Insulza, en consonancia con el discurso que esgrimió el pasado jueves el subsecretario adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, calificó a la norma como “completamente contraria” a la Carta Democrática Interamericana.

En la entrevista a AP, el funcionario dijo incluso que utilizaría su posición como secretario general para plantear el tema sobre Venezuela, aunque ningún Estado miembro de esa organización haya hecho una solicitud formal al respecto.

“Lo preocupante en este caso es que los parlamentarios que se fueron limitaron las facultades del poder legislativo por 18 meses. Creo que ese no es un mecanismo válido en la democracia”, aseveró Insulza, quien parece desconocer que el piso jurídico de la Ley Habilitante es el artículo 203 de la Constitución venezolana.

La Carta Magna de Venezuela establece en ese artículo que ese tipo de normas son “sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República con rango y valor de ley”.

Antes de la aprobación de la Habilitante, el Mandatario Nacional fue enfático al afirmar que necesitaba las atribuciones especiales “que me da la Constitución, para hacer, a partir de los próximos días, leyes especiales para enfrentar la emergencia”.

No es la primera vez que el Parlamento venezolano aprueba una Habilitante. Incluso, durante los años de la cuarta República, el antiguo Congreso facultó a presidentes como Jaime Lusinchi (en 1984) y a Carlos Andrés Pérez (en 1974) para legislar por decreto mediante este mecanismo contemplado también en la anterior Constitución de 1961.

Sin embargo, para Insulza “la solución es simple: que el nuevo Congreso pueda discutir a fondo el tema de la Ley Habilitante y pueda pronunciarse sobre ella”.

La aprobación de la Habilitante fue realizada por la anterior Asamblea Nacional, que tenía plena potestad de la Constitución Bolivariana para tal acción.

La derecha venezolana ha intentado desconocer el instrumento legal e informó que sus voceros viajarían a Washington para reunirse con senadores republicanos y el secretario general de la OEA.