Prensa Latina

La Asamblea Nacional de Nicaragua renovará hoy la composición de su Junta Directiva, pero se espera que el sandinista René Núñez continúe al frente del Legislativo que conduce desde enero de 2007.

Al parecer las diversas fuerzas políticas que componen el Hemiciclo han llegado a consenso para que Núñez se mantenga por un año más como presidente del Parlamento, que será renovado en las elecciones generales previstas para el 6 de noviembre próximo.

Algunos cambios de nombres trascendieron en los últimos días, aunque en lo esencial, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) conservarán entre ambos una presencia predominante en la Junta Directiva, compuesta por siete diputados.

Medios de prensa aseguraron, por su parte, que los minoritarios Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Bancada por la Unidad Nicaragüense (BUN) lograrán colocar también al menos un diputado percápita en esa instancia.

Ese no parece ser el caso de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), vinculada al banquero y diputado opositor Eduardo Montealegre, que no contará con representante alguno en la Junta Directiva, de acuerdo con las mismas fuentes.

La elección de los integrantes de la Junta Directiva requiere del voto favorable de 47 de los 92 diputados que componen la Asamblea Nacional, de los cuales 38 son sandinistas, 20 del PLC, 12 de la BDN, siete de la ALN, seis del BUN, cuatro disidentes sandinistas y cinco independientes.

De acuerdo con declaraciones formuladas el pasado jueves por Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista en el Parlamento, el país necesita un Poder Legislativo que promueva el debate y apruebe leyes de ayuda social, y que no esté sujeta al boicot opositor, como ocurrió el pasado año.

Tener una Asamblea Nacional estable significa para Castro, tener un Poder Legislativo y diputados que laboren todos los días y que aprueben leyes dirigidas a favorecer a la población.

Como consecuencia de las acciones opositoras, aún está pendiente la elección de una veintena de magistrados y altos funcionarios de los principales poderes del Estado cuyos mandatos ya vencieron.

Sin embargo se mantienen en sus cargos en virtud de un decreto presidencial y de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto sean ratificados o sustituidos por la propia Asamblea.