Oficial kaibil podría ser enjuiciado en Canadá por crímenes de guerra

La detención del ex kaibil Jorge Vinicio Orantes Sosa ha causado controversia en Canadá, tanto a nivel migratorio como judicial. En lo migratorio, una ex diplomática Guatemalteca ha pedido a Canadá revisar las políticas bajo las cuales otorga ciudadanías, para evitar que criminales de guerra se conviertan en canadienses. En lo judicial, el Centro Canadiense por la Justicia Internacional ha pedido negar la solicitud de extradición presentada por EEUU, para que el guatemalteco pueda ser enjuiciado por crímenes de guerra en Canadá.

OTTAWA.- El gobierno federal debería revisar y modificar el criterio bajo el cual se otorgan ciudadanías canadienses, pidió una ex diplomática centroamericana que trabajó por varios años en Canadá. Esto debido al caso de un guatemalteco-canadiense que ha sido detenido esta semana en Alberta por crímenes de guerra cometidos en Guatemala hace casi 30 años.

Autoridades detuvieron el martes, en una pequeña localidad de Alberta, a Jorge Vinicio Orantes Sosa, un guatemalteco sospechoso de participar en la masacre de Las Dos Erres, ocurrida en el Petén guatemalteco a principios de la década de los años ochenta.

El sospechoso se encuentra detenido en Calgary, donde espera un juicio de extradición a EEUU. Solo uno de los 252 habitantes de Las Dos Erres sobrevivió a la matanza ocurrida entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, en esta comunidad ubicada en el municipio de La Libertad.

Un portavoz policial de la localidad de Lethbridge, en la provincia de Alberta y donde se realizó el arresto, confirmó la detención de Sosa, de 52 años de edad, aunque no pudo proporcionar más detalles.
Medios de comunicación han señalado que Sosa posee también las nacionalidades canadiense y estadounidense.

La detención de Sosa había sido solicitada por las autoridades de Estados Unidos que le acusan de mentir al solicitar la nacionalidad de ese país.
Sosa está acusado en EEUU por presentar declaraciones falsas en su solicitud de naturalización y por procurar ilegalmente una ciudadanía o naturalización.

Sosa es buscado también por las autoridades de Guatemala por participar en el ataque a la mencionada villa, donde 251 hombres, mujeres y niños fueron masacrados.

“Creo que Canadá debe pensar cuál es su postura en este asunto” declaró Carmen Aguilera, abogada guatemalteca que sirvió por varios años como cónsul en Calgary.

“No estoy segura cómo obtuvo sus papeles, pero deberían realmente investigar cómo recibió su ciudadanía” prosiguió.
“Estaba conmocionada porque los criminales de guerra siempre encuentran la manera de meterse a Canadá y la gente que viene a este país mediante procedimientos ilegales tiene que esperar alrededor de 9 años para recibir todos sus papeles” añadió.

Sosa fue presentado ante la Corte de Calgary ayer jueves por la mañana.
Sosa, es acusado de haber sido el comandante de las tropas que cometieron la masacre de las Dos Erres, uno de los peores capítulos en la violenta historia de América Latina.

Manuel Sosa, sobrino del acusado, dijo desde Lethbridge Alberta que la familia entera está en estado de shock.
“Solo queremos que la gente sepa que es una buena persona, esperamos lo mejor”.

En cuanto a la extradición, es probable que ésta no se dé, dado que el Centro Canadiense por la Justicia Internacional está luchando contra ella. El centro alega que Canadá cuenta con leyes para perseguir a los criminales de Guerra, por lo que Sosa debería ser juzgado aquí.

La masacre de Dos Erres

A finales de los años 70 el movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) inició labores subversivas en el departamento de Petén. Ante la amenaza guerrillera, el Ejército estableció un programa de adoctrinamiento de la población.

El programa militar incluía la ‘jura a la bandera’, que consistía en que las personas pasaban bajo la bandera nacional y hacían un juramento de fidelidad. La guerrilla, por su lado, hacía el trabajo de penetración en las diversas comunidades localizadas al noroeste del departamento de Petén, cerca de la frontera con México.

Bajo estas circunstancias la población civil ya no podía desarrollar sus actividades en un ambiente de paz.
El Ejército inició un control sistemático de la población. Muchos civiles fueron acusados de pertenecer a la guerrilla y posteriormente secuestrados, algunos aparecieron con vida; otros asesinados.
En el año 1982 se construyó el destacamento militar en la aldea Las Cruces (aledaña a Dos Erres), jurisdicción del municipio de La Libertad, y la consigna del Ejército fue: ‘Si no se construye un destacamento militar, quemamos la aldea’. Los militares reunieron a los pobladores de Las Cruces y les solicitaron dinero.
Al que no tenía, lo obligaban a vender alguna de sus pertenencias bajo amenazas de muerte.
La presencia militar se mantuvo durante siete años en el destacamento de Las Cruces.
Durante ese tiempo se reportaron muertes violentas y se instituyó con frecuencia el Estado de Sitio. Los habitantes estaban constantemente controlados y vigilados por comisionados militares. En ese entonces ya existían las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las cuales colaboraban con los comisionados y destacamentos militares.
En 1982 el general José Efraín Ríos Montt tomó el poder e inició su política contrainsurgente en las comunidades donde la guerrilla, presuntamente, tenía presencia. En mayo de 1982, tres meses después del golpe de Estado que llevó al poder a Ríos Montt, los obispos guatemaltecos emitieron una declaración denunciando la muerte de ‘un gran número de campesinos y familias indígenas’.

Los obispos expresaron: “… han aparecido numerosas familias vilmente asesinadas. Ni siquiera se ha respetado la vida de ancianos, mujeres encinta y niños inocentes. Jamás en nuestra historia nacional se ha llegado a extremos tan graves”.
Los asesinatos masivos y la total destrucción de aldeas y cosechas infundió el terror en el campo.
La estrategia, descrita a menudo como la política de ‘tierra arrasada’ se tradujo en violaciones de derechos humanos de extrema magnitud.
A esta política no escapó el parcelanilento Dos Erres. La noche del 6 de diciembre de 1982 un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a la aldea y sacó de sus hogares a hombres, mujeres y niños. Los caminos fueron cerrados y todo aquel poblador que transitara por los mismos, también pasó a ser capturado. La comunidad entera fue masacrada. No se sabe con exactitud cuántas personas perecieron, pero en la exhumación, realizada entre 1994 y 1995 de un pozo de 12 metros se recuperaron 162 esqueletos, entre hombres, mujeres y niños.
Se dice que la patrulla, conformada por oficiales y subinstructores kaibiles, con el apoyo de tropa local, salió de Santa Elena como a las diez de la noche, en camiones particulares, cubiertos con lonas. Los soldados iban vestidos con ropa de civil.

El objetivo era que la guerrilla no los detectara y, al mismo tiempo, que la población se confundiera.
Todos se pusieron un listón de color rojo en el brazo derecho con el objeto de no confundirse a la hora del ataque.

Llegaron a la aldea a las dos de la mañana. Lo primero, sacar a la gente de sus casas, luego se procedió a torturar a los hombres.
Un oficial violó a una niña. Ya eran las tres y media de la madrugada. A eso de las ocho de la mañana los militares dieron la orden de ejecutar a toda la población. La ejecución en sí, sin embargo, empezó a las catorce horas: un bebé de tres o cuatro meses fue lanzado vivo dentro del pozo.
Le siguieron todos los menores de edad. Los adultos todavía se encontraban encerrados en la casa que ocupaba la iglesia protestante.
Entre las mujeres, había niñas de doce y trece años, algunas de ellas fueron violadas.

A las víctimas se las paraba a la orilla del pozo, con los ojos vendados, y se les daba un garrotazo en la cabeza. Después de los niños se fueron las mujeres, luego los hombres. Mucha gente todavía estaba viva. Una vez lleno el pozo se procedió a cubrirlo con tierra, (a las diecisiete horas del mismo día).
El resto de gente fue llevada a dos lugares distintos, siempre dentro de los linderos de la comunidad: la Aguada y los Salazares. Las personas fueron ejecutadas y dejadas sobre la superficie del terreno. Se calcula que murieron en total unas 190 personas.

Osamentas recuperadas de algunas de las víctimas de la masacre de Dos Erres. Elpopupar

SC.