Eduardo García M.

La Alcaldía de Puerto Colombia resucitó el lío por el predio de 40 hectáreas ubicado en Arroyo de León, vecino de la Universidad del Atlántico, y donde residen 45 familias campesinas que heredaron sus parcelas de padres y abuelos.

A comienzos de esta semana, los colonos fueron notificados de una acción policiva que tiene como fin desalojar a las más de 250 personas, para restituir la propiedad a la institución educativa, pero no existe una propuesta de reubicación para los afectados.

En la década del 70, el entonces propietario del terreno, Julio Blanco, permitió la conformación de los asentamientos, pero al mismo tiempo donó el predio a la Gobernación y el ente territorial en 1980 se lo pasó a la Universidad del Atlántico.

El abogado defensor de los campesinos, Ever Castro, aseguró que sus protegidos adquirieron derecho de posesión por estar allí desde hace más de 40 años.

“Quieren despojar a los poseedores reales con una acción que prescribió. La ley estipula 30 días hábiles para proceder y la resolución con la que quieren sacar a la gente tiene fecha de noviembre de 2010”, precisó Castro.

La orden de desalojo debió cumplirse el miércoles anterior, pero fue suspendida por una acción de tutela que interpuso en el juzgado séptimo penal del circuito con función de conocimiento el abogado Julio López Camacho, quien es uno de los afectados con la medida.

“Después de tantos años ahora vienen a violar el debido proceso, la vivienda digna, la ancianidad y la niñez. El tema ya está en poder de la Procuraduría”, sostuvo López.

Jesús García, habitante de Arroyo de León, lleva 50 de sus de 71 años de edad cultivando ciruelas, yuca, mamón y coco. Ahora lo trasnocha saber que su parcela puede convertirse en otro proyecto de interés privado.

Lo grave es que Jesús, como los demás afectados, en caso que el pleito favorezca a Uniatlántico, no tiene a donde irse. La rectora de la Universidad del Atlántico, Ana Sofía Meza, es consciente que hay que esperar el fallo de tutela.

Sostuvo que en el predio , que según su versión es de 52 hectáreas y no de 40, se proyecta la construcción del Parque Tecnológico del Caribe.

El director de la oficina jurídica de la universidad, Ricardo Consuegra, recordó que más de cuatro veces ha fracasado una salida amigable con las familias que están en la propiedad porque exigen una indemnización que resultaría ilegal por tratarse de un bien fiscal.

La secretaria de Gobierno de Puerto Colombia, Aida Ahumada, advirtió que el predio le pertenece legalmente a la institución de educación superior. “Nos ceñimos a la justicia policial y no a la ordinaria, porque no hay una sentencia judicial que así lo indique”, precisó la funcionaria.

Reconoció que la tutela dejó en suspenso el desalojo, y sostuvo que en su momento se programará una nueva fecha.  Judith Vargas, abogada asesora de ese despacho, precisó que desde el 2002 la acción policial ha fracasado aproximadamente seis veces. “Es una diligencia dispendiosa que tiene características especiales. Son muchas familias y el terreno es bastante grande”, argumentó.

Las partes deben esperar el fallo de la tutela, en poder del juez John Rico Castro. El Heraldo

CM