por ANDES/AR » 14:46 – 3 oct 2010

La ministra de la Política, Doris Soliz, señaló que el imperio de la justicia es la única garantía para la construcción de una sociedad democrática. Lo cual se traduce en la necesidad imprescindible de enjuiciar y castigar a los responsables e instigadores, pero también desentrañar las redes de complicidad involucradas en los hechos suscitados el pasado jueves.

A través de un comunicado, la funcionaria indicó que la amnistía propuesta por  ciertos sectores no es más que una estratagema para el olvido y su carta de salida a la impunidad y revela ciertamente su peligrosa complicidad con los hechos.

“Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvo mayores ecos, devela la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad”, subrayó.

Agrega que el fortalecimiento de la memoria individual y colectiva es fundamental para impedir que regrese el terror y la violencia. “Se trata de reparar, por medio de la justicia, no solo la autoridad presidencial que trató de ser mancillada, sino de  desagraviar a las familias de los muertos y heridos en esta nefasta  jornada”.

Se trata, sostuvo, de que toda la sociedad que fue testigo de una macabra situación de violencia, sea reparada a través de la justicia lo que implica restituir, en el marco de los derechos humanos, un discurso y unas prácticas ético-institucionales, que permitan romper complicidades y silencios.

Los penosos acontecimientos del día jueves 30 de septiembre deben generar un serio y profundo compromiso de todas las funciones del Estado, de todos los niveles de gobierno, de todas las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general para consolidar el estado democrático marcado por la Constitución de Montecristi, dijo la ministra.

Añade que el golpismo y el terrorismo han sido dos grandes obstáculos para la consolidación de la democracia en América Latina y han constituido instrumentos nefastos de los grupos de poder para impedir el avance de nuestras sociedades hacia sistemas justos, equitativos y al servicio de las mayorías.

“Es hora de que Ecuador y América Latina cerremos este ciclo nefasto para siempre y demos pasos certeros para afianzar nuestras democracias, máximo que ellas se encaminan a una acertada combinación de democracia representativa con democracia participativa”, manifestó.

El Gobierno Nacional convoca a una actuación conjunta, coordinada, responsable de todas las funciones e instituciones del Estado para superar la crisis política, provocada por los sectores de la oposición claramente identificados  y escudados en un grupo de miembros de la Fuerza Pública, insistió Soliz.

Hay voluntad política para reformar la ley

La Secretaria de Estado recordó que, días antes de que se produzcan los hechos que son de dominio público, ocurridos en el Regimiento Quito Nro. 1, el Gobierno Nacional y el bloque legislativo de Alanza PAIS, llegaron a un acuerdo para  precisar algunos puntos de la Ley Orgánica de Servicio Público, que eran motivo de preocupación entre los servidores públicos y los miembros de Fuerza Pública

Ello implica, tal como es la decisión del presidente Rafael Correa, de continuar con el proceso de homologación salarial para todo el sector público, que se materializa en una política de buenos salarios, mejoras en las condiciones laborales para los miembros de la Fuerza Pública, pero apartados de una práctica de privilegios obtenidos en el pasado de desde la presión y la fuerza, comentó.

En esa coyuntura, la Ministra Soliz indicó que sigue en pie esa decisión política de hacer determinadas precisiones a la Ley, vía reformas e invita a la Asamblea Nacional a fortalecer un horizonte compartido bajo los objetivos de garantizar para el país, las leyes que permitan impulsar el Plan Nacional de desarrollo que obtuviera el triunfo en las urnas.

También recordó que el amplio respaldo  nacional e internacional a la democracia  y  al Gobierno ecuatoriano -expresado desde las juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales, organizaciones  sociales y políticas, y la unanimidad del contexto internacional – es un aval para continuar con este proceso  de transformación político-social en el país.

Muerte cruzada

Con respecto a la posibilidad de disolución de la Asamblea Nacional  y la convocatoria a nuevas elecciones generales para el resto del período del mandato constitucional (muerte cruzada), comentó que esa es  una  alternativa extrema, establecida en el artículo 148 de la Constitución, pero que por el momento no está en análisis puesto que el escenario llama al mayor fortalecimiento de la institucionalidad democrática y ello debe implicar una mejor coordinación de objetivos estratégicos con la Asamblea Nacional. “Confiamos en que esta será la reflexión y el compromiso de la mayoría de fuerzas políticas de esta función del estado”, señaló./jh