Quito, 27 may (PL) El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió a los mineros ilegales que las operaciones con empleo de las Fuerzas Armadas para detener la minería ilegal continuarán en los próximos días y el gobierno aplicará la ley con toda firmeza.

«Les hago una advertencia, esto seguirá, aquí no vamos a permitir la anarquía. La autoridad estatal se ejercerá en cada rincón del país», afirmó el Mandatario al dirigirse a quienes fomentan esta actividad ilícita con grandes capitales y, aclaró, no son mineros artesanales.

Al referirse a un tema que ha ocupado espacios estelares toda esta semana, Correa precisó que este problema es grave en las provincias Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Napo y otras, donde «se está envenenando a la gente, destruyendo los ríos y la selva».

Destacó que «para acabar con este delito descarado» se han empleado las medidas necesarias y se procedió con orden de un juez a destruir la maquinaria pesada que utilizaban esas mafias, ligadas dijo, al narco-lavado, sicariato y milicias armadas.

«Por eso hemos llegado al nivel de seguridad nacional», subrayó el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, quien ratificó la legalidad de la operación militar realizada en dos comunidades, donde se destruyeron 70 retroexcavadoras.

El funcionario dijo que este tipo de actividad está financiada por grandes inversionistas y especuladores, y aseguró que el Gobierno respaldará a la población desempleada a través de proyectos impulsados por el Plan Ecuador y programas integrales.

Anunció que la Empresa Nacional Minera firmará contratos de operación con las asociaciones mineras artesanales a fin de lograr su regulación en el plazo máximo de seis meses, para desarrollarla de forma técnica, ambiental y social, y de acuerdo con la ley.

El próximo lunes el gobierno iniciará los diálogos «con los verdaderos mineros» para definir las condiciones de la apertura de esa actividad, y reveló que en Esmeraldas alrededor del 90 por ciento de la actividad minera es ilegal.

En ocho zonas de esa provincia, en los últimos seis meses se han extraído minerales por 130 millones de dólares, informó Pastor y aseguró nada ha quedado al Estado ni a las comunidades, salvo explotación laboral enfermedades, contaminación y destrucción de la naturaleza.♦