INTERVENCIÓN DE LA SENADORA GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS EN LA PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO

Compañeras y compañeros:  El 2 de noviembre del año anterior, solicité mediante Proposición a la Honorable Mesa Directiva del Senado de la República someter a consideración de la Plenaria del Senado la convocatoria de la PRIMERA AUDIENCIA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS, con el fin de poner en conocimiento de la comunidad nacional e internacional la grave situación que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas de la región del Putumayo, relacionada con el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado a que son sometidos sus pobladores y la permanente y sistemática violación de los derechos humanos.

Después de sortear varias dificultades, durante los 11, 12 y 13 de febrero, llevaremos a cabo esta importantísima audiencia, convocada a instancias de la Mesa Departamental de Organizaciones Sociales, Campesinas, Indígenas y Afrodescendientes del Putumayo, y tengo la certeza de que con el compromiso de todos los participantes lograremos cumplir los objetivos que nos animaron a organizarla.

Hemos realizado varios eventos similares, como la Primera Audiencia Pública sobre Violaciones a los Derechos Humanos en el Eje Cafetero, la Audiencia Pública sobre la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales, la Primera Audiencia Nacional de la Universidades Colombianas, las Primera Audiencia Pública Agraria “Rogelio Martínez Mercado” y el Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas Contra la Militarización de la Vida Nacional, para citar sólo algunas, siempre con el propósito de habilitar espacios para la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, estudiar soluciones a los problemas y buscar que se haga justicia con las víctimas.

Hoy nos corresponde estar en el Putumayo, un departamento privilegiado por la naturaleza, pero duramente flagelado pro la injusticia y la violencia. Hacer el compendio de todos y cada uno de los problemas sería una tarea interminable, por lo que nos limitamos apenas a trazar las líneas gruesas de los que consideramos como temas de mayor preocupación de las comunidades putumayenses.

El Departamento del Putumayo hace parte de la región amazónica, y es extraordinariamente rico en agua, biodiversidad y recursos energéticos, como el petróleo. Con estas condiciones y con una población que, según el censo de 2005 apenas supera los 310 mil habitantes, sería de esperar que hubiera unas condiciones de vida digna para todos. Sin embargo, en el año 2008 el 75% de la población vivía con necesidades básicas insatisfechas, sólo el 0.01% tenía agua potable, el 80% de las vías estaban sin pavimentar, y en el año 2004 98 mil niños (58%) estaban por fuera del sistema educativo. Alrededor del 40% de la población carece de cobertura en salud, sobre todo en las áreas rurales, y abundan los casos de desnutrición infantil. De acuerdo con datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Putumayo, en abril de año 2007, sólo en el municipio de San Miguel, el 42.75% de los menores de 5 años padecían desnutrición global y el 20.6% desnutrición severa. Todo indica que a la fecha es muy poco lo que ha cambiado esta injusta y deplorable situación.

La explotación del petróleo comenzó desde 1961, es decir, hace 50 años, tiempo más que suficiente para que se hubiera revertido en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Para el año 2008 el consorcio petrolero Colombia Energy planeaba iniciar la exploración de 172 pozos sólo en la región fronteriza Puerto Vega – Teteyé, y a la compañís Anglo Gold Ashanti le han sido entregadas concesiones para la explotación de oro, cobre, molibdeno y coltan, al tiempo que se implementan cultivos como la palma africana para la producción de biocombustibles, megaproyectos como el Canal Intermodal Tumaco – Belén de Pará, el aeropuerto internacional y la apertura de la vía Mocoa – El Encano, todos ellos en función de los intereses del gran capital y, particularmente, de las compañías transnacionales, mientras a la población sólo le quedan algunas migajas y, en cambio, tiene que sufrir las consecuencias de la contaminación y en general de la degradación del medio ambiente por parte de las compañías minero-energéticas.

Aquí es importante señalar que en el Departamento del Putumayo viven numerosas comunidades indígenas, como los Embera, los Cofanes, los Kitchuas, los Awa, los Nasa, Los Sionas, los Inga, los Uitotos y otros grupos, y que de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, ratificado mediante la Ley 21 de 1991, y con la Sentencia C-507 de 208, es requisito indispensable someter a consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes los proyectos que se implementen en territorios de propiedad colectiva, cosa que no se hace y que ha provocado repetidas protestas de la población.

La falta de desarrollo económica y social, la pobreza y el abandono oficial han sido caldo de cultivo para la proliferación de actividades ilícitas, como el cultivo, procesamiento y comercialización de la coca, que tuvo un gran auge en los años 80 y le dio un impulso artificial a la economía del Putumayo. A la tradicional presencia de la guerrilla se le sumó entonces, la llegada de los narcotraficantes y paramilitares que cometieron terribles masacres en Puerto Asís, el Tigre, La Dorada, El Placer y otros lugares del Departamento.

A partir del año 2000 se puso en marcha el Plan Colombia, después el Plan Patriota y luego los panes de recuperación, estabilización y consolidación que se desarrollan también en otros lugares del país y son fuente de toda clase de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

A pesar de que el Putumayo es una de las regiones más militarizadas del país, es también una de las de mayor índice de violencia, con tasas superiores a las del promedio nacional, y las bandas paramilitares, que ahora se denominan “Los Rastrojos” y “Águilas Negras”, continúan cometiendo toda clase de crímenes, mientras el gobierno asegura que el paramilitarismo ya no existe y que lo que hay ahora son bandas criminales al servicio del narcotráfico. Esta distinción con la cual se pretende esconder el fracaso de la política de impunidad con el paramilitarismo, en nada cambia la situación de quienes sufren las consecuencias del accionar de tales bandas.

Es bien sabido que todo los actores del conflicto cometen violaciones a los derechos humanos, pero este comportamiento es especialmente grave cuando involucra a las propias autoridades, que según la Constitución “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Según cifras de la Asociación Campesina del Sur Oriente del Putumayo ACSOMAYO citadas en el informe del Grupo de Trabajo de la Frontera Sur de Colombia, del cual hace parte la Iglesia Católica, “entre 2007 y marzo de 2008, hay 21 ejecuciones extrajudiciales”. En el m ismo informe, el Grupo de Trabajo afirma que“Preocupan los niveles de impunidad para sancionar a responsables de desapariciones forzadas y la precariedad de la política de reparación para indemnizar a los familiares de las víctimas de este delito, ya que las respuestas no se corresponden con la magnitud de las violaciones de derechos humanos. En el departamento, la Fiscalía ha estimado la presencia de 211 fosas comunes en las cuales se calcula que puede haber más de 2000 personas enterradas; de estos han sido identificadas 65 fosas en la quinta fase de exhumación de la Fiscalía General de la Nación que concluyó en mayo de 2006”

A la contaminación del aire por las instalaciones petroleras de Ecopetrol en Orito y de los ríos Hormiga, San Miguel y Muerto, que son esenciales para la pesca y el agua de consumo, por los residuos de la explotación petrolera y por los frecuentes derrames de petróleo, se agregan las persistentes fumigaciones aéreas con glifosato y otros elementos tóxicos que contaminan los ríos, destruyen la naturaleza y arrasan cultivos de pan coger, afectando seriamente la salud y la seguridad alimentaria de la población. Aún cuando los tecnócratas del gobierno repiten una y otra vez que las fumigaciones no son nocivas para la salud y la naturaleza, hay abundantes testimonios de las comunidades que demuestran lo contrario, pero el gobierno hace oídos sordos a sus reclamaciones porque está atado a la política antidrogas de Estados Unidos, que centra toda su atención en la lucha contra la producción de narcóticos pero es incapaz de combatir el consumo en su propio territorio.

Lo que se requiere es una política integral que aporte alternativas de vida digna para los campesinos, propicie el desarrollo económico y social del departamento y lo articule con el resto del país, En otras palabras, lo que necesita el Putumayo, al igual que el resto del campo colombiano, es una reforma agraria integral que les entregue la tierra a los campesinos y los proporcione asistencia técnica, créditos baratos, subsidios agrícolas, facilidades de comercialización de sus productos, vías de comunicación, educación, salud, vivienda y todo lo que necesitan para desarrollar sus potencialidades. Mientras haya pobreza, miseria y abandono y los recursos del gobierno se concentren en la represión y la guerra, ni el Putumayo ni el país podrán salir del atolladero y los problemas seguirán agudizándose.

Muchos de los actuales habitantes del Putumayo son colonos que llegan de otras regiones del país huyendo de otras violencias y que ahora son nuevamente expulsados de sus tierras por el desplazamiento forzado. Según cifras poco confiables de Acción Social de la Presidencia de la República, entre el año 2000 y mayo de 2008 había registradas como desplazadas un total de 61.494 personas, que equivalen casi al 20% de la población del departamento. Un caso emblemático es el de Teteyé, en donde habitaban 78 familias y 572 personas, y en el año 2008 el Grupo de Trabajo de la Frontera Sur encontró un letrero que decía “Bienvenidos este pueblo fantasma, aquí habitábamos 78 familias y ahora quedamos 8, resistiendo aunque no es fácil”.

Un fenómeno especialmente grave es el del desplazamiento transfronterizo, particularmente hacia la provincia de Sucumbíos, en Ecuador. Las cifras de ACNUR indican que entre los años 2000 y 2006 recibieron 44.454 solicitudes de asilo y 10662 en el 2007, para un total de 55.116. Es con base en estos datos que consideramos que las cifras del gobierno no son fiables. En efecto, si el gobierno registra 61 mil desplazados y sólo en Ecuador hay más de 55 mil peticiones de asilo, eso significaría que casi todos optaron por esta alternativa, lo cual no resulta verosímil y nos lleva a la conclusión de que la situación es aún más alarmante. Se requiere, entonces, que el gobierno aplique medidas para cumplir la Sentencia T-025 de 2004, sobre el estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada.

Para nosotros es evidente que tanto las fumigaciones aéreas y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos como el desplazamiento forzado hacen parte de una estrategia dirigida a desocupar amplias zonas del Putumayo de sus habitantes para facilitar la entrega del territorio a las empresas transnacionales y a grandes capitalistas nacionales para el desarrollo de proyectos agro industriales y minero-energéticos.

Al respecto queremos precisar que no nos oponemos a la inversión extranjera en nuestro país, siempre y cuando ella se haga poniendo a salvo los derechos de la población, preservando el medio ambiente, en condiciones equitativas y de beneficios recíprocos y con estricto respeto a nuestra soberanía nacional.

Nuestras denuncias tampoco tienen por objeto desprestigiar a la Fuerza Pública, que es la acusación que se nos hace con frecuencia. Esa es una forma simplista de enfrentar los problemas. Lo que queremos es que se respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y que la presencia del Estado en las zonas de conflicto sea para cumplir el mandato constitucional de proteger los derechos de la población.

Tenemos la certeza de que los testimonios que escucharemos en esta audiencia reafirmarán cuánta razón tenemos en nuestras denuncias y nos darán una idea más clara y más completa de la grave crisis humanitaria que se vive en el Departamento del Putumayo. Desde luego, abrigamos la esperanza de que el gobierno y los demás poderes del Estado tomarán nota de la situación y obrarán en consecuencia para ponerle fin a los atropellos y garantizar el respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas.

Compañeras y compañeros:

No obstante las enormes dificultades que enfrentan, las comunidades se han movilizado pacíficamente en varias ocasiones en demanda de que se atiendan sus reclamos y se respeten sus derechos. En el año 2006, se llevó a cabo una movilización desde Puerto Vega hasta Teteyé, que culminó con la firma de una acuerdo con el gobierno que nunca fue cumplido, por lo que en el año 2009 las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la zona fronteriza tuvieron que volver a movilizarse y firmaron otro acuerdo con el gobierno nacional que tampoco ha tenido ninguna concreción. En abril de 2010, volvieron a hacer uso del derecho constitucional a la protesta, debido a las graves consecuencias de la explotación petrolera y la respuesta gubernamental consistió en la detención de 6 líderes indígenas del pueblo Nasa que fueron brutalmente golpeados por el ESMAD.

Estos hechos demuestran la ausencia de garantías para que las comunidades puedan movilizarse pacíficamente y constituyen violaciones flagrantes a la Constitución y a las leyes del país.

La crisis humanitaria que se vive en el Departamento del Putumayo, que es la misma que afrontan otras regiones de nuestro territorio, pone sobre la mesa de discusión la imperiosa necesidad de encontrarle una salida negociada al conflicto que desde hace más de 45 años afecta a Colombia. En ese sentido saludamos la reciente decisión de las FARC de poner en libertad a tres militares y dos civiles que tenían en cautiverio y reconocemos la actitud positiva del gobierno para facilitar las liberaciones. Pero, así mismo, reafirmamos nuestra posición de que es necesario ir más allá y comprometerse seriamente en la búsqueda de un proceso de negociación con miras a ponerle fin al conflicto.

Nos comprometemos con las conclusiones del encuentro, vamos a continuar trabajando para que los derechos humanos no sean letra muerta en nuestra legislación y para que Colombia encuentre, por fin, un camino distinto del de la violencia y la guerra que por tantos años hemos tenido que sufrir. Nuestro clamor y el clamor del pueblo del Putumayo y de toda Colombia es no más guerra, no más violencia, paz con justicia social, democracia real y respeto a nuestra soberanía nacional. Esos son los propósitos que nos animan y tenemos la seguridad de que la Primera audiencia Pública por los Derechos Humanos del Putumayo será una valiosa contribución para que puedan hacerse realidad.Ω

Bogotá, D.C., 12 de febrero de 2011

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