La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el Proyecto de Código Orgánico Penitenciario (COP), el cual tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del sistema penitenciario, así como la ejecución de las penas privativas de libertad, de conformidad con las normas, principios y valores de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

En el Proyecto y su Exposición de Motivos, durante 1999, se producen dos acontecimientos que cambiarían definitivamente el escenario institucional de administración de justicia penal en particular. Se trata de la promulgación de un nuevo texto constitucional y la entrada en vigencia plena del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Ambos cuerpos normativos tuvieron repercusión inmediata en el ámbito penitenciario. Para sentar definitivamente las bases Constitucionales y legales, a través de las cuales se aspiraba transformar radicalmente la práctica penitenciaria en el país que, también, obliga a reformar la Ley de Régimen Penitenciaria en el año 2002 informó la AN.

Destaca el proyecto que, con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se produce un salto cuantitativo en el Sistema Penitenciario Nacional, al darle Rango Constitucional a los principios y garantías de un sistema fundamentado en el respeto de los derechos humanos, como quedó establecido en artículo 272 de la Carta Magna.

Señala igualmente que el COPP impuso una doble naturaleza en la ejecución de la pena: la judicial y la administrativa, lo cual supone en Venezuela, y en otros países, una responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y Poder Ejecutivo, específicamente entre los jueces de ejecución y los delegados de Prueba.

También refiere el proyecto que, después de más de diez años de instaurado el nuevo proceso penal en el país y luego de cuatro reformas al COPP (2001-2001-2006 y 2009) –alternando entre avances y retrocesos en la ejecución de la pena-, el sistema penitenciario venezolano “continúa mostrando un rostro inhumano y mortal“, lo cual se evidencia a través de incrementos progresivos durante las últimas décadas de la violencia letal, amenazando la vigencia del sagrado derecho a la vida.

Garantía
El COP garantiza por mandato constitucional los derechos humanos de la población privada de libertad y permite una mejor atención integral de los internos tras un proceso técnico de clasificación, para la efectiva ejecución de aplicabilidad de los beneficios consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal.

Además, plantea tres aspectos fundamentales: primero, una declaración de principios rectores del sistema penitenciario que consagra la protección y garantía a los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad; segundo, un sistema de clasificación de la población procesada y sentenciada, de acuerdo a sus necesidades y en tercer lugar, un proceso de humanización para la reinserción social de esta población, una vez cumplida la pena.

El documento, de 378 artículos, contempla cuatro ejes fundamentales: establecimiento de los principios garantes de los Derechos Humanos de los internos, clasificación de los reclusos, creación de un sistema de faltas y sanciones en caso de incumplimiento del régimen carcelario y el desarrollo de las fórmulas alternativas de penas (libertad condicional, redención de la pena por trabajo y estudio).

Prensa Web RNV/Asamblea Nacional