Cada mañana se ponen sus batas negras, toman asiento y escuchan las declaraciones de una larga fila de inmigrantes desesperados por quedarse en Estados Unidos. El ritmo es rápido, la presión intensa, las historias sobrecogedoras. Es un trabajo agotador, para el que no dan abasto, dicen los jueces de los tribunales de inmigración.

“El volumen es constante e implacable”. “No hay tiempo para pensar”. “No le importamos a nadie”. “Sé que no podría hacer este trabajo si no estuviera medicado para la depresión o no tuviera acceso a atención psicológica competente”. “No puedo hacer esto más. Qué trabajo tan deprimente”.

Estas son las voces de los jueces de inmigración que determinan la suerte de decenas de miles de personas cada año: gente que cruzó la frontera ilegalmente, que violaron los términos de su visa, refugiados que escaparon de China, El Salvador, Irán o algún otro país. Todos quieren quedarse en Estados Unidos.

Estos jueces están en el corazón de un sistema de cortes de inmigración abrumado por un crecimiento explosivo, una reputación tormentosa y un enorme rezago que, de acuerdo con un estimado, es de casi 268.000 casos.

Los problemas están atrayendo mayor escrutinio hacia un mundo poco visto donde la justiciapuede parecer arbitraria y las vidas pueden quedar atrapadas en el limbo durante años, y donde abundan las recriminaciones.

Hay abogados que acusan a los jueces de inmigración de ser parciales, de utilizar tácticas dilatorias y de incompetencia. Los jueces critican a los abogados de estar poco preparados. Los grupos de apoyo dicen que algunos inmigrantes ni siquiera entienden los procedimientos y, en casos extremos, terminan siendo deportados injustamente.

“Es un sistema de locos”, dice Chuck Roth, director de litigación del Centro Nacional de Justicia Migratoria de Heartland Alliance. “En verdad no nos acerca para nada a la justicia”.

Eso no es sorpresa, dijo Laura Wytsma, ex abogada de inmigración del gobierno en Los Angeles que toma casos de asilo, sin cobrar.

“Cuando te enfrentas a tantas cosas... recursos inadecuados, jueces hostiles, abogados del gobierno demasiado agresivos, leyes sin sentido, abogados que no están al nivel de los litigantes civiles, barreras de lenguaje, traducciones precarias”, expresó. “Tienes un sistema con tantas partes rotas que es un milagro que funcione”.

Algunos dicen que estas cortes son un desastre burocrático.

“Esto no tiene nada que ver con que uno piense que alguien deba ser deportado o no. El meollo del asunto es este: si uno va a tener un sistema de cortes, debe hacerlo funcionar bien“, dice Malcolm Rich, director de Fondo de Justicia Appleseed en Chicago, un grupo de investigación legal y de apoyo. “Al hacerlo mal, de la forma en que lo hacemos ahora, estamos tirando decenas de millones de dólares”, agregó.

Historias del Departamento de Justicia

En una corte del tamaño de una caja de zapatos en el decimonoveno piso de un edificio, el juez Craig Zerbe intenta hacer que el sistema funcione.

Aunque escucha evidencia y toma resoluciones, Zerbe no es parte del poder judicial, sino un empleado del Departamento de Justicia.

Estos son procedimientos civiles y en la corte de inmigración los imputados no tienen derecho a un abogado asignado por el gobierno; si no tiene para pagar uno o encuentran a alguien que done su tiempo, está librado a su suerte.

Esta tarde, la mayoría de la gente se representa a sí misma y la mayoría no habla inglés. Entonces, cada palabra es repetida, una vez por el juez o el inmigrante, y otra por el intérprete.

Un hombre palestino con ojos cansados se sienta delante del juez sosteniendo su cabeza con las manos y en una ráfaga en árabe hace su declaración: no tiene dinero, no tiene trabajo ni permiso de trabajo. No puede ver a sus hijos, aunque no queda claro el motivo.

Trajo consigo a un amigo que le dice al juez Zerbe: “él quiere justicia”.

El juez llama a un intérprete profesional, quien traduce vía telefónica, y el hombre le explica que pasó ilegalmente por España, México y otros lugares. El gobierno estadounidense lo quiere afuera.

El no sabe bien qué hacer: Pelear para quedarse o regresar a casa, dice, a Palestina. El juez le hace notar que Palestina no es un país reconocido por Naciones Unidas. (El hogar del hombre está en Cisjordania, en Israel).

“¿Por qué no quiere ayudarme?”, pregunta el hombre. Su voz se desgarra con desesperación. “¿Por qué está ofendido?”.

“No estoy ofendido”, dice el juez con voz tranquila. “Sólo trato de encontrar una solución”.

Zerbe le explica pacientemente que aunque entiende su situación, este no es ni el lugar ni el momento para discutir cuestiones familiares o laborales. Se ventilan só¡olo temas de inmigración.

“Todo lo que sé sobre usted es una hoja de papel”, dice el juez.

Zerbe sugiere que el hombre consulte a un abogado antes de decidir. El está de acuerdo y volverá otro día a la corte.

Un hombre con cara de niño no puede pagar a un abogado. Cuando Zerbe le pregunta si cree que puede representarse sin un abogado, él responde titubeante: “Intentaré“.

Enfrenta una posible deportación a México. No ha vivido en el país vecino desde que tenía dos años, cuando sus padres cruzaron la frontera ilegalmente. Ahora tiene 22 años. Fue atrapado por las autoridades por violar una orden judicial de permanecer alejado de su ex novia. Pasó un tiempo en prisión.

“¿Está dispuesto a dejar Estados Unidos voluntariamente?”, pregunta Zerbe.

“Si tengo que hacerlo, sí”, responde con un susurro, mirando hacia atrás a una mujer que nerviosamente se pasa un dedo sobre su boca.

Sin embargo, a la fecha no lo ha hecho. El dice que quiere asilo, declarando que teme por la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Zerbe dice que él no satisface los requisitos.

Hay otro asunto: Las solicitudes de asilo deben ser llenadas durante el primer año de estancia en el país, lo que por supuesto es imposible, ya que él vino a los dos años de edad.

El joven obtiene unos meses para consultar a un abogado. Camina hacia afuera con sus engrasados zapatos negros.

Un cuarto de millón de casos

Pueden ser dos, tres años o incluso más (hay audiencias programadas para 2015 en Phoenix), pero no es difícil encontrar a alguien que espere años, o que ya haya esperado, por un fallo en alguna de las 59 cortes de inmigración en Estados Unidos.

Una mujer camerunesa, que fue violada y golpeada, debió esperar cinco años en Los Angeles, para que le diesen asilo. Por un tiempo, sus tres hijos en Africa no supieron si estaba viva. Ella temía que corriera peligro si los contactaba.

En Phoenix, una refugiada haitiana que había perdido su casa y negocio luego de haber sido detenida por un error clerical había esperado nueve años.

El trabajo pendiente de las cortes era de casi 268.000 casos a finales de 2010, un incremento de 44% en dos años y medio, de acuerdo con la Cámara de Acceso a Registro Transaccional, un grupo de investigación estadística en la Universidad de Syracuse.

La agencia federal que dirige las cortes (la Oficina de Revisión Ejecutiva de Inmigración) ha respondido contratando 38 jueces más -ahora hay 270- y otras 90 personas, incluyendo empleados administrativos, en los últimos 18 meses.

En un testimonio ante el congreso el año pasado, Juan Osuna, actual director de la oficina, trazó los pasos que se han seguido para mejorar las cortes, incluyendo el nuevo personal, mayor entrenamiento y mejores prácticas de contratación.

Las cortes estuvieron bajo fuerte presión durante el gobierno de George W. Bush hijo, cuando se descubrió que algunos asesores del Departamento de Justicia escogieron jueces con base en su postura política.

Sin embargo, no hay una varita mágica para borrar más de un cuarto de millón de casos.

Los jueces manejan, en promedio, más de 1.200 asuntos al año, dejándolos tan sobrecargados que mayormente emiten decisiones orales “que algunas veces no son investigadas a consciencia o basadas en la ley o los hechos”, de acuerdo con el reporte de 2010 comisionado por el Colegio de Abogados estadounidense.

“Uno se sienta ahí, escucha un caso, luego hay un receso de cinco minutos, y uno presenta una decisión”, dice Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. “No nos deja dormir. Uno se preocupa, ¿tomamos la decisión correcta? Particularmente cuando alguien tienen un antecedente delictivo”.

Marks, jueza en San Francisco, dice que manejar casos de inmigración es como “lidiar con casos que pueden conllevar la pena de muerte” porque hay mucho en juego y los recursos son escasos.

Lo que hace aún más difícil el trabajo es la presión de los superiores para acelerar los trámites, dice Bruce Einhorn, quien fuera juez de inmigración durante 17 años en Los Angeles. “Nadie recibe una felicitación por bajar la velocidad en la línea de ensamblado”, dice. “Siempre te están apurando”.

Los jueces no son los únicos exprimidos.

Wytsma, ahora abogada privada, dice que cuando trabajó para el gobierno a finales de la década de 1990, era común que no tuviera tiempo suficiente de preparación y tenía que presentarse en la corte sin documentos o el expediente del caso. Una vez, mientras trataba de deportar a un pederasta, luchó durante días buscando registros perdidos y los encontró justo a tiempo.

Incluso cuando los abogados y los jueces están haciendo su trabajo, algunos dicen que el sistema no funciona porque casi no hay que rendir cuentas.

Trato “denigrante”

“Es absurdo pensar que cualquiera puede navegar por este sistema sin un abogado”, dice Rachel Rosenboom, profesora asistente en la escuela de leyes de la Universidad de Northeastern.

No hablar inglés es un obstáculo enorme. Por lo que parece una misión imposible para un principiante de otro país tratar de descifrar la ley de inmigración de Estados Unidos, que deja perplejos hasta a los abogados veteranos.

Sin embargo, más de la mitad de los procedimientos de deportación y el 84% de las personas detenidas no tienen abogado, de acuerdo con un reporte que mandó hacer el Colegio de Abogados.

Una encuesta en las cortes de Chicago, Los Angeles y Nueva York, basadas en entrevistas y observación de procedimientos, encontró un “sinnúmero” de incidentes de inmigrantes tratados de forma “denigrante” que no podían entender lo que se les preguntaba o decía.

Ese reporte, publicado en 2009 por la Fundación Appleseed, también descubrió instancias escandalosas de una traducción precaria.

Un ejemplo alucinante: Un inmigrante testificó que se habían llamado camiones de bomberos para echar agua a manifestantes políticos. El intérprete solo usó la palabra “fuego” al traducir,dejando al juez la impresión de que el inmigrante había estado causando incendios.

Las tragedias más comunes

En su primer día como juez de inmigración en Los Angeles, Thad Gembacz tenía 1.198 casos.

En su último día, 12 años después, en 2008, tenía 1.464 casos.

No importa qué tan duro trabajara, dice, los casos seguían llegando “como si fluyeran del grifo. No podía detenerlos”.

Los jueces tienen niveles de estrés y agotamiento a la par de guardianes de prisión, de acuerdo con una encuesta presentada en 2009 en la Revista de Leyes de Inmigración de Georgetown.

En comentarios anónimos que aderezaban la encuesta, 59 jueces describieron la tensión e identificaron problemas comunes: recursos inadecuados, incluyendo la falta de más personal administrativo e intérpretes. El temor de no detectar solicitudes falsas de asilo. La angustia de escuchar verdaderas historias de terror sobre esterilización forzada, violaciones, golpizas y tortura.

Gembacz dice que aprendió a distinguir entre casos fiables y sospechosos, por ejemplo, gente que pedía asilo que parecía que estaban leyendo un guión escrito por “coyotes” -contrabandistas de personas- que incluían casi las mismas palabras que habían utilizado otras personas semanas antes.

Sin embargo, había veces que se sentía presionado por la ley.

Gembacz recuerda el caso de un mexicano que había cruzado la frontera ilegalmente más de 15 años antes, casado con dos hijos, que hablaba inglés, tenía un negocio exitoso y pagaba sueldo a 17 empleados. “Alguien que no te importaría tener como vecino”.

Sin embargo, el hombre violó las leyes, dejando a Gembacz sin otra opción que ordenar la deportación de la pareja, que no pudo contener el llanto.

“Fue una de esas decisiones difíciles que uno no quiere tomar”, dijo Gembacz, quien también fue abogado de inmigración del gobierno.

Sin embargo, las decisiones judiciales pueden ser blanco de fuertes críticas. En Chicago, por ejemplo, un panel de apelación federal en 2008 condenó a un juez en un caso de asilo de un nigeriano, diciendo que fue una “postura absurda” insinuar que si el hombre era enviado a su país, “podría evadir la cárcel, el castigo y posiblemente la muerte acercándose a sus carceleros e intentando comprar su libertad”.

Wytsma, abogada de Los Angeles, dijo que en ocasiones es difícil para los jueces entender los sufrimientos de quienes tienen delante.

“No pueden imaginar lo que es abandonar a sus hijos. No pueden entender que uno no tenga papeles para probar que perdiste un bebé. No pueden apreciar la diferencia cultural. A veces es surrealista”.Ω

(Con información de AP)