Bogotá, 19 nov (PL) El gobierno colombiano afirmó hoy que acatará la decisión que adopte la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en el caso del ecuatoriano Franklin Aisalla, muerto en un bombardeo en Angostura el 1 de marzo de 2008.

Así lo expresó la canciller María Ángela Holguín a una radioemisora local al referirse al tema, cuya acción militar ilegal del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano originó una ruptura en las relaciones diplomáticas, hoy en vías de recomposición.

«Ecuador ahora tiene tres meses, Colombia tiene también otros tres meses y luego de este tiempo, la Comisión decidirá si el caso se cierra o irá a la Corte», expresó.

Nosotros -subrayó- seguiremos el camino que nos diga tanto la Comisión como la Corte.

Holguín manifestó que el Gobierno colombiano se encuentran muy tranquilo con los argumentos presentados en torno al caso.

«No queremos que los casos que estén en estas instancias internacionales perturben las relaciones, podemos seguir perfectamente», acotó.

La canciller dijo esperar que el desarrollo de este tema sensible no vaya a perjudicar las relaciones que se están reconstruyendo entre su país y Ecuador.

La CIDH aceptó considerar la demanda de Ecuador contra Colombia por la muerte de Aisalla en el referido bombardeo.

Según Quito, el Estado colombiano incurrió en la violación de derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del ciudadano ecuatoriano.

Aisalla fue presuntamente ejecutado de forma extrajudicial por agentes de la fuerza pública de Colombia en la denominada «Operación Fénix» llevada a cabo contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.

La decisión fue calificada por el Procurador General del Estado ecuatoriano, Diego García, de precedente jurídico inédito, pues desde su creación en 1959 es la primera ocasión que la CIDH admite una denuncia de un Estado contra otro.

Ecuador denunció el 11 de junio de 2009 que Aisalla, quien se encontraba en el campamento bombardeado, habría sido ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública colombiana, basado en los resultados de las necropsias realizadas.

Los cadáveres hallados en el campamento «revelaron la práctica de ejecuciones extrajudiciales a individuos que se encontraban en estado de indefensión», lo cual fue confirmado por peritos franceses, quienes confirmaron las muertes por disparos a corta distancia.

En la denuncia se indica que en el lugar del bombardeo se encontraron «aletas estabilizadoras de bombas inteligentes» y otras evidencias que indicarían que el mismo no fue efectuado por aviones Súper Tucano, como afirmaba el Estado colombiano.