No quedan dudas que toda ley devela y a la vez oculta ciertas determinaciones imprescindibles para comprender el funcionamiento de cualquier sociedad. Así nos revela que el conflicto social es una realidad necesaria y omnipresente; no sólo en el entramado social, si no también en el plexo de norma jurídicas que son fuente de aprendizaje para estudiantes de abogacía y materia para debates entre los profesionales en el mettier. Pero se trata de mucho más que devaneos bizantinos. Asi vemos como los núcleos poderosos ponen el grito en el cielo contra (lo que ellos denominan) las violaciones a la seguridad jurídica; al tiempo que callan estruendosamente cuando los que sufren atropellos son los destacamentos sumergidos.
La nefasta medida tomada hace pocos días por el gobierno de la revolución bolivariana en perjuicio del periodista nacido en Colombia Joaquín Perez Becerra ha puesto en estado de shock a gran parte de la militancia que dentro y fuera de la patria natal de ambos Simones se referencia con las perspectivas y logros del proceso comenzado a fines del siglo XX, en marcha al socialismo de la siguiente centuria. El propio comandante Chávez deslindó responsabilidades políticas en el hecho argumentando razones legales. De manera que en este mismo terreno polemizaremos.
Dice el célebre sociólogo conservador Emile Durkheim que una norma para ser reconocida como ley debe cumplir un requisito irrenunciable: estar basada en principios morales. Por lo tanto resulta pertinente formular(se) una pregunta. ¿Puede ser calificada como norma inspirada en las referidas pautas éticas la que obligare a entregar a un detenido por razones políticas a un sistema que ha hecho del genocidio, la tortura, las desapariciones y la ausencia de libertades y derecho efectivo de defensa una práctica cotidiana, constante y rutinaria? Por cierto que no y lo recién dicho no es una cuestión menor. Se trata de uno de los ejes fundamentales a debatir hacia fuera del magnífico espacio que lucha por la emancipación. Y hacia dentro nace una polémica que nos gustaría que nunca hubierese presentado, dado que deberíamos tener un acuerdo unánime acerca de la cuestión. Nos referimos a que el principio fundamental para todos los partidos de izquierda, movimientos sociales, agrupaciones nacionales, populares progresistas y gobiernos que se comprometen con la liberación de la humanidad pasa por los irenunciables principios solidarios para proteger la vida de los perseguidos por luchar contra la prepotencia imperialista. También deberíamos consensuar el respeto por la propia ley en sentido sustantivo; como es el caso de la constitución de la República Bolivariana, marco referencial en lo jurídico de las conquistas del pueblo venezolano. El episodio que nos ocupa es equivalente a que en tiempos de la dictadura militar argentina se les hubiere entregado a los genocidas un exiliado por razones políticas basándose en la pureza del instrumento judicial que lo reclamaba. Nadie puede ignorar el trato que reciben los detenidos y resistentes a los designios criminales de la pérfida derecha colombiana y ha sido subrayado por sus propios congéneres de la diestra francesa.
Pero habiendo dicho lo precedente, en ningún modo pueden suscribirse posiciones que colocan al comandante Chávez en la otra vereda, la de los sirvientes del imperio. Sigue siendo el cuadro revolucionario más importante emergido en las luchas sociales y políticas de las últimas tres décadas y no cuidarlo desgastando su imagen sólo puede servir a los intereses de la reacción, por buenas intenciones que tuvieren los que comenten semejante equivocación. El líder y el conjunto de la dirigencia deben ampliar los marcos del debate y mejorar los vasos comunicantes con las masas venezolanas y los pueblos de toda nuestra América. Se ha cometido un error, pero la lucha continúa. αΩ
COLAREBO 