Guatemala, 1 jun (PL) El expresidente Alfonso Portillo enfrenta hoy dos solicitudes de apelación contra la sentencia absolutoria en un caso por sustracción de fondos del Estado de Guatemala durante su mandato (2000-2004).  La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se sumó al Ministerio Público (MP) en el pedido de efectuar un nuevo juicio a Portillo y dos de sus ministros de entonces o emitir una condena para los tres.

El objetivo de la Cicig, como también del MP, es anular el fallo absolutorio de dos de las tres jueces actuantes en el proceso y, en el caso de realizarse uno distinto, que sea con otros magistrados.

La resolución de las anteriores no estuvo apegada al derecho y el juicio tuvo vicios hasta llegar a dictar aquella sentencia, considerada una expresión más de la impunidad reinante en este país.

Dichas apelaciones exigen la aplicación de los 10 años de prisión pedidos para los tres exfuncionarios o realizar un nuevo juicio por el robo millonario de dinero del Ministerio de la Defensa Nacional en el cual estuvieron involucrados.

Portillo y los entonces titulares de las carteras castrense y de Finanzas Públicas Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, fueron absueltos el pasado día 9 por decisión de dos de las tres jueces actuantes en el tribunal que los juzgó.

El recurso presentado ante la justicia por la Cicig toma como base la figura de injusticia notoria, referida a la probable arbitrariedad de la sentencia del caso, con el argumento de vicios de forma y fondo.

Para los primeros el planteamiento es que las dos juezas no argumentaron con razonamientos válidos ni lógicos para otorgar valor a los testimonios de testigos y peritajes, explica la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Respecto a los de fondo, señala la Cicig que aquellas magistradas consideraron que ninguno de los acusados tenía bajo su cargo el manejo de recursos monetarios del Estado.

Sin embargo, según lo argumentado, la Constitución y la ley indican que tanto el Presidente de la República como los ministros de Estado en funciones tienen bajo su cargo la responsabilidad del manejo y administración de los caudales públicos.

Portillo sigue en prisión a la espera de una definición en la solicitud de extradición presentada por la justicia de Estados Unidos, la cual le imputa lavado de dinero en bancos de aquel país, pero Arévalo y Maza ya fueron liberados.♦