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Por orden judicial, el Departamento de Estado de Estados Unidos deberá pronunciarse a más tardar el próximo 11 de febrero sobre el pedido de inmunidad del Gobierno colombiano para el expresidente Uribe.

El juez federal del Distrito de Columbia, John D. Bates dio plazo hasta el 11 de febrero para que el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronuncie frente a la petición de inmunidad que hizo el apoderado del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, quien fue citado a declarar en un proceso que se adelanta a la empresa Drummond.

El juez que adelanta el proceso contra la multinacional Drummond por sus presuntos nexos con paramilitares envió el escrito el lunes. Ese mismo día, el abogado demandante Terrence Collingworth presentó un recurso ante Bates, alegando que sus clientes desean el testimonio de Uribe para «reunir evidencia sobre su apoyo ilegal (el de la empresa) y colaboración» con un grupo paramilitar presuntamente responsable de decenas de asesinatos en Colombia.

Collingworth sostuvo que el tema es «extremadamente importante porque los demandantes alegan que Drummond contrató a las Auc para perpetrar asesinatos extrajudiciales y torturas con el objeto de sacar la guerrilla de las áreas en Colombia donde la compañía opera una mina y una línea ferroviaria».

Hay jurisprudencia
Uribe había sido citado a declarar en el proceso el 22 de noviembre del año pasado, pero se negó y contrató los servicios de Gregory Craig, exasesor jurídico de la Casa Blanca.

El defensor presentó el pasado 4 de enero una petición al juez Bates para respetar la dignidad de su apoderado como expresidente. De acuerdo con Jaime Granados, abogado de Uribe en Colombia, esta solicitud tiene todo el peso jurídico para que sea aprobada sin demoras por el Departamento de Estado pues existe una jurisprudencia muy clara que aplica en esos casos.

«Se trata de la doctrina de la inmunidad soberana, que además no es nueva, se usa en casi todo el mundo occidental desde el siglo XIX y evita que jefes de estado puedan ser demandados civil o penalmente ante cualquier tribunal de Estados Unidos. La única excepción que aplica en ese país es cuando hay un proceso de desaforamiento de dicho presidente y esa solicitud se tramita ante el Congreso. La doctrina aplica en el caso de gobernantes o exgobernantes extranjeros».

Para Granados, el hecho de que el expresidente Uribe viaje a E.U. con pasaporte diplomático le permite gozar de las prerrogativas de su estatus diplomático. «Además, en el caso de él, incluye la inmunidad específica que es la de haber sido Jefe de Estado durante ocho años».

El jurista reiteró que estas prerrogativas aplican para cualquier otro gobernante o exgobernante y no es exclusiva para el expresidente Uribe.

Puede extenderse
Granados confía en que la inmunidad se extienda después del 11 de febrero pues el caso se refiere a situaciones sobre las que él tuvo conocimiento cuando fue Jefe de Estado. «El juez seguramente va a aplicar la doctrina que es de vieja data que se ha usado muchas veces y va a declinar la declaración del expresidente», concluyó.

Luego de solicitar que se respete la inmunidad para Uribe mediante un documento de 38 páginas, el abogado defensor Gregory Craig afirmó que el ánimo de los demandantes con la citación a declarar del expresidente Uribe, es el de «generar publicidad y agravar más el volátil clima político en torno al caso».

Craig asegura que la corte federal en Washington «carece de jurisdicción para exigir el testimonio de Uribe».

R.M