Guatemala, 11 feb (PL) El saqueo al Estado de Guatemala por el ex presidente Alfonso Portillo fue mucho mayor de lo originalmente divulgado, según pruebas periciales presentadas en el juicio por el cual es hoy juzgado aquí.

Aunque se sospechaba de un enorme robo a las arcas públicas durante su administración (2000-2004), Portillo es procesado por el desvío hacia cuentas personales de 120 millones de quetzales (más de 15,38 millones de dólares al cambio actual).

Ese hecho ocurrió en 2001 y el dinero pertenecía al Ministerio de la Defensa Nacional, cuyo titular de entonces, Eduardo Arévalo, también comparece ante un tribunal.

Peritos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y auditores demostraron en el juzgado que aquella cifra quedó corta, pues el desfalco solo en ese caso fue de 471 millones de quetzales (unos 60,38 millones de dólares ahora).

Ese monto fue descubierto por los expertos después de analizar las transferencias efectuadas en diversos rubros de la institución castrense.

Su certeza fue completa al compararlas con acuerdos gubernamentales, retiros en efectivo, modificaciones presupuestarias y documentos de respaldo de supuesto secreto militar, según publica este viernes el diario Prensa Libre.

Pero hubo más, pues las investigaciones determinaron el saqueo a esa cartera, de 2001 a 2003, por 906 millones de quetzales, los cuales equivaldrían hoy a más de 116,15 millones de dólares.

El caso se fundamenta, señala el periódico, en una auditoría de la CGC cuya conclusión es que los militares autorizaron los desembolsos por medio de 79 certificaciones, sin documentos de respaldo ni justificación.

Su argumento entonces fue que se trataba de secretos militares, en tanto los gastos afectaron a ocho renglones e incluyeron material y equipo, añade.

Portillo se mantuvo más de un año en libertad bajo fianza, tras ser enviado por México, donde se refugió al huir del país en 2004, hasta dictarse orden de captura en enero de 2010 por una solicitud de extradición de un tribunal de Estados Unidos.

Ese lo acusa de haber lavado dinero en bancos norteamericanos, al menos parte del sustraído durante su mandato, y la petición fue aceptada, pero deberá esperar al fin del juicio aquí por peculado.