Por Pedro Rioseco

Quito, 22 feb (PL) Con la entrega del Decreto Ejecutivo que dispone la convocatoria de la Consulta Popular, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, puso finalmente en marcha la definición de la fecha y su organización por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Una vez establecida por la Corte Constitucional la legitimidad y legalidad de la propuesta de referéndum y consulta popular planteada por el Ejecutivo, con 10 preguntas para ser sometidas al pueblo ecuatoriano, corresponde ahora al CNE organizarla.

Correa, junto a la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, y el secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, destacó que el marco legal establece 15 días para convocar a elecciones y esta debe realizarse en un plazo máximo de 60 días.

«Hemos ganado la primera batalla, que no se le robe al pueblo el derecho a ser consultado, mientras más rápido se realice esta consulta mejor, el país no tiene tiempo que perder», dijo Correa al entregar el Decreto al presidente del CNE, Omar Simon. Las posibles fechas son el 1 ó el 15 de mayo, aunque ojalá fuera en abril, comentó Mera, pero corresponde al CNE fijar la misma.

El Gobierno consultará a los ecuatorianos 10 preguntas en las que plantea reformas judiciales, la responsabilidad de la prensa y su independencia del poder financiero, y que se penalice el enriquecimiento privado no justificado, entre otros temas.

Correa ofreció al Consejo Nacional Electoral (CNE) todo el apoyo del Gobierno en cuanto a recursos y logística para llevar adelante el próximo proceso electoral de Consulta Popular, pues es un «derecho fundamental del pueblo ecuatoriano».

El Decreto, firmado este lunes, contempla el justificativo de cada una de las preguntas tanto de enmiendas constitucionales como de intereses generales, y el mismo se notificará también a la Corte Constitucional «para los fines pertinentes».

Las cinco preguntas de enmiendas constitucionales tratan sobre la caducidad de la prisión preventiva, la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, propiedad de instituciones financieras y medios de comunicación.

También la administración de justicia y el Consejo de la Judicatura de Transición, y finalmente la nueva integración de ése órgano.