Río de Janeiro, 4 dic (PL) El ministro brasileño de Defensa, Nelson Jobim, reveló hoy que el Ejército asumirá en breve el comando de las operaciones de seguridad en los complexos do Alemao y da Penha, en esta ciudad, ocupados recientemente. En conferencia de prensa junto al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, el ministro precisó que un oficial del Ejército dirigirá las fuerza de paz unificada, integrada por militares y la policía estadual.
Añadió que los militares tendrán la facultad de patrullar, cachear sospechosos y arrestar en flagrancia, pero no podrán entrar en residencias, mientras los trabajos de búsqueda y detenciones estarán a cargo de policías civiles y militares.
La Aeronáutica y la Marina están listas para apoyar al Ejército con los recursos necesarios, precisó Jobim, quien indicó que las nuevas decisiones se adoptaron en una reunión con el gobernador de Río de Janeiro y publicadas en una directriz ministerial.
Hasta ahora teníamos la misión específica de patrullar y proteger el perímetro de las favelas (barrios pobres) que componen los complexo do Alemao y da Penha. Esos dos conjuntos fueron tomados en operaciones conjuntas de tropas de élite del Ejército y la Policía, el fin de semana anterior.
Esas acciones de combate al narcotráfico en la llamada Ciudad Maravillosa constituyeron la respuesta oficial a una escalada de la violencia por parte de los traficantes, iniciada el 21 de noviembre pasado y ordenada por sus capos para impedir que los detenidos fueran trasladados a cárceles federales en otros estados.
Al destacar el acuerdo de hoy, el titular de Defensa sostuvo que lo importante es que tenemos la plena integración de las autoridades estaduales y federales con sus respectivas fuerzas militares y policiales.
Jobim indicó que no podía señalar cuándo la nueva operación comenzaría ni el número de militares a ser desplegados en esta acción, así como también no existe plazo para concluirla, pese a que Cabral había hablado de mantenerla hasta octubre del año entrante.
La directriz ministerial prevé que cada 30 días se haga una evaluación por el Ministerio de Defensa y por el gobierno de Río de Janeiro sobre la necesidad de continuar las operaciones.