El presidente Rafael Correa advirtió a los mineros ilegales que los operativos para detener esta actividad ilícita continuarán, y que para ello se aplicará “la ley con toda firmeza”. “Les hago una advertencia: esto seguirá, aquí no vamos a permitir la anarquía. La autoridad estatal se ejercerá en cada rincón del país”, afirmó Correa.

El mandatario recordó que quienes se dedican a esta actividad “comenten un delito”, y que no se trata del minero artesanal “que arriesgando su vida trata de llenar la olla familiar, de llevar un pan a sus hijos dignamente, se trata de minería ilegal que mueve grandes capitales”.

Añadió que la problemática no solo se evidencia en Esmeraldas, sino en Zamora, Napo y otras provincias donde “se está envenenando a la gente, destruyendo los ríos y la selva”.

El jefe de Estado destacó que “para acabar con este delito descarado” se han tenido que utilizar las medidas necesarias y que por ello se procedió con orden de un juez  a destruir esa maquinaria.

Asimismo, funcionarios de Estado denunciaron hoy que la minería ilegal que se practica en la población costera de Esmeraldas, además de afectar al ambiente y a la salud humana, también conjuga otros delitos como narcolavado, sicariato, presencia de milicias armadas.

“Por eso hemos llegado al nivel de seguridad nacional”, dijo el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, quien ratificó la legalidad de la operación militar realizada en fin de semana anterior en las poblaciones de Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde se destruyeron alrededor de 70 retroexcavadoras utilizadas para las labores de minería ilegal.

El funcionario dijo que este tipo de actividad está financiada por “grandes inversionistas y especuladores” por lo que aseguró que el Gobierno respaldará a la población desempleada, a través de proyectos impulsados conjuntamente con Plan Ecuador, institución que trabaja con programas integrales en las zonas de la frontera norte.

Asimismo, respaldará a los pobladores que alquilaban las maquinarias ahora destruidas y que están siendo amenazados por sus propietarios.

El ministro anunció que la Empresa Nacional Minera firmará contratos de operación con las asociaciones mineras artesanales, a fin de lograr su regulación en el plazo máximo de seis meses, tal como se hizo en las localidad de Conguime en la provincia de Morona Santiago, donde se intervino el año pasado.

“Vamos a regular esa actividad para desarrollarla de forma técnica, ambiental y social”. Recalcó que la decisión está amparada en  el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Minería.

Este lunes iniciarán los diálogos  con los “verdaderos mineros” para definir las condiciones de la apertura de la actividad.

En Esmeraldas, al menos el 90% de la actividad minera es ilegal y se extiende en ocho zonas en donde, en los últimos seis meses, se han obtenido 130 millones de dólares “Cuánto han dejado al Estado: cero; a las poblaciones: explotación laboral y enfermedad; y a la naturaleza: destrucción”, manifestó Pástor.

La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, informó que dentro de la hoja de ruta trazada se ha dispuesto un estudio detallado sobre los pasivos ambientales causados, a fin de establecer el costo que le significará al Estado ecuatoriano la remediación de las zonas.

En el último análisis de las aguas del río Santiago y sus afluentes se identifica existencia de metales pesados “preocupantes”, como el arsénico. “Esto puede causar alteraciones genéticas en las poblaciones”, explicó Aguigaña.

Además de la contaminación al suelo, la pérdida de vegetación y la alteración de la calidad del agua, la actividad minera ilegal está afectando el cause de los ríos lo cual pone en “peligro de vulnerabilidad” en el caso de un fenómeno lluvioso.

El Ejecutivo espera que en el proceso de remediación también permita crear fuente de empleo. “Comenzaremos con la nivelación de las terrazas de explotación minera para dar trabajo a los mineros”.Andes

RM