Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, 15 de diciembre de 2010

Polo DemocráticoDesde el martes 30 de noviembre pasado, cuando las aguas del río Magdalena abrieron un boquete en el Canal del Dique en la vía entre Calamar, Bolívar, y el municipio de Santa Lucía, Atlántico, han venido ingresando 1.500 metros cúbicos por segundo de agua, un ocho por ciento del caudal del principal afluente del mar Caribe, al sur del departamento del Atlántico, anegando cerca de 40.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Santa Lucía, Manatí, Campo de la Cruz, Candelaria, Suan y Repelón, con sus respectivos cascos urbanos, quedando en condición de damnificados más de 120.000 atlanticenses.

Varias organizaciones gremiales y civiles, como la Asociación Agropecuaria del Sur del Atlántico (Agrosur), la Asociación de Ganaderos de Manatí (Asogama), entre otras, han denunciado, con documento en mano, las alertas que habían hecho ante autoridades locales, departamentales y nacionales, como la Gobernación del Atlántico, el Invías y el Ministerio del Transporte exigiendo la atención inmediata en cuanto a rehabilitación, mantenimiento y cimentación de los doce kilómetros entre Calamar y Santa Lucía, tramo en el cual se presentó la ruptura llegando a abrir una grieta de más de 200 metros de longitud. En 1984 se había presentado una acometida del río que también rompió el carreteable y produjo una gran inundación que ocasionó inmensos daños a esta misma región. Al respecto el senador Fuad Char, gobernador del Atlántico en esa época, declaró al periódico El Heraldo del domingo 12 de diciembre de 2010 lo siguiente: “Se pensó que después de la tragedia (de 1984) íbamos a tener la oportunidad de construir una carretera con todas las especificaciones. Pero fíjate, por lo que he podido leer, el pedazo roto en este momento se construyó sin las normas técnicas exigidas en materia de una buena ingeniería. O sea que una vez más se repite la historia por la mala calidad de los trabajos”.

Además de la responsabilidad estatal en la tragedia anunciada dejan mucho que desear las acciones emprendidas para cerrar el boquete. Un asunto de esta naturaleza requiere actuar con inmediatez, pero no había vigías oficiales en el tramo a sabiendas de los informes del Ideam en el sentido de que estábamos atravesando uno de los más crudos inviernos de las últimas décadas y que se prolongaría hasta mediados del año 2011 cuando empataría con el próximo invierno. Además, por la naturaleza del daño se requería una acción enérgica del Estado utilizando la tecnología más avanzada y los medios más modernos, no solo un helicóptero sino una flotilla de ellos, y todos los planchones requeridos, como también colocar todas las canteras de la región a disposición para tapar la rotura a la mayor brevedad.

Hace quince días que sucedió el trágico fenómeno natural sin que se vea solución a corto plazo, a pesar de los esfuerzos que realizan operarios, y el gobierno, impotente en pleno siglo XXI para resolver el problema, decide pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos. Queda muy mal nuestro país, la ingeniería nacional, al declararse en incompetencia la administración Santos, mostrando la marca colonial que le han impuesto a Colombia desde los tiempos aciagos de la pérdida del istmo de Panamá.

LA PRINCIPAL TAREA: ATENCIÓN DIGNA A LA POBLACIÓN

El colapso en el sur del Atlántico es total. Los cascos urbanos inundados son pueblos fantasmas a los que solo se les ve los techos de zinc. La infraestructura educativa, de salud y administrativa está bajo las aguas, lo mismo que las casas de habitación, pequeños comercios y talleres. La tragedia se asemeja a la de Armero, hace 25 años, en cuanto a la imprevisión de las autoridades y los daños a la producción agropecuaria y a la población en general, pero se diferencia en cuanto a las víctimas mortales ya que en la población tolimense fueron sepultadas alrededor de 25.000 personas.

La producción agraria arrasada por completo; en el sector pecuario, con unas 65.000 cabezas de ganado, se calcula una pérdida del 10% (6.500 reses), según funcionarios de la gobernación. No han faltado los avivatos haciendo su agosto, como en el caso de Santa Lucía donde un pequeño ganadero vendió ocho vacas por un millón de pesos. Hay desespero en el gremio por falta de pastos, el cual están teniendo que pagar en zonas altas o en otros municipios después de salvar a sus semovientes de las inclementes aguas.

La situación amerita un tratamiento de urgencia manifiesta en el que las autoridades estén al servicio de la comunidad, brindándole un trato digno en cuanto a albergues decentes, alimentación, elementos de aseo. La situación que se ve en las poblaciones afectadas deja mucho que desear, como los cambuches hechos con plásticos, sin los sanitarios requeridos. O sea, que los damnificados además de haber perdido todo no tienen sosiego.

Las ayudas de la ciudadanía y sectores empresariales tanto en dinero como en especie, que según se ha visto han sido cuantiosas, deben tener una veeduría ciudadana que las vigile y una auditoría de los organismos respectivos de control. Hay denuncias sobre algunos manejos por sectores politiqueros que quieren pescar en río revuelto.

También se debe cumplir lo preceptuado en la Constitución Nacional en cuanto que las autoridades deben velar por la honra, vida y bienes de los asociados, esto en cuanto a que en los pueblos anegados las fuerzas oficiales deben hacer presencia permanente en canoas y lanchas para poner en cintura a elementos descompuestos que quieren llevarse lo poco que quedó dentro de las casas y fincas inundadas.

BRIGADAS DE SALUBRIDAD
La gobernación del Atlántico ha emitido un decreto autorizando a la población en emergencia para incinerar los animales muertos en la zona de desastre; pero más congruente sería que las autoridades organizaran y pagaran brigadas de salubridad con los elementos indispensables para cumplir esa tarea, por cuanto la cantidad de cadáveres de animales es muy grande y debe ser una responsabilidad oficial.

RECUPERACIÓN DE LA REGIÓN
Después de resuelto el problema del boquete vendrá un proceso bastante complejo: la sacada de las aguas, la reconstrucción de las poblaciones, la recuperación de la producción agropecuaria y de las obras de infraestructura. Obviamente los costos deben correr por cuenta del Estado, al cual contribuimos todos los ciudadanos, mucho más los sectores populares a través de los impuestos indirectos como el IVA, del cual nadie se salva, ni el ciudadano más paupérrimo.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha dicho que para atender el desastre nacional ocasionado por el invierno se necesitan más de diez billones de pesos, para lo cual aprobó la emergencia económica, social y ambiental. Asimismo están preparando los decretos sobre las fuentes de financiación de la reconstrucción, que seguramente provendrán de varios impuestos. Pero es bueno advertir que el pueblo colombiano no está en capacidad de sufragar más cargas impositivas porque las actuales son insoportables. Los recursos hay que buscarlos por otros lados, por ejemplo un recorte al servicio de la deuda pública que para el año 2011 tiene un monto de alrededor de 38 billones de pesos, o también una emisión monetaria, como lo hacen otros países, pero en Colombia el Banco de la República, el que emite la moneda, no lo puede hacer porque es dizque autónomo del gobierno, mas no del Banco Mundial. Otra fuente que hay que tener en cuenta son las cuantiosas riquezas sociales concentradas en los potentados del país, el sector financiero y las compañías trasnacionales que son los únicos que muestran exorbitantes utilidades provenientes de los recursos naturales y de la explotación de la fuerza laboral que percibe salarios de hambre.

El sector agropecuario es uno de los más golpeados por estás inundaciones, sin que le quepa ninguna responsabilidad en la misma, por lo que se justifica lo que ha estado exigiendo en cuanto a que le sea condonada la deuda ya que los pequeños y medianos productores del agro han quedado en la ruina, sin ninguna capacidad de pago; por lo que se requiere todo un programa de reconstrucción agraria que contemple, además de la condonación, créditos suficientes, oportunos y baratos con periodos amplios de gracia; asistencia técnica gratuita, precios de sustentación de sus productos, control a los precios de los insumos, no importación de alimentos que se produzcan internamente.

Se comprueba una vez más que las tragedias que padece la sociedad, como el cambio climático que produce fenómenos como los que estamos observando, no obedecen al desarrollo de las fuerzas productivas y del progreso sino al modelo económico y social que le vienen imponiendo a estos países, principalmente en las últimas dos décadas. Carece de razón el ministro del Transporte, Germán Cardona, quien orondo vino al Atlántico a pontificar que “Desafortunadamente mientras se espera que las aguas bajen, los pueblos continuarán inundándose… este es un fenómeno natural que supera cualquier presupuesto mientras no controlemos el nivel de las aguas y sobre todo la velocidad de ellas”. Agregó que “Hay recursos, hay voluntad, pero ante la fuerza de la naturaleza somos incapaces.” (El Heraldo, 5 de diciembre de 2010)

Es necesario luchar por un sistema económico que beneficie a toda la humanidad y no solo a unos privilegiados que solo les interesa las máximas ganancias, la codicia y el consumismo desenfrenado que no tienen en cuenta la naturaleza sino para depredarla, ocasionando graves daños al medio ambiente, tal como lo estamos lamentando hoy. Mirando las condiciones de pobreza de los damnificados del sur del Atlántico nos demuestra que estas tragedias tienen más causas sociales que naturales.