Los miembros de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de Abril (Asovic), junto a diferentes organizaciones populares se concentraron en Puente Llaguno y marcharon hasta la Asamblea Nacional donde entregaron un documento a la Junta Directiva encabezada por su presidente, Fernando Soto Rojas, y los diputados Aristóbulo Istúriz y Blanca Eekhout.

En el texto pidieron el cese a la impunidad, que se haga justicia y que los familiares y víctimas sean indemnizados.

La representante de Asovic, Yesenia Fuentes, expresó que “no podemos permitir que personajes como Enrique Mendoza, María Corina Machado, Julio Borges y Miguel Ángel Rodríguez que participaron activamente en el golpe de Estado, donde cientos de personas inocentes perdieron la vida, no estén presos y estén disfrutando de inmunidad parlamentaria. Ellos deben ser castigados”.

Exigieron sean enjuiciados los diputados opositores, personeros políticos y directivos de algunos medios de comunicación que participaron en el golpe de Estado.

“Ellos no querían informar sobre las exigencias del pueblo para restablecer el hilo constitucional, porque fueron ellos quienes organizaron el golpe de Estado, por estos hechos algunos directivos de los medios de comunicación golpistas también deben ser enjuiciados”, destacó José Rodríguez del 23 de Enero y Asovic.

El diputado Darío Vivas pidió hacer justicia en Venezuela y castigar a quienes pretendieron engañar al pueblo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, reiteró su compromiso para que esa instancia se convierta en un espacio de debate popular donde los derechos de los venezolanos sean respetados; al mismo tiempo, aseguró que llevarán hasta las últimas consecuencias la Ley Contra el Silencio y el Olvido.

Soto Rojas se refirió al tema de los derechos humanos en Venezuela, señalando que no pueden estar sometidos a lo que se decida en Estados Unidos.

“Nuestra lucha por los derechos humanos no puede depender de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni de la burguesía internacional. Tenemos que construir el Poder Popular como única garantía de que el pueblo se constituya en Estado”, expresó.

Mencionó que el 11 de abril de 2002 fue la primera victoria política del pueblo venezolano contra el imperialismo yanqui y contra el orden burgués. Finalmente, la marcha llegó hasta la Fiscalía, donde solicitaron sean reabiertas las investigaciones por los sucesos del 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002.

Sin arrepentimiento y cambio no hay reconciliación posible

“San Agustín decía: “Ama a los hombres, detesta sus errores”, nosotros perdonamos a aquellas personas que están arrepentidas. Pero tiene que demostrar el arrepentimiento con hechos de conversión”.

Con estas palabras, el padre Pablo Urquiaga, párroco de Caricuao, señaló estar reflexionando sobre el papel desempeñado por diversas autoridades eclesiásticas y políticas que apoyaron los hechos del 11 de abril de 2002.

“Estas autoridades respondieron más que a una espiritualidad liberadora, a una espiritualidad alienante y esclavizadora, al lado de los opresores en contra de los oprimidos”, señaló el padre.

Entre estas autoridades a las que se refiere Urquiaga se encuentra el fallecido cardenal Ignacio Velasco, quien firmó el decreto del gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga el 12 de abril de 2002, en nombre de la Iglesia católica. El cardenal Velasco también fue el encargado de solicitarle la renuncia al presidente Chávez cuando éste se encontraba retenido en la base naval de la isla La Orchila.

“No es convertir a los oprimidos en opresores o viceversa. Se trata de lograr un perdón y una reconciliación, que es lo que yo siento que es lo que el Presidente quiso hacer a su retorno, pero que mucha gente no entendió y que no permitió la reconciliación porque no hubo conversión”, señaló.

Para Urquiaga, partidario de los preceptos de la Teología de la Liberación, la jerarquía eclesiástica aún no ha demostrado con hechos concretos su arrepentimiento por haber apoyado el golpe de Estado.

“El Dios de los pobres está dispuesto a perdonar, pero esa persona tiene que estar dispuesta a arrepentirse y a cambiar su vida. Yo puedo perdonar al opresor, pero el opresor tiene que estar dispuesto a dejar de oprimir porque si no, es como si no lo hubiera realmente aceptado”, sentenció el párroco.

Para ello, Urquiaga propone, a nueve años de estos hechos, que las autoridades eclesiásticas cambien su espiritualidad, la que calificó de “conservadora, alienante y esclavizadora”.

“Por una espiritualidad que vaya a transformar la realidad y exigir justicia. Esa es la diferencia con una espiritualidad conservadora y reconciliadora entre comillas. Porque no puede haber reconciliación en medio de la injusticia”, señaló el sacerdote.

Por otra parte, el padre Urquiaga señaló que un ejemplo de esta espiritualidad liberadora es la que permitió al pueblo venezolano el 11 de abril salir a las calles a transformar su realidad y exigir justicia.

“Ese es un milagro que no se puede entender, a lo largo de la historia nunca hubo un acontecimiento así, donde un golpe de Estado haya sido derrotado luego de 48 horas por un pueblo sin armas a la mano”, enfatizó el párroco.

Fiscalía comprometida a dar celeridad

La marcha llegó al Ministerio Público, donde fueron recibidos por la fiscal general Luisa Ortega Díaz.

Yesenia Fuentes, miembro de la Asovic, manifestó que existen muy pocos casos en los que se hizo justicia y, en muchos, aún no se han logrado la imputación de los autores intelectuales del golpe.

“Estamos solicitando a la fiscal Luisa Ortega que se aboque a los casos de abril de 2002 y den celeridad a los mismos. Hay casos engavetados como el de Eliécer Zambrano, quien murió dentro del Palacio Blanco, el de Pedro José Linares y Jorge Tortoza, entre otros”, señaló Fuentes.

Solicitaron la reactivación de la comisión del 11 de abril nombrada en años anteriores y que se encargaría de esclarecer tales acontecimientos, al tiempo que reiteraron su petición de castigo para los diputados opositores y personeros políticos involucrados en el golpe.

Sobre el caso del fiscal Danilo Anderson pidieron que se nombrara una comisión para que continuara con la investigación sobre su asesinato en noviembre de 2004.

Por su parte, la fiscal Ortega Díaz se comprometió a dar celeridad a la investigación sobre el golpe de Estado del 11-A. “Con mucho amor recibo este documento y les prometo que continuaré con la investigación, pero hay que recordar que el Estado concedió una amnistía en diciembre del 2007”, enfatizó. Finalmente, la fiscal reiteró su compromiso para esclarecer los hechos y todos los casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ciudad CCS

CM