El encuentro, en el cual estuvieron presentes unos 120 familiares y víctimas, se desarrolló en el auditorio del edificio sede del Ministerio Público, ubicado en la avenida México, en Caracas, y al mismo asistieron el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Fernando Soto Rojas; el Contralor General de la República, Clodosbaldo Russián; el agente de Derechos Humanos del Estado, Germán Saltrón, y la diputada a la AN, Marelys Pérez.

La Fiscal General señaló que se trata de esclarecer los hechos ocurridos en una época en la que se violaron los derechos humanos de miles de venezolanos, quienes por motivos políticos fueron torturados y desaparecidos. Destacó que en ese entonces no hubo organismo internacional que se trasladara a Venezuela, para constatar lo que estaba ocurriendo.

Consideró que se está en mora con estos venezolanos que les fueron violados sus derechos, especialmente con las madres que aspiran encontrar los restos de sus hijos para sepultarlos.

Resaltó que actualmente existe un Estado respetuoso de los derechos humanos, que le interesa la protección, el resguardo y la integridad de las personas. “El Estado venezolano a través del Ministerio Público garantiza el respeto a los derechos humanos, pero también investiga, esclarece y determina la responsabilidad de quienes hayan actuado al margen de la ley violando los derechos humanos, ocurran en este momento o hayan ocurrido hace  20, 30 ó 40 años”.

Añadió que el Ministerio Público se ha activado para dar respuestas en estos casos. A tal efecto, fue nombrada una comisión integrada por los fiscales nacionales 8°, 39° y 49°, y 83° del área metropolitana de Caracas, Mery Gómez, Espartaco Martínez, Juan Carlos Tabares y Alba Martínez, respectivamente.

Asimismo, se conformó una comisión de cinco asesores técnicos, adscritos a la Dirección de Asesoría Técnico- Científica e Investigaciones del Ministerio Público, así como un grupo de expertos pertenecientes a la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales.

Adicionalmente, se abrió una oficina en la planta baja de la sede del Ministerio Público, ubicada en la esquina de Ferrenquín, parroquia Candelaria de Caracas, para atender a familiares de las víctimas, cuyo número telefónico es 0212- 408-60-76. Además de la línea de emergencia: 0800-V607080, es decir: 0800-860-70-80. También se creó la cuenta de correo victimas607080@ministeriopublico.gob.ve.

Para la Fiscal Ortega Díaz es importante el aporte que puedan brindar familiares de las víctimas para avanzar en la investigación, porque los detalles como fechas, horas, lugares y nombres son importantes.

Indicó que para los próximos días se tiene previsto entrevistar a 85 testigos, practicar tres exhumaciones (San José de Guaribe, en el cerro El Bachiller y en Sanare); así como, 7 inspecciones técnicas, 2 reconocimientos aéreos, 3 reconocimientos psiquiátricos y un reconocimiento médico-legal.

Los fiscales comenzaron a realizar solicitudes de información al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y algunos ministerios, entre otras instituciones. Dichas diligencias de investigación va a permitir compilar información.

Recordó los nombres de algunas víctimas, como Luis Vera Betancourt, Eleazar Aristiguieta, César Burguillos, Ramón y Andrés Pasquier, Nicolás Hurtado, Víctor Soto Rojas, Noel Rodríguez, Américo Silva, Jorge Rodríguez, Alberto Lovera y Fabricio Ojeda.

La titular del Ministerio Público dijo que existe una lista de más de 1.188  víctimas; en total son 855 excluyendo las víctimas de las llamadas masacres de Cantaura, El Caracazo, El Amparo y Yumare.

“Quisiera que tuvieran la confianza que este Estado, que este Ministerio Público no es el Estado ni el Ministerio Público que había en aquellos años 60, 70, 80 y 90. Este es un Estado que se muestra transparente, que quiere que todos sepan la verdad; qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrieron los hechos y, por supuesto, si hay responsables se pedirá sanción”.

Se comprometió a hacer una investigación profunda, acuciosa, objetiva, transparente, para que se determine la responsabilidad de los autores y pedir que se sancionen a estas personas.

Recordó que el Ministerio Público actual está cerca de los ciudadanos; no está desvinculado del hecho social.

Dijo que la violación de los derechos humanos parecía ser una política o conducta practicada por organismos durante los años 60, 70 y 80. Recordó la consigna de un ex presidente de la República de “disparar primero y averiguar después” así como la extinta Ley de Vagos y Maleantes, mediante la cual fueron encarcelados estudiantes y personas desempleadas.

Aseveró que Venezuela ahora es un Estado respetuoso y garantista de los derechos humanos, y sus instituciones, además de velar por ello, en el caso de que se produzcan violaciones de los derechos humanos están atentas para hacer que se sancionen esas situaciones.

Durante la reunión intervinieron algunos familiares de víctimas de los mencionados hechos, quienes pidieron justicia para sus casos y agradecieron el interés del Ministerio Público en investigar los hechos.

Caso Walid Makled
Al ser consultada sobre el caso de Walid Makled, la Fiscal General señaló que se debe esperar hasta el 11 de abril, fecha en la que Colombia determinará a cuál país le concederá la extradición del citado hombre.

Enfatizó que el Ministerio Público realiza la correspondiente investigación, desde el momento en que éste fue detenido.