ocasiones se ignoran, atacan o difaman los más sonados éxitos de fuerzas progresistas latinoamericanas?
A la luz de la historia, las fuerzas del retroceso persisten.
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