La guerra sucia contra el candidato nacionalista Ollanta Humala, como respuesta a su avance en las encuestas, comenzó esta semana a exacerbar la reñida campaña electoral peruana.

La ofensiva política y mediática, consistente en manipular y distorsionar los planteamientos de Humala para atribuirle supuestos propósitos extremistas o dictatoriales, ha sido rechazada por amplios sectores.

La campaña fue desatada con la forzada resurrección de una acusación de violación de derechos humanos -de la época cuando Humala era oficial del ejército- pese a que el dirigente del bloque progresista Gana Perú ha sido absuelto por todas las instancias judiciales.

Una ligera subida de la cotización del dólar, que por el libre cambio oscila continuamente, fue usada para atribuirla al temor supuestamente causado por el ascenso de Humala en las encuestas hasta el segundo lugar.

Ambas maniobras fueron rechazadas hasta por analistas y economistas ajenos a Humala y que no acompañan su propuesta de cambios de orientación nacional y social al modelo económico neoliberal vigente.

Esas y otras voces consideran que la llamada guerra sucia electoral puede ser lesionar la institucionalidad del país y la limpidez de la campaña de las elecciones presidenciales, marcadas para el próximo 10 de abril.

Los medios de prensa neoliberales, al mismo tiempo, acentuaron su apoyo al candidato peruano-norteamericano Pedro Pablo Kuczynski, que también asciende en los sondeos.

Esos medios parecen dejar de lado a los declinantes Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y Luis Castañeda, hasta hace una semana líderes en las encuestas y entre los cuales solo conserva su posición, en el primer lugar, Toledo, pero con una acelerada pérdida de apoyo.

Frente a las acusaciones de querer cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder y de tener propósitos extremadamente estatistas, Humala ha dicho con serenidad que no responde a los ataques y solo se dedica a exponer sus posiciones a la ciudadanía.

Sin embargo, ha aclarado que un cambio constitucional será decisión del pueblo y que no considera establecer la reelección indefinida ni las estatizaciones a ultranza.

Precisó que las reformas a la Carta Magna que propugna o el cambio de esta apuntan a modificar el capítulo económico, marcadamente neoliberal y que afecta el desarrollo social y los intereses nacionales.

Los ataques no son solo mediáticos, sino que también provienen de Toledo, Fujimori, Kuczynski y Castañeda, estimulados por los estrechos resultados de las encuestas.

Los sondeos consignan diferencias estrechas entre los cinco nombrados e indican que cualquiera de ellos puede pasar a la segunda vuelta, reservada para los dos más votados.

Humala negó igualmente que su decisión de renegociar todos los tratados de libre comercio y los contratos con empresas extranjeras lesivos al país, de ninguna manera significa atentar contra la seguridad jurídica.

La ofensiva trata de disimular los severos cuestionamientos a Kuczynski por su ciudadanía peruano-norteamericana, así como el incumplimiento de su compromiso de renunciar a la estadounidense.

El septuagenario hombre de negocios es criticado también por no haber informado con forma completa al jurado electoral, como la ley exige, sobre las millonarias empresas que tiene en su país de adopción.

En contraste con la identificación de Kuczynski con Estados Unidos, Humala ha planteado que hará cumplir la ley a las empresas extranjeras y no permitirá tropas foráneas como las norteamericanas que frecuentemente incursionan aquí con autorización oficial.

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RM