Bogotá
Las políticas salariales de empresarios y gobierno en Colombia definitivamente están orientadas a mantener y profundizar la desigualdad social, el hambre y la pobreza. Mientras desde la Vicepresidencia se pretende engañar a los trabajadores con un supuesto distanciamiento de esas políticas de injusticia social , el ministerio de transporte anuncia el aumento en un 5 por ciento de las tarifas de los peajes del INVIAS a partir del 16 de enero 2011 aplicado a las 44 casetas de las principales vías concesionadas al capital privado en el país, aumento que irán hasta el 8 por ciento por encima del nivel de inflación y reajuste salarial ordenado por el gobierno de J. M. Santos. Es un nuevo acto terrorista y criminal del gobierno que desencadenarán incontenibles alzas en transporte y todos los productos de la canasta familiar.
Era inminente el fracaso de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, “concertación salarial” que no era más que un circo, un juego sucio contra la clase trabajadora colombina al que desafortunadamente se prestan con descaro algunos seudo sindicalistas al servicio del gran capital, espacio en el que la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Confederación de Pensionados de Colombia CPC, en su debido momento y en actitud patriótica y consecuente desenmascararon la falta de voluntad política de empresarios y gobierno nacional.
Todo indica que desde el gobierno se decretará a más tardar el jueves 30 de diciembre el incremento del salario mínimo, lo que se espera es un reajuste pírrico y miserable que de ninguna manera significará solventar las principales necesidades de los trabajadores, frente a las nuevas oleadas alcistas de enero ante las cuales el ejecutivo nacional nada hace para contrarrestar.
Según la CUT y la CPC los pedidos de las centrales obreras y los pensionados no tuvieron la más mínima receptividad en los representantes del empresariado y el Gobierno Nacional. Ambos siguen considerando los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores una talanquera para la creación de empleos y el establecimiento de nuevas empresas y de esta manera los primeros proponen un miserable ajuste del 3% y los supuestos mediadores del Gobierno el 2.5% y reafirman el recorte salarial aprobado para los trabajadores del estado en la Ley del Presupuesto de 2011, del 2% ponderado. Además se niegan a considerar los demás puntos del petitorio. Sostienen los dirigentes de la CUT y CPC que la reactivación de nuestra economía, la creación de empleos estables y de calidad está íntimamente ligada a la protección y ensanche de nuestro mercado interno, al aumento de la capacidad de consumo de los colombianos, a la eliminación de la informalidad y el rebusque. En definitiva a la reversión del modelo neoliberal, a la prohibición de la importación de mercancías y productos que podemos elaborar en Colombia. Ni la minería, ni el petróleo, ni los agro combustibles contribuirán a crear los empleos que el país demanda y lo que gobierno y empresarios pretenden es que la CUT y la CPC le avalemos en la Comisión Nacional de Concertación su despropósito de ahondar en la aplicación de las políticas neoliberales.
Así las cosas el panorama para la mayoría de los colombianos será desolador en 2011 ya que a eso se le suma las consecuencias sociales y económicas del desastre por las inundaciones en amplias regiones que aún no termina. Corresponde a las fuerzas políticas como el partido Comunista, Polo Democrático, centrales sindicales, Gran Coalición Democrática, movimientos comunales y organizaciones sociales, culturales, campesinas e indígenas vincularse desde ya a la preparación de amplias movilizaciones en el nuevo año que permitan confrontar esas políticas aupadas desde la Casa de Nariño y proponer con la CUT y la CPC la congelación de los productos de la canasta básica familiar y los costos académicos en la educación, derogatoria del cobro de los combustibles a precios internacionales y ejercer control a los demás insumos del transporte. también proponer la congelación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, ya que estos no tienen un real control del Estado. La Procuraduría y la Defensoría, también lo han solicitado y la aplicación obligatoria del salario legal a todos los trabajadores colombianos, incluidos los del área rural y con prestaciones sociales.
Compartimos con la CUT y la CPC que el incremento del salario mínimo legal mensual no puede ser inferior al 12%, por toda la situación de pérdida del valor adquisitivo y de capacidad de compra de los colombianos, como verdadero impulso de la reactivación económica y de ampliación del mercado interno. Tal como lo sustenta el Doctor Eduardo Sarmiento Palacio en su columna del Espectador del pasado domingo 12 de Diciembre. Entre otros puntos y exigencias del movimiento popular colombiano como la búsqueda de una salida política negociada a la guerra interna y un acuerdo humanitario para la liberación de los retenidos por las FARC y todos los presos políticos, serán las principales banderas que guiarán las batallas que nos esperan en el nuevo año.
COLAREBO 