Caracas, 06 Oct. AVN .- El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Gustavo Moreira, afirmó este miércoles que las movilizaciones que se realizan contra la ley que penaliza el racismo tienen la intención de desestabilizar al gobierno del presidente boliviano, Evo Morales.

El dirigente puso como ejemplo el intento de golpe de Estado en Ecuador que, bajo el argumento de rechazar una norma impulsada por el Ejecutivo, “se ha causado un problema muy grande”, reseñó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Moreira se refirió al artículo 16 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, en la cual se aplican sanciones a medios de comunicación que cometan actos racistas y discriminatorios, y llamó a todos “los buenos periodistas” para que aporten observaciones al inciso.

También defendió la postura difundida por la Federación de Trabajadores de Prensa de la ciudad de La Paz (FTPP) que, luego de reunirse con el presidente Morales, propuso que a los medios de comunicación que infunden el racismo se les retire las licencias.

Si esto llegara a ocurrir, el gremio indicó que el control del medio tiene que pasar a los sindicatos de trabajadores de la prensa, iniciativa que Moreira consideró positiva.

La noche del martes la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó el proyecto de ley.

Ahora la norma pasará al pleno para que sea aprobada en detalle y en conjunto para así concluir la parte de tratamiento del Senado.

El instrumento jurídico posee 26 artículos y fue aprobada en la Cámara de Diputados tras un largo debate en la comisión senatorial.

El artículo 16 fue criticado por la oposición y por los medios de comunicación privados, aunque desde la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideraron que fue “mal interpretado”, puesto que “no atenta contra la libertad de expresión”.

La senadora masista Rhina Aguirre aseguró que el artículo cuestionado “tiene carácter preventivo y no es necesario cargarle tanta tinta y convertirlo en un caballo de guerra. Sirve para prevenir y castigar sólo a quienes atenten contra la dignidad de las personas y se discrimine por su origen color, religión o de otro tipo”.

Por su parte, la diputada Rebeca Delgado, también del MAS, lamentó que algunos medios de comunicación tergiversen el proyecto legal y desinformen a la población.

La legisladora manifestó su preocupación porque ciertas empresas periodísticas “están teniendo miedo a una ley que debería más bien aglutinarnos a todos para luchar contra el racismo y la discriminación”.

El legislador Tomás Monasterios, de la opositora Convergencia Nacional, argumentó que el gobierno boliviano pretende censurar a la prensa y coartar la libertad de expresión.

Mientras, el titular de la federación que agrupa a los trabajadores de la prensa en La Paz, Boris Quisberth, expresó que a los medios privados que avalan comentarios racistas y discriminatorios les corresponde ser investigados por “la justicia ordinaria”.

Según el sindicalista, el mandatario boliviano explicó que esta ley no afectará la estabilidad laboral en los medios de comunicación.

rm.