Le escribo para desearle una feliz navidad y un 2011 excelente, así como para compartir con usted algunas ideas y preocupaciones.

Agosto trajo buenas noticias porque, a pesar de las prevenciones que muchos teníamos, el nuevo gobierno le puso coto a la polarización política, estableció relaciones constructivas con el poder judicial e impulsó una agenda legislativa progresista. Esa agenda no llena, claro está, las aspiraciones de la izquierda ni del centro izquierda, pero representa un cambio positivo respecto a la del gobierno anterior.

Esos motivos de optimismo se empañaron pronto: en noviembre llegó la tragedia invernal y aparecieron nuevos escándalos de mega corrupción contractual en el Distrito.

Desde la esquina de Bogotá, es evidente que las catástrofes causadas por el invierno son obra de los seres humanos.

En esta capital arborizamos los cerros con especies foráneas, que dejan los suelos como un tejado incapaz de retener agua, pavimentamos las áreas verdes entre las urbanizaciones, por donde se reabastecían los acuíferos subterráneos, acabamos con las rondas de los ríos y quebradas (los cráteres de la minería se devoraron la del Tunjuelo) y asfixiamos los humedales que amortiguaban las crecientes –en el último medio siglo su área se redujo de 50.000 hectáreas a menos de 700–.

Todo el sistema natural de retención y liberación gradual del agua de los inviernos se desmanteló. Lo reemplazó una bandeja de cemento de 40 mil hectáreas que inyecta las lluvias en el alcantarillado hasta la cloaca del Río Bogotá. Las refuerza el agua de Chingaza, que pertenece a la cuenca del Orinoco y que el acueducto trasvasa a la del Magdalena.

En las inundaciones de Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, Bogotá pone, tristemente, su cuota. La agenda ambiental de esta capital tiene una factura por pagar a esas regiones del país.

El tema de la corrupción cobró actualidad por el informe final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital, las revelaciones de Miguel Nule a los medios de comunicación y la divulgación de conversaciones telefónicas adicionales entre él y el representante Germán Olano, que comprometen directamente al alcalde Samuel Moreno y a su hermano, el senador Iván Moreno.

Las denuncias sobre corrupción contractual son, de por sí, muy preocupantes, pero casi tan inquietante como ellas es la falta de una reacción adecuada de parte del alcalde y de sus colaboradores, así como de las autoridades del partido que lo postuló, el PDA.

Nadie esperaba que la dirección del Polo le quitara el respaldo a Samuel Moreno apenas divulgado el informe de la Comisión de Seguimiento a la Contratación, y antes de que se pronunciara la Comisión de Ética del Partido. Pero ha podido señalarle al alcalde o éste ha debido concluir por sí mismo, que es urgente adoptar un itinerario de acción frente a la crisis de credibilidad y de confianza en que está sumida la administración.

Ese itinerario debe contener, por lo menos, cuatro puntos, a saber:

1. Crear un comité como el propuesto por Gustavo Petro para hacer un diagnóstico de la corrupción contractual e impulsar una agenda de medidas contra ella.

2. Conformar comisiones con personas de gran idoneidad técnica y ética para proteger la transparencia de las grandes licitaciones que están en camino (construcción del metro, recolección de basura, recaudo del efectivo del Sistema Integrado de Transporte, modernización de la semaforización, construcción de hospitales, telemedicina…). El ministro de transporte ha propuesto ese tipo de mecanismos para blindar la contratación de las grandes obras nacionales de infraestructura vial.

3. Hacer pública la destinación que se le dará a grandes partidas presupuestales que son de manejo discrecional de la Alcaldía y la Secretaría General de la Alcaldía.

4. Pedir públicamente perdón por la falta de actividad de la administración en la lucha contra la corrupción. Sería iluso esperar que el alcalde se auto incriminara aceptando una responsabilidad por acción en la materia, pero reconocer una conducta omisiva sería un paso en la dirección correcta –vale recordar que hasta el presidente Uribe reconoció, a instancias del presidente de la Comisión Nacional de Reparación, fallas por omisión en relación con los derechos humanos–.

Las últimas medidas adoptadas por los organismos de control, como el embargo de bienes del alcalde decretado por la Contraloría General, y las que al parecer están a punto de ser expedidas por la Procuraduría, hacen más urgente la necesidad de que el gobierno distrital adopte una agenda de acción como la propuesta. Y no tanto porque eso salve al alcalde y a su hermano, sino porque pondría a la administración en la senda de salir de la hoya de las irregularidades y la corrupción contractual y evitaría pérdidas mayores de recursos públicos.

Con un cordial saludo,

Carlos Vicente de Roux R.
Concejal

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