Gustavo J. Mata

Al comienzo de la autopista, bajando hacia La Guaira, puede verse un edificio inclinado fuera de la vertical –ha estado así desde que al final de su construcción, hace medio siglo, cedió el terreno que lo soporta. Técnicamente inhabitable, el edificio es de todas formas hogar de varias familias. Un profesor visitante de Física lo vio hace años, camino de regreso al aeropuerto. Nos dijo, medio en serio, medio en broma: –En Venezuela no se cumple ni la Ley de la Gravitación Universal.¿Por qué, si lo más probable es que no se cumpla, ha causado tanto alboroto la vetada Ley de Educación Universitaria (LEU)? Este autor se declara incompetente para responder esta pregunta, cuya respuesta es más bien un asunto de Antropología Cultural. Pero esto no es tan importante: los objetivos esenciales de la LEU pueden alcanzarse dentro del marco jurídico vigente; bastaría con implementar políticas públicas viables, racionales y objetivamente verificables.

Tomemos como ejemplo el problema de la injusticia que generan los mecanismos de ingreso a las universidades. Este problema puede resolverse aplicando una sencilla política de incentivos: otorgando financiamiento adicional a aquellas instituciones cuyos mecanismos de admisión resulten en un perfil socialmente equilibrado de su población estudiantil.

Podría objetarse que la desigualdad en el ingreso a las universidades tradicionales tiene su origen en múltiples factores (la mala calidad de la Educación Media y los jugosos dividendos que ofrece la comercialización del ingreso universitario son dos de ellos). Pero son precisamente las universidades las que pueden, y deben, diseñar sistemas de ingreso que compensen estas dificultades.

Es función del Estado minimizar los desequilibrios sociales, regulando adecuadamente las instituciones. Regular mediante incentivos puede generar mayor justicia social.