Bogotá, 11 abr (PL) La justicia colombiana decidirá hoy si envía a prisión a cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura, acusados por mal manejo de fondos provenientes de subsidios agrícolas durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El juez de Control de Garantías definirá si dicta la orden para Juan Camilo Salazar (extitular del sector); Camila Reyes, (exdirectora de Comercio y Financiamiento); Tulia Eugenia Méndez, (exjefe de la Oficina Jurídica,) y Oskar Schoerder, (exjefe de la Oficina Jurídica).

La semana pasada, el fiscal jefe de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Martín Moreno, pidió a las autoridades una audiencia y medida de aseguramiento para los implicados con vistas a desarrollar el proceso legal.

Si el juez acepta los argumentos de la Fiscalía, los cuatro exfuncionarios podrían enfrentar una condena desde ocho hasta 51 años de prisión.

Sobre ellos y otros 18 individuos, incluidos hacendados ricos y presuntos narcotraficantes, pesan señalamientos por beneficiarse indebidamente de subsidios estatales con un monto superior a los cuatro mil 532 millones de pesos colombianos (más de 2,4 millones de dólares).

Dicho financiamiento provenía del denominado programa Agro Ingreso Seguro, destinado a familias campesinas pobres, una iniciativa impulsada durante la gestión de Uribe.

El mal manejo de los fondos desató uno de los mayores escándalos de corrupción en el país suramericano durante el mandato de Uribe (2002-2010).

Entre los cargos que la Fiscalía imputará figuran el de interés indebido en la celebración de contratos; contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación al régimen legal o constitucional y falsificación de documentos públicos.

El Estado tuvo que pagar el capital malversado para evitar una crisis en el sector agrícola, aunque muchos de los favorecidos con los créditos se comprometieron a devolver el dinero.

Dicho fraude explotó en 2009 y un año más tarde la Procuraduría General de Colombia formuló cargos contra los exministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández, por desvíos de subsidios destinados a campesinos pobres a acaudalados hacendados.Ω