La Corte Suprema de Justicia reactivará este lunes el proceso penal contra el excongresista Germán Olano, dentro del sonado escándalo por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Dentro del proceso deberá declarar en calidad de testigo el abogado Alvaro Dávila, quien, como se sabe, fue representante legal de los cabecillas del Grupo Nule.

La declaración de Dávila forma parte de la fase de pruebas que emprende la sala penal de la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante Olano.

Alvaro Dávila al parecer fue pieza clave en la preparación de los acuerdos que se dieron entre los funcionarios Distritales y los socios Nule para la adjudicación de los contratos tanto de la fase 3 de Transmilenio como los correspondientes de la malla vial.

Otros que deberán comparecer esta semana ante la Corte Suprema dentro del proceso del carrusel de la contratación en Bogotá son los empresarios Ómar Pérez, Emilio Tapias y Julio Gómez, que fueron citados esta semana por la Corte.

EN LA PROCURADURIA

Simultáneamente al proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, seguirá el proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación, sobre el carrusel de la contratación en Bogotá, con la audiencia pública contra el senador Iván Moreno Rojas.

La diligencia se reanudará la práctica de pruebas que ordenará el jefe del Ministerio Público.

En la última audiencia, celebrada el pasado miércoles 8 de junio, el Jefe del Ministerio Público escuchó la solicitud de las 54 pruebas testimoniales que pidió la defensa y, tras evaluar la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, decretará aquellas que se refieran al objeto de la investigación.

El Jefe del Ministerio Público ratificó su decisión de negar las nulidades planteadas por la defensa técnica del senador Néstor Iván Moreno Rojas, y reiteró que se han brindado todas las garantías para garantizar la imparcialidad, el debido proceso y el derecho a la defensa.

Señaló que el proceso sigue su trámite y que la etapa probatoria es el momento idóneo para que la defensa pueda desvirtuar y controvertir las pruebas que fundamentan los cargos, por lo cual no hay lugar a la violación de los principios de investigación integral y de contradicción.

Al resolver el recurso de reposición precisó que, como director del proceso, ha solicitado a la defensa que de conformidad con la ley refiera su argumentación al objeto de la investigación y que en ningún momento ha limitado el uso del tiempo en la argumentación.♦