Los consumidores están quedando en la orfandad. Los empresarios y comerciantes ayudados por las autoridades, tienen ahora el camino expedito para abusar y estafar a clientes y usuarios tanto de servicios esenciales como agua, luz y gas, así como a tenedores de tarjetas de crédito de casas comerciales. A esto se agregan, las comisiones ilegales que cobra el Banco del Estado a los tenedores de libretas de ahorro que usan los más pobres del país.

Se registran miles de reclamos en el Servicio Nacional del Consumidor, en las Asociaciones de Consumidores y en los Tribunales de Justicia por cobros indebidos en las boletas mensuales de casas comerciales; descuentos ilegales por mantenimiento de cuentas de ahorro bancarias; negativa de las empresas comerciales de aceptar la devolución de productos técnicamente en mal estado y, lo que es más grave, se ha establecido “de facto” que un simple llamado telefónico tiene la calidad de “aceptación de contrato” para la retención de dineros por desconocidos planes de telecomunicaciones o para tal o cual institución benéfica.

A los usuarios y consumidores los están arrastrando a la indefensión total, sin tener derecho a reclamar porque los Call Center nunca dan solución a los problemas y los dueños o gerentes de las empresas no dan la cara.

¿Dónde reclamar se preguntan muchos?

Estamos ante la presencia de una institucionalidad nacional y de un gobierno que está aceptando que cualquier empresa o casa comercial le meta la mano al bolsillo de los chilenos para aumentar sus utilidades anuales, mientras que con esos dineros se siguen construyendo grandes edificios y malls en todas las regiones para seguir lucrando.

Vamos al grano. La tienda Ripley del Mall Vespucio vendió el pasado 6 de enero una partida de computadores marca View-Sonic, hechos en China, que venían con la tarjeta madre defectuosa. A los 20 días, quienes compraron dichos aparatos iniciaron “el peregrinaje” por la tienda para que cambiara el producto por uno nuevo.

La respuesta fue que la garantía duraba 10 días para reponerlo.

La solución era que debía pasar al Servicio Técnico de Ripley, el cual demoraba 30 días hábiles para emitir un informe si, efectivamente la tarjeta madre estaba defectuosa. Por los 45 días corridos o más de espera, la tienda no dio ninguna solución a decenas de consumidores, ni menos a quienes tenían la urgente necesidad de trabajar con esos equipos. Por supuesto, que aquí no fue reconocido “el lucro cesante” que tanto alarde hizo la empresa Kodama para cobrarle al Estado los 17 mil millones de pesos.

Farmacia Ahumada de Francisco Bilbao 2489 anuló a una clienta, en marzo recién pasado, una boleta electrónica por $40.307 para emitirle otra, agregando la compra adicional, por $42.307. La afectada pagó con tarjeta CMR-Visa de Falabella en tres cuotas al contado.

En abril, la clienta recibió su estado de cuenta en la cual, por supuesto, no aparecía la anulación. Muy por el contrario le cobraban las dos boletas que sumaban $82.614 pesos. El mismo día que fue a protestar comenzó la tramitación.

Farmacia Ahumada se desligó de su responsabilidad, la envío a reclamar a CMR-Falabella, y ésta a Transbank. Cansada y sin tiempo para ir de un lado a otro, la clienta aún espera una solución.

Los casos son igualmente graves en las empresas sanitarias de regiones, que cobran en las boletas de servicio por un alcantarillado que no han construido, y donde está hecho aún no han conectado a los propietarios.

La Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI) de la Cuarta Región estuvo cobrando, durante años, el alcantarillado a los habitantes del Balneario de Pichidangui sin tener listo el proyecto de instalación. Cuando reunió todos esos fondos inició las obras. Ahora, por conectarse al alcantarillado vuelve a cobrar a los mismos que financiaron las obras un monto de 200 mil pesos. El abuso es evidente.

Hace unos años, un grupo de ahorristas del Banco Estado inició un juicio a la entidad en el 14 Juzgado Civil de Santiago por el cobro indebido de comisiones en sus Libretas de Ahorro. Los afectados son 500 mil personas de los sectores más indefensos de la sociedad. En ese juzgado, se había llegado a un principio de avenimiento para la devolución de las comisiones que alcanzaban a unos 8 mil millones de pesos.

Hace unos días, el Banco Estado rechazó el avenimiento. Los afectados apuntan que esta decisión partió del Gerente General del Banco Estado, Pablo Piñera, hermano del Presidente de la República. El dinero obtenido ilegalmente por la entidad bancaria de las 500 mil libretas de ahorro no será devuelto. Así de simple.

La estrategia del gobierno para legalizar estos abusos ha apuntado, por estos días, en dos direcciones: una, reducir a su mínima expresión a las Asociaciones de Consumidores quitándoles el financiamiento que por años las ha sostenido, y que iniciaron sus actividades junto con la llegada de la democracia. Y por otro lado, apurar las indicaciones hechas a un proyecto de ley que, según el gobierno, “busca agilizar las tramitaciones de las demandas colectivas de los consumidores”.

Sin embargo, aquí está presente la “letra chica” y el engaño a que nos están acostumbrando las autoridades públicas.

Estas indicaciones se dirigen más bien a restringir, limitar y discriminar en las reparaciones, las que sólo se harán efectivas para quienes se han hecho parte de los juicios. Los otros, que igualmente han sido afectados en sus bolsillos, y que no supieron, no alcanzaron o no firmaron como partes en el juicio, lo perderán todo.

Además, las comentadas indicaciones le quitan al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, las facultades de “vigilar a las empresas para que cumplan con las sentencias condenatorias”.

Basta revisar los reclamos en el SERNAC, y los que llegan a las Asociaciones de Consumidores, para darnos cuenta que la Caja de Pandora de estafadores y abusadores, amparados por las autoridades, se abrió y anda recorriendo Chile.

La política de “desarme” y de “indefensión” de los usuarios y consumidores está en marcha.

Fuente: Primera Piedra  RM