Honduras.- El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras rechazó este miércoles por medio de un comunicado la reforma constitucional aprobada por el Parlamento de ese país el pasado 12 de enero, pues busca darle un rostro democrático al régimen de Porfirio Lobo y legaliza el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya.

En el texto, el organismo expresó que con estas modificaciones al artículo cinco de la Carta Magna hondureña, no sólo “se intenta dar un rostro de apertura y democracia al régimen de facto”, de Porfirio Lobo, sino que además “se da una aceptación total de la ilegalidad del golpe de Estado contra el gobierno democrático del presidente Manuel Zelaya”.

Sin embargo, el FNRP destaca que “la campaña propagandística que muestra las reformas como un éxito de la participación, oculta las restricciones con que se llevarían a cabo las propuestas del pueblo”, y agrega que también “omite los fraudes que podrán montar si se utiliza la misma estructura corrupta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la consulta popular”.

Ante este panorama, el organismo indicó que seguirá luchando para establecer cambios verdaderamente profundos basados en la voluntad irrestricta del pueblo y “que vayan más allá de reformas o voluntades temporales que puedan ser revertidas por la misma clase social que impuso una dictadura”.

“Esa lucha es un reclamo irrenunciable que avanza con el respaldo de la gran mayoría de la población y se plantea como única posibilidad para la instauración de un pacto social que permita las transformaciones estructurales que requiere nuestra sociedad en crisis”, añade el texto.

Por otro lado, en el comunicado también se crítica la propuesta de las llamadas “ciudades modelos”, que el Parlamento hondureño está debatiendo y que aunque el Gobierno de facto propone como una “extensión de la democracia territorial”; el FNRP califica como pequeños enclaves o ciudades-Estados empresariales cuya soberanía será vendida a compañías extranjeras.

“(Las ciudades modelo) Representan los planes de la expansión del imperialismo sobre los estados fallidos, con lo que (las actuales autoridades) entregarían la soberanía nacional al capital extranjero”; manifestó el FNRP.

En este sentido, el subcoordinador del movimiento de resistencia, Juan Barahona, anunció este miércoles que para el próximo 27 de enero se pautó una manifestación en contra del Gobierno de Facto de Porifio Lobo, que para esa fecha cumple un año de mandato en el que se han incrementado las muertes y las violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.).

Barahona también insistió en que el pueblo hondureño “no quiere reformas”, sino que quiere se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una Nueva Constitución y “refundar el Estado hondureño”.

El Parlamento de Honduras aprobó el pasado 12 de enero una reforma a varios artículos de la la Constitución. El más polémico fue el cambio hecho en el  artículo 5 de la Constitución Nacional, que ahora permite la realización de referendos y plebiscitos sin restricciones.

En entrevista para teleSUR, el ex presidente Manuel Zelaya afirmó que con la polémica aprobación de la reforma constitucional en Honduras, el Congreso de ese país al final reconoció que era legal la consulta popular que se intentó realizar en 2009, que sirvió como puente para sacarlo del poder a través de un golpe de Estado.

El ex mandatario dijo que el Congreso “está reconociendo que las consultas abiertas al pueblo (en 2009), son constitucionales y son legales. Se está reconociendo la soberanía popular”.

El móvil del golpe de Estado el 28 de junio de 2009 fue una consulta no vinculante que Zelaya pretendía aplicar el día de las elecciones regionales en Honduras, para preguntar si se estaba de acuerdo que en los comicios generales de noviembre de 2009 se incluyera una cuarta urna, en la que, a su vez, el pueblo contestaría si estaba o no de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Los opositores a su Gobierno, argumentaron que la verdadera intención de Zelaya era modificar la Constitución para incluir la reelección continua.

“La encuesta que yo estaba impulsando y la cuarta urna para colocarla en las elecciones (de junio de 2009) fueron utilizados como argumentos espurios para dar el golpe de Estado”, recordó Zelaya.

En enero de 2010, Porfirio Lobo asumió el mando de un Estado con problemas económicos, diplomáticos y con la comunidad internacional en su contra, además de las constantes violaciones a los derechos humanos.

A esto se le sumó el incremento de la inseguridad, la violencia y persecuciones políticas denunciadas por diferentes sectores del país.

El pasado 3 de noviembre un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante y después del golpe de Estado, siguen impunes.

Ante la problemática hondureña, son más las voces que reclaman un cambio en el sistema político, para que pueda garantizar el respeto a los derechos fundamentales como la vida y la libertad de expresión. /TELESUR-agencias