Quito (Pichincha).- El ministro de Justicia, José Serrano, manifestó su profunda preocupación por las actuaciones de algunos jueces que constante y permanentemente responden a intereses corporativos e individuales; esto en torno a  las medidas cautelares que afronta Cervecería Nacional, por ello anunció que el Gobierno iniciará una investigación por el fallo judicial, que, entre otras medidas cautelares, ordenó la suspensión de la venta de dos productos de la principal productora cervecera del país.

A través de una rueda de prensa conjunta, de la que participaron también las ministras de Industrias y Productividad, Verónica Sión, y de Coordinación de la Producción, Nathalie Cely,  el ministro Serrano señaló que en  este caso “se evidencia claramente el manejo e incluso la manipulación de procesos judiciales (…) para beneficiar intereses que deben ser investigados civil y penalmente por parte del sector justicia”.

Por ello, aseguró que como Gobierno realizarán toda clase de esfuerzos en su lucha  “contra cualquier forma de impunidad pero al mismo tiempo exigiremos y reclamaremos en el marco de la autonomía y la independencia  de poderes, que se investigue, juzgue y sancione a los jueces que están cometiendo presumiblemente actos de corrupción”.

Por su parte, la ministra Cely destacó el legítimo derecho de los trabajadores de apelar la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, que dictaminó que no existían elementos para fallar a su favor; sin embargo, dijo que “lo que llama la atención es el abuso de las medidas cautelares”, a las cuales calificó de desproporcionadas.

Asimismo,  insistió en que es importante que se mantenga el debido proceso, que las garantías constitucionales de las empresas sean respetadas y sobre todo que no se mal utilice los casos de defensa de derechos laborales para este tipo de acciones.

Indicó que su preocupación parte desde el pago de impuestos que la Cervecería no podría realizar al Estado ecuatoriano, puesto que la cervecería vende por sobre los $400 millones al año. “El Estado es también uno de los perjudicados de mantenerse  estas actuales condiciones”, señaló.

En segundo lugar, dijo sentir preocupación, por el pago de haberes a los proveedores puesto que  las compras que realiza la Cervecería tiene un impacto en la economía y obviamente estas excesivas medidas cautelares obligan a la empresa a no poder realizar estos pagos.

Nathalie Cely reiteró  que la medida fue tomada por el poder Judicial y  no tiene ninguna relación con el poder Ejecutivo. En este contexto, manifestó que es necesario, para los temas de estabilidad jurídica y clima de negocios, que no sea únicamente el Ejecutivo el que establezca las condiciones adecuadas, como se hizo con el Código de la Producción, sino que el Poder Judicial y todas las funciones lo hagan de la manera adecuada.

Mientras tanto, la ministra de Industrias y Productividad, Verónica Sión, destacó la preocupación de su Cartera por los efectos negativos que produce la situación de Cervecería Nacional, una industria nacional fuertemente proveedora de empleo productivo; se estima que genere aproximadamente  1.700 empleos, que se extienden a 500 mil plazas si se suma toda la cadena de distribución, con impuestos causados que superan los $30 millones. Por ello, “es fundamental el respecto a los derechos de los trabajadores y también de las unidades productivas del país”, enfatizó.