Bolívar soy yo Fantasmas de la independencia

 

La cama del Libertador aún se destiende por las noches, su cuerpo todavía recibe heridas en combate, sus palabras siguen resonando en los televisores. El fantasma de Bolívar y sus múltiples reencarnaciones continúan rondando la América que el autor comienza a recorrer en esta crónica, la primera de una serie de seis dedicada a las sombras contemporáneas del caudillo.

A Colombia lo encontraron a un lado del camino que lleva al mar, en una platanera, con los brazos levantados, como pidiendo auxilio. A nadie le extrañó su muerte porque él mismo ya la había anunciado, y hasta había dicho quién iba a cometerla. Cinco meses y 18 días antes el Estado le había devuelto las 38 hectáreas de tierra que los paramilitares le robaron a su padre en la vereda El Tigre, del municipio de Turbo, en el Golfo de Urabá, una de las zonas agrícolas más importantes del país. Aquél fue un día de gozo.

Él y su familia, acompañados por unas cuarenta personas, caminaron hasta el predio devuelto, a tres horas de camino del casco urbano, y tomaron posesión entre abrazos, canciones y un sancocho de gallina que alcanzó para todos. Era tanta la alegría que ya nadie se acordó de las amenazas de Jairo Humberto Echeverry Bedoya, el terrateniente de la zona, dueño de mil hectáreas de campo en la parte oriental del golfo. El hombre les había salido al paso y les advirtió que si insistían en llegar hasta el predio devuelto, uno que él contaba como suyo, “no respondía”. Y también dijo: “Si suben los amarro”.

Ya tarde en la noche, en medio de la celebración, bajo un cielo de estrellas amontonadas y cocuyos titilando entre el pasto, con el resplandor del mar allá muy lejos, Colombia les mostró el lugar donde los paramilitares fusilaron a su padre y a su hermano. Él logró escaparse y ya nunca más volvió, hasta esa noche, trece años después. El gobierno acababa de entregarle un documento a Colombia en el que aparecía su nombre: Albeiro Valdez Martínez. Era el acta de restitución y él feliz se la mostraba a todos como si fuera un diploma de graduación.

En el papel, el Estado se comprometía a “acompañar a su familia en el restablecimiento de sus derechos, así como a prevenir nuevos hechos violentos”. Era letra muerta. El documento lo firmaban altos funcionarios del gobierno y las firmas de algunos de ellos se ven como autógrafos de futbolistas, con trazos amplios, presumidos, inútiles. Una tarde, apenas días después de volver a su tierra, dos hombres armados tocaron a la puerta de Colombia. Le dijeron que su casa ya tenía dueño, que no se hiciera matar. Se identificaron como miembros de las temidas Águilas Negras, uno de tantos ejércitos irregulares al servicio de los narcotraficantes del país. En total, 1.400 familias, unas 7.000 personas, están esperando la devolución de sus parcelas en Urabá. Hasta ahora solo 70 predios, de más de 1.000 que se calculan en poder de testaferros mafiosos, han sido regresados a sus legítimos propietarios. Pero la devolución no es garantía de nada. Fue el caso de Colombia.

Después de la visita de los dos hombres armados, el campesino logró que Francisco Santos, el vicepresidente de la República, lo escuchara en audiencia. Aquello fue una especie de cónclave en una oficina estatal, durante una entrega de asistencia a familias pobres de Urabá. Allí, en presencia de otros altos funcionarios del gobierno, a Santos se le ocurrió que hablaran con el terrateniente acusado de las amenazas y le advirtieran que nada podía pasarle a Colombia. Lo dijo así, muy decidido, mientras se acomodaba el peinado. Entonces lo llamaron desde el celular de un coronel del Ejército y pusieron el teléfono en altavoz. “Cuidado le ocurre alguna cosa a este campesino porque eso sería muy grave”, le dijo el oficial en presencia de todos. Echeverry Bedoya, advertido de que allí estaba el mismísimo vicepresidente de la República y otros tantos funcionarios, saludó a los asistentes con educación y dijo que no había de qué preocuparse. Pero Colombia no quedó tranquilo y al final de la reunión exigió que le dieran protección, entonces accedieron a hacerle un estudio de riesgo para saber si le asignaban escoltas. Tres semanas más tarde concluyeron que su nivel de peligro era “ordinario”, el mismo de un vendedor de periódicos.

El 10 de mayo de 2010, cinco meses y 18 días después de que el Estado le devolviera las 38 hectáreas de tierra que los paramilitares le quitaran a su padre asesinado, Albeiro Valdez Martínez fue hallado muerto. Se sabe que horas antes el campesino asistió a una reunión con las Águilas Negras en zona rural de Turbo, lugar al que fue citado para que explicara sus nexos con supuestas organizaciones defensoras de derechos humanos. A sus vecinos les dolió la noticia, pero nadie se mostró sorprendido. Ni siquiera con todo lo que pasó después.

En el acta del hallazgo del cadáver, los peritos de la policía afirmaron que las características del cuerpo, tirado a un lado del camino, con signos de arrastre y golpes en brazos, cabeza y espalda, permitían establecer que la causa de su muerte era violenta. Sin embargo, el médico legista que firmó el certificado de defunción, como muerte violenta, horas después cambió su dictamen por muerte natural. Aún faltaba una última agresión.

El 25 de junio de 2010, luego de una visita al predio, “y tras constatar que no se encontraba nadie allí ni quien opusiera resistencia”, una comisión oficial entregó las 35 hectáreas a un nuevo propietario a partir de la fecha: el terrateniente Jairo Humberto Echeverry Bedoya.

Apenas unos días antes de morir, con el único dinero que logró juntar por la venta de su vajilla de plata, Simón Bolívar, libertador de cinco naciones, abrumado por la soledad, triste, sucio de sangre en la boca y en sus sábanas, se anticipó al desconsuelo: “He arado en el mar”, dicen que dijo. Cualquiera que pase hoy en día por el cementerio de Turbo puede sentir la misma desesperación, el mismo desengaño que sintió el Libertador en sus últimas horas:

Albeiro Valdez Martínez fue enterrado sobre las tumbas de su padre y su hermano también asesinados. Como casi nadie lo conocía por el nombre, los familiares escribieron su apodo sobre el cemento fresco para que todos estuvieran seguros de que ahí, a trescientos pasos del mar, por decisión de los hombres y no de dios, yace Colombia.

Yolanda Vanegas acaba de tomarse una foto al lado de Hugo Chávez, en la última visita del presidente a la Quinta de San Pedro Alejandrino. En su álbum familiar se ven mandatarios famosos, no todos ilustres, admite ella, y algunos tan viejos que quizás ya nunca regresen. “Es que a las únicas que no les salen arrugas es a las estatuas”, suspira la mujer que tiene por misión diaria tender la cama del Héroe Americano. Nada tan cierto. Años después, con bastantes arrugas de más, tras cumplir su condena por narcotráfico, el Simón Bolívar de la televisión retomó su carrera y poco a poco logró que lo volvieran a incluir en novelas y seriados. Una de sus apariciones más recientes fue en El cartel de los sapos, una serie sobre carteles mafiosos en la que hizo el papel de otro venezolano, esta vez de Primo, un narcotraficante de Caracas que viste trajes de Armani y Hugo Boss y habla con voz de prócer.

Luis Fernando Montoya, más viejo que el Libertador, a una edad que nunca alcanzó el Padre de la Patria, también fue contratado para protagonizar otra de nuestras épicas de la vida real: la del congresista Luis Eladio Pérez, liberado en la célebre Operación Jaque junto con la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas norteamericanos y once miembros de las fuerzas militares de Colombia. A una de sus hijas la escogieron para el papel de Mélanie, la hija de la ex candidata presidencial. Nadie puede decir que la nuestra no es una realidad de película. Fin

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