Quito, 13 dic (PL) El gobierno ecuatoriano solicitará al Poder Legislativo calificar el procedimiento de referéndum constitucional para que sea el pueblo quien resuelva los cambios para luchar contra la inseguridad y lograr una transformación integral de la justicia

El Ejecutivo solicitará a corto plazo enmiendas en el texto de Constitucional referente al área judicial como la caducidad de la prisión preventiva y las medidas sustitutivas para la reclusión, entre otras.

Según el ministro ecuatoriano de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, José Serrano, la otra opción es que sea la Asamblea quien discuta las enmiendas constitucionales.

«El Ejecutivo enviará un documento por separado, estableciendo cual es el criterio específico para la enmienda constitucional. Dentro de nuestra perspectiva y de acuerdo con las disposiciones del Presidente Rafael Correa, nosotros planteamos el referéndum», agregó.

No podemos dejar ni un día más en manos de políticos demagógicos y clientelares la lucha contra la inseguridad y la impunidad, precisó Serrano, pues «el mandato del pueblo obligará a actuar al gobierno central y a los gobiernos autónomos».

Aclaró que no se trata de una reforma constitucional porque no se busca modificar las disposiciones constitucionales, sino realizar una sustitución. La Corte Constitucional tiene unos 50 días y luego el Consejo Constitucional tiene 45 días para convocar al referéndum.

Entre los temas que requieren enmienda constitucional están medidas sustitutivas para la reclusión, pues explicó Serrano, los delitos de tráfico de drogas, explotación de personas, violación, entre otros, no pueden estar amparados por estas medidas.

En cuanto a las reformas a la Ley de Seguridad, explicó se está planteando una participación directa de las Fuerzas Armadas en la seguridad integral.

«Consideramos que es necesario permitir que las Fuerzas Armadas tengan una participación permanente y complementaria con la policía nacional».

Como acciones complementarias, anunció, en enero se enviará a la Asamblea Nacional la propuesta del nuevo Código Penal que busca «terminar con la barbaridad de que la justicia se haya convertido en un simple negocio», manifestó.