La senadora colombiana Piedad Córdoba, quien facilitó liberaciones de rehenes de las FARC, rechazó haber enviado mensajes a la guerrilla -luego de que la Procuraduría la sancionara por esto con la destitución- y dejó entrever que podría haber sido un montaje del gobierno.
La senadora colombiana Piedad Córdoba, quien facilitó liberaciones de rehenes de las FARC, rechazó haber enviado mensajes a la guerrilla -luego de que la Procuraduría la sancionara por esto con la destitución- y dejó entrever que podría haber sido un montaje del gobierno.
«Para ser mediadora frente a la guerrilla yo no tenía que mandarle correos a nadie», dijo Córdoba, según declaraciones publicadas el domingo por varios diarios de Bogotá.
La senadora del Partido Liberal agregó que no puede asegurar que los mensajes aparecidos en un computador del extinto número dos de las FARC, ‘Raúl Reyes’, pudieran haber sido introducidos por funcionarios del gobierno anterior, pero destacó que mucha de esa información era conocida por ellos.
«No puedo asegurarlo de esa manera pero, por lo menos, lo que yo les contaba a ellos sí aparece en los correos con pelos y señales», dijo sobre la posibilidad de que el ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, u otros funcionarios de la Presidencia, hubiesen inventado los correos.
A mediados de 2007, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) nombró a la senadora y al mandatario venezolano Hugo Chávez como mediadores para un posible canje humanitario de rehenes de las FARC por guerrilleros presos. Sin embargo, el propio gobernante colombiano puso fin a esa mediación meses más tarde.
El pasado 27 de septiembre el procurador general, Alejandro Ordóñez, ordenó destituir a Córdoba e inhabilitarla políticamente por 18 años, señalando que la senadora «se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario» de secuestrados.
Córdoba puede apelar ante la Procuraduría y en caso de que se reitere la sanción podrá interponer un recurso ante el Consejo de Estado que tendría la última palabra sobre su destitución.
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