Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá

276.000 millones entre floricultores. 40 por ciento de los aportantes a la campaña de Andrés Felipe Arias cultivan flores. La ministra de Ambiente deberá explicar su papel como gerente de la campaña de Arias.

El martes 9 de noviembre, en el debate al ministro de Agricultura y a la ministra de Medio Ambiente que llevará a cabo la Comisión Quinta de la cámara alta, el senador Jorge Enrique Robledo demostrará que el Ministerio de Agricultura y Finagro prestaron 463 mil millones de pesos sin garantías suficientes por parte de los prestatarios, porque la nación, a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), responde por ellos en el 100 por ciento. Ya están en mora casi 50 mil millones.

Robledo responsabilizará a Andrés Felipe Arias y a Andrés Fernández de esas políticas, por lo menos irresponsables, pues fueron ellos quienes tomaron las decisiones.

En el debate se explicará que entre los principales favorecidos por los créditos con malas garantías, que además se concentraron entre unos pocos muy poderosos y contenían fuertes subsidios, están los cultivadores de flores, que recibieron 276.227 millones de pesos. Y se llamará la atención acerca de que el 40% de las personas que le aportaron a la campaña de Arias fueron floricultores.

Le corresponderá al ministro Juan Camilo Restrepo explicar qué hará el gobierno ante este caso, para impedir que se pierdan más recursos públicos y modificar las políticas. Y tendrá que dar explicaciones también la actual ministra de Medio Ambiente, Beatriz Uribe, quien fue gerente de la campaña del exministro Arias y ha sido severamente cuestionada por el periodista Daniel Coronell.

El debate se inicia a las 11 de la mañana y será transmitido en directo por la Señal Institucional y el Canal Congreso.

Para verlo por Internet, entrar a www.ustream.tv/channel/polomoirtv

Suspender operativos contra la minería informal demanda el diputado del Polo en Antioquia

Oficina de prensa del diputado Jorge Gómez, Medellín

Alegando razones que supuestamente tienen que ver con el control y persecución a los grupos armados ilegales y de protección al medio ambiente, se está justificando el inusitado aumento de los procedimientos contra la mal llamada minería ilegal que viene adelantando la Policía Nacional, por órdenes del gobierno nacional y con el entusiasta respaldo de la Gobernación de Antioquia.

Si bien la actividad minera está reglamentada, la forma como la ejercen más de 100.000 ciudadanos en Antioquia no la convierte de por sí en una actividad ilegal. A lo sumo se le podrá calificar de informal. Algo similar sucede con otras tantas a las que se dedican millones de colombianos sin licencia o permiso alguno, empujados por la inexistencia de empleo productivo, estable y bien remunerado. Declaró el Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, Jorge Gómez Gallego.

En consecuencia, el deber de las autoridades es prestar a esos ciudadanos todo el respaldo para que la adelanten de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Las campañas de erradicación a juicio del corporado, solo buscan, con sofismas de distracción, proteger los títulos de explotación minera concedidos con generosidad a inversionistas extranjeros y multinacionales.

El Diputado dijo tener pruebas acerca de que los procedimientos han cobijado mineros con juiciosos y detallados planes de manejo ambiental, implementados por cuenta propia, ante la inoperancia de las autoridades mineras y ambientales al respecto. También aseguró que se conoce con certeza que la casi la totalidad de mineros de nuestro Departamento, antes que colaboradores de los grupos armados ilegales, son víctimas de ellos.

Finalmente, al tiempo que demandó la suspensión inmediata de los operativos, exigió la implementación de proyectos masivos de asistencia y capacitación en el manejo medioambiental para los pequeños y medianos proyectos mineros, el despliegue de operativos para evitar la extorsión y el chantaje de que son víctimas y sobre todo, la agilización de los procesos para el otorgamiento de los títulos a aquellos ciudadanos dedicados por años a la actividad minera, y que infructuosamente han tratado de acogerse al proceso de formalización establecido en el artículo 12 de la Ley 1382 de febrero de 2010.