Desde el pasado domingo, 5 de junio, cuando la televisión pública transmitió el documental “Muchedumbre 30S”, se ha tornado frecuente la transmisión de una serie de documentales que, de forma sistemática, buscan posicionar en la ciudadanía algunas teorías sobre los hechos del 30 de septiembre del 2010, los que han sido catalogados como conspiración, intento de golpe de Estado, revuelta policial, intento de magnicidio, sublevación, entre otros conceptos.

La serie de documentales se dan precisamente cuando los organismos judiciales debían decidir sobre el último de los casos relacionados con el 30S que permanecía en sus manos, pues anteriores procesos terminaron en la proclamación de la inocencia de las personas acusadas. Por coincidencia quizá, éste último caso en manos de la justicia constituye el eslabón más débil de la cadena de sucesos del 30S.

Pero estos documentales, que apelan a los testimonios de varias de las víctimas del 30S que, con toda razón, reclaman justicia, también nos hacen extrañar la ausencia de algunos pasajes que nos pueden dar más pistas sobre lo acontecido, como son los pronunciamientos militares a lo largo de este día, los movimientos de quienes lideraron esta conspiración e intentaron transformarla en un golpe de Estado; y, sobre todo, un profundo análisis de la respuesta gubernamental, tanto del momento y las consecuencias que tuvo el llamado que se hizo desde el balcón presidencial “a rescatar al presidente”, que condujo a simpatizantes del gobierno a enfrentarse con una policía insurrecta, además de un análisis del propio operativo militar con el que se rescató al Presidente.

La conspiración

No puede refutarse la existencia de una serie de elementos que configuran una conspiración, incluyendo la presencia en el escenario del 30S de personajes vinculados a la oposición política, como Sociedad Patriótica en el Regimiento Quito, Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica en el canal de televisión pública, y toda la oposición junta en la Asamblea Nacional y luego en un hotel de la capital. Es difícil de creer que Fidel Araujo sólo estaba de paso por el sector de la Mariana de Jesús; tampoco es creíble que la diputada alterna social cristiana sólo estaba pidiendo respeto a la libertad de expresión durante el asalto a la televisión pública.

La presencia de esta serie de personajes de la oposición en los distintos lugares de las confrontaciones del 30S no puede ser coincidencia; al contrario, esto indica que al menos se intentaba dar forma a un plan que se venía estructurando de antemano y, en el 30S, o bien quisieron canalizar la revuelta policial hacia sus objetivos, o la revuelta policial era, en sí misma, un elemento esencial para lograr los objetivos de los conspiradores; en todo caso, el hecho constatable es que existía una conspiración en marcha y este hecho no puede ser refutable.

Algo poco conocido es el que el día anterior al 30S, en el Ministerio del Interior se hayan sorprendido de que todo el personal de inteligencia no haya acudido a laborar; pero solo se sorprendieron y no pudieron esbozar teorías sobre lo que estaba ocurriendo, pese que ya tenían informes sobre el descontento policial y la circulación de pasquines incitando a la revuelta. Es increíble que no se haya reaccionado frente a estas ausencias, lo que implica un severo grado de negligencia de funcionarios del Ministerio del Interior.

La Policía Nacional había mostrado molestias desde muchos meses atrás, pues fue muy desprestigiada por la serie de violaciones a los derechos humanos que fueron develadas por la Comisión de la Verdad, luego por la visita, en julio del 2010, del Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, quien ahondó más el descontento entre las filas policiales, pues en su informe la Policía también fue inculpada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y negligencia para investigar un sinnúmero de asesinatos a los que consideraba como “ajuste de cuentas”.

Todos estos elementos llevaron al gobierno a buscar una reestructuración total de la Policía Nacional, un objetivo que el gobierno se propuso desde el inicio de su mandato; pues se intentó reformar la estructura policial y, al menos, someterla al mando civil eliminando su autonomía jurídica. Gustavo Larrea, como Ministro del Interior, y aún antes, como miembro de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), había realizado ingentes esfuerzos para lograr una reestructuración integral de la Policía, sin mayores resultados.

La Policía Nacional se sentía acorralada; nunca antes se la había enfrentado a la verdad ni se había cuestionado sus formas de mando y promoción de sus liderazgos. Frente a esto se fraguaba la protesta, y se la planificaba desde muchas semanas antes. Para variar, también es increíble que nadie en el gobierno, ni los miembros de inteligencia policial o militar hayan advertido las molestias generadas al interior de la tropa policial, más aún, nadie había advertido que ciertos líderes policiales estaban dialogando con miembros de la oposición al gobierno. O al contrario, los cuerpos de inteligencia minimizaron, o ocultaron deliberadamente, estos antecedentes del 30S. ¿Hay algo que los haya inducido a esto? ¿Los conspiradores habían logrado penetrar los círculos, tanto políticos como de seguridad, cercanos al Presidente?

Cuando los oficiales medios y la tropa empezaron a romper la cadena de mando con sus superiores, a los que acusaban de no haberlos defendido frente a las acusaciones generadas; ya no solo la inconformidad era evidente, sino que ya se había propiciado un buen escenario para la conspiración. La Ley de Servicio Público sólo fue la gota que derramó el vaso.

De la situación al interior de las Fuerzas Armadas apenas se conoce la punta de su ovillo: la sublevación de un sector de la tropa de la Fuerza Aérea acantonada en la Base Aérea de Quito. Se argumenta que esta sublevación estaba planificada de antemano, pues las pancartas que se exhibieron en la protesta estaban perfectamente elaboradas y no eran improvisadas. Es lógico aceptar que en este sector también habían indicios de una conspiración y que la sublevación en el aeropuerto de Quito no fue una acción espontanea en respaldo a la tropa policial, aún cuando a favor de esta tesis se puede decir que el tipo de pancartas exhibidas, con los materiales a disposición, como un plotter, lona y palos, se pueden elaborar en menos de media hora.

El gobierno asegura que la fecha del 30S fue escogida porque el Vicepresidente de la República y el Presidente del Congreso Nacional estaban fuera de la ciudad, incluso se impidió su arribo al aeropuerto con el afán de, una vez capturado el Presidente, no pueda existir el orden de sucesión constitucional. Este detalle es interesante porque explica la actitud de este sector de la Fuerza Aérea acantonada en el aeropuerto de Quito e implica que la conspiración estaba consumada y solo se estaba esperando el momento preciso para echar a rodar toda esta maquinaria; sin embargo nos queda una pregunta: ¿la aprobación de la nueva ley de servicio público es coincidente con los planes de conspiración o realmente solo fue el detonante de una sublevación policial?

Por otra parte, habíamos afirmado que los documentales del 30S tienen un vacío, y este vacío es fundamental y debe ser analizado minuciosamente: ¿Qué pasó al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo reaccionaron sus mandos? ¿Estaba permeada por la conspiración?

Pongamos en el tapete algunos interrogantes que tienen que ver con el análisis de la cadena de pronunciamientos de la cúpula de las Fuerzas Armadas a lo largo del 30S, algo que no consta en ninguno de los documentales, salvo una sola intervención en “Muchedumbre 30S”.

Uno de los principales puntos de análisis debería ser la hora del primer pronunciamiento, éste es alrededor de dos horas después de conocerse los incidentes del Regimiento Quito, y en realidad es tardío, pues lo deseable es que los organismos armados reafirmen con toda nitidez y oportunidad su subordinación al poder civil.

Lo tarde del primer pronunciamiento indicaría que al interior de las Fuerzas Armadas hubo tensiones, lo que explica a su vez la insubordinación de la tropa en la Base Aérea de Quito, y que habían sectores que estaban participando de una conspiración para derrocar al Presidente; entonces la cúpula de las Fuerzas Armadas debía garantizar primero su cohesión internan antes de pronunciarse, pero al mismo tiempo, su silencio estaba enviando un mensaje: no todos estamos con el Presidente.

El fraccionamiento de las Fuerzas Armadas también explica la advertencia del mensaje militar: “que se considere la situación de la tropa”; no hablan de la tropa policial, hablan de una tropa en términos generales.

Todos estos elementos hacen innegable la existencia de una conspiración previa para derrocar al Presidente, no es necesario analizar los porqué de esta conspiración, pues la derecha tradicional no está conforme con haber perdido ciertos privilegios y con la emergencia de nuevos frentes de una derecha económica que si puede hacer negocios con el Estado al margen de cualquier ideología.

El secuestro

La existencia de una conspiración no necesariamente significa que ésta esté perfectamente estructurada y lista para aplicarse al momento que se presente el detonante adecuado, como pudo ser la aprobación de la nueva ley de servicio público que detonó la sublevación policial, cansada también de haber sido, y sin razón, cuestionada fuertemente durante este gobierno.

En este caso, la conspiración para derrocar al Presidente parece no haber estado lista y la sublevación policial apresuró los acontecimientos, de ahí que se intentó que ésta se convierta en el foco de un levantamiento que, junto a focos de conspiración ya acordados, puedan contagiar al resto de los órganos armados que aún no eran parte de este acuerdo y así se logre consolidar un levantamiento, o un caos social, que conduzca al derrocamiento del Presidente.

Correa también parece haber desconocido el escenario que se había formado en las última semanas (recordemos que en el Ministerio del Interior nadie interpretó el por qué de la ausencia de los agentes de inteligencia de sus puestos de trabajo en el día anterior) y creyó que podía solucionar el conflicto de manera personal, por eso acudió al Regimiento Quito, foco de la protesta policial, para querer dialogar con policías enardecidos y armados. En ocasiones anteriores Correa ya había dado muestra de su ímpetu para querer solucionar los conflictos de forma personal, pero el querer hacerlo con un cuerpo armado y sin cadena de mando es un acto de imprudencia total.

No es seguro que los conspiradores hayan considerado el carácter del Presidente y esperasen que éste concurriese al regimiento Quito, pues de ser así, podrían haber preparado de mejor manera el secuestro del Presidente y ser más efectivos en sus sistemas de presión y maniobra política para lograr el derrocamiento. Es más probable que los conspiradores no esperaban este acto del Presidente y, al no estar delineada la totalidad de la conspiración, debieron ir inventando la hoja de ruta a lo largo de la mañana del 30S, en donde el secuestro del Presidente se les presentó como una brillante oportunidad para conseguir sus objetivos, más no como un acto planificado con anterioridad, lo que ya rompe con la teoría de la existencia de un plan de magnicidio.

En el documental “Muchedumbre 30S” se asegura que la guardia personal del Presidente había sido neutralizada, pero sus imágenes dicen otra cosa, presentan a una guardia presidencial desorientada, sin capacidad de respuesta efectiva, llevando al Presidente de un lugar a otro, hasta finalmente llevarlo al hospital de la policía.

El momento en que el Presidente es golpeado y está bajo los efectos de los gases lacrimógenos, su cuerpo de seguridad comete un error increíble, pues en lugar de sacarlo del foco de conflicto, optaron por llevarlo a la institución hospitalaria de la misma policía y el mismo lugar de los hechos, esto permitió el secuestro del Presidente, al mismo tiempo que daba pie para las afirmaciones de que el Presidente no fue secuestrado, sino que fue al hospital por su propia voluntad, o por voluntad de una guardia de seguridad desonrietada.

La respuesta profesional que debe dar un cuerpo de seguridad para proteger la vida y la integridad física de la persona bajo su cargo, en el escenario que el Presidente debió vivir en el Regimiento Quito, muchas veces debe ir por encima de los propios deseos de su protegido; en este caso, la respuesta acertada del cuerpo de seguridad del Presidente debió ser el sacarlo de todo el complejo policial. Hay alternativas de asistencia médica cerca al complejo policial de la Mariana de Jesús que podía haber reaccionado frente a la asfixia y los dolores de la pierna lesionada del Presidente.

La crónica del documental al que nos referimos da cuenta de la llegada de patrulleros y motocicletas policiales para bloquear la salida de la comitiva presidencia, pero de ninguna manera justifica el error cometido por el cuerpo de seguridad del Presidente, pues esta llegada se produce mientras la guardia presidencial camina errante al interior del Regimiento Quito, arrastrando consigo al Presidente; este error entregó en bandeja de plata el cuerpo del Presidente a los conspiradores y a los policías sublevados, desencadenando a su vez los nuevos acontecimientos de la tarde y noche del 30S.

En contraposición a las acciones del cuerpo de seguridad del Presidente, “Muchedumbre 30S” presenta el testimonio de Fernando Alvarado, cuyo cuerpo de seguridad si actuó profesionalmente, pues lo sacó del foco del conflicto, pese a que Alvarado deseaba llegar donde el Presidente para acompañarlo.

La configuración de un delito de secuestro al menos tiene dos elementos: el encierro (pérdida de libertad) y el pedido de rescate para liberación del detenido; y en este caso existen los dos elementos: el primero, pese a ser propiciado, en primera instancia, por su guardia personal, constituye el encierro, pues el Presidente permanece en un edificio rodeado por policías que impiden su salida, policías que incluso estaban al interior de las instalaciones del hospital policial; el segundo elemento es el rescate que se pide a cambio de su libertad, este rescate no necesariamente debe ser dinero, pues puede ser también la exigencia de determinadas acciones; en este caso, se exigía al Presidente la firma de un acuerdo de amnistía a los policías sublevados y la revocatoria de la ley de servicio público.

Debemos afirmar entonces que el Presidente efectivamente estuvo secuestrado y que hasta este momento las cartas eran favorables a los conspiradores.

El rescate

En una sublevación de un órgano armado existe un punto de inflexión, un punto de “no retorno”, y muchos de los policías insubordinados en el 30S cruzaron ese umbral y empezaron a jugarse “al todo o nada”, quizá azuzados por conspiradores, o quizá conscientes de que en este juego las apuestas no tienen términos medios y debían lanzarse a ganar, a cualquier costo, pues una pérdida en una sublevación implica la pérdida de todo un proyecto de vida.

El secuestro del Presidente animó a los conspiradores, pero también desató la euforia entre los policías, una euforia que los llevó a plantear incluso el asesinato del Presidente, tal como se escucha en las transmisiones de la policía, así, una conspiración no acabada se encaminaba hacia el magnicidio, y no pocos conspiradores debieron estar frotándose las manos con esta posibilidad.

Es en este punto en el que entran en juego dos actores, las movilizaciones de respaldo al Presidente, aunque en algunos testimonios se habla solo de “defensa de la democracia”, y la decisión de las Fuerzas Armadas de mantener el orden constitucional y obedecer la cadena de mando, reconociendo al Presidente Rafael Correa como su Comandante en Jefe.

La historia en el Ecuador nos ha enseñado que las Fuerzas Armadas, que antes constitucionalmente se denominaban “garantes de la democracia”, han sido quienes han decidido quien ejerce las funciones de presidente, al reconocerlo o desconocerlo. Podemos recordar la historia reciente, durante los derrocamientos de Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez. En estos derrocamientos, son los militares quienes han decidido quienes continúan en el poder, luego el Congreso Nacional ha intentado dar visos de legalidad a la decisión militar.

El pronunciamiento militar que marca la dirección del conflicto, al reconocer la cadena de mando, se produce a eso de las dos de la tarde y desbarata los planes de los conspiradores, quienes empiezan a ponerse a buen recaudo y a exigir amnistías para los policías sublevados, pues una amnistía a los policías marcaba la pauta de una posible amnistía para los conspiradores, si es que se lograba identificarlos y probar su participación.

Luego se retoman las actividades en el aeropuerto de Quito y paralelamente los comandos provinciales de la policía también empiezan a reconocer la cadena de mando. Había destacamentos policiales, como el de Lago Agrio, que estaban rodeados por simpatizantes del Presidente, y no pocas voces proponían incendiar el destacamento policial. El caos generado en Guayaquil por los saqueos obliga a este comando provincial a deponer su actitud y volver a sus funciones. La sublevación policial se reduce entonces a su foco inicial: el Regimiento Quito.

Por su parte, el equipo de gobierno empieza a movilizarse al igual que las personas que deseaban defender la democracia y el orden constitucional. Como una gran parte de esta multitud defendía al Presidente, pero otro sector defendía el orden constitucional, era necesario unificar el objetivo de la movilización social. De eso se encargó el Canciller Ricardo Patiño con su llamado: “vamos a rescatar a nuestro presidente”.

El llamado de Patiño rompe con esquemas básicos del Estado, pues es el Estado es el ente encargado de regular los conflictos a su interior, a través del accionar de sus instituciones, incluyendo el accionar de los órganos armados. El incitar a la población a enfrentarse a un órgano armado sublevado constituye una violación a un derecho básico de las personas, como es la vida y la integridad física.

Las más fuertes confrontaciones de la policía con la sociedad civil se dan luego de la arenga de Patiño y con policías que habían ya cruzado el umbral del no retorno de la sublevación y que estaban dispuestos a mantener su posición a cualquier precio.

La sociedad ecuatoriana ha demostrado ser una sociedad de lucha, que no ha dudado en recurrir a la movilización social para defender sus derechos y que tampoco ha dudado en enfrentarse con los órganos armados del Estado cuando se ha visto traicionada por quienes prometieron defenderla. Los últimos derrocamientos de presidentes se los ha hecho en el marco de una movilización social que ha debido enfrentar la represión de los gobernantes electos, una represión cuyo brazo ejecutor ha sido la policía y, en ciertas circunstancias, los militares. En estas ocasiones, es el gobierno, en su totalidad, el que ha entrado en confrontación con una sociedad civil y ha usado la represión para intentar mantenerse en el poder; en tanto que la permanente movilización social ha ido fraccionando la cohesión de las órganos armados hasta inclinar la balanza a su favor y lograr, primero, la ruptura de la línea de mando, y luego ese pronunciamiento militar que define el destino de los gobernantes: “quitamos el respaldo”

La situación producida en el 30S no es una confrontación de la sociedad civil con la estructura armada del gobierno, que caracterizó a los tres derrocamientos presidenciales anteriores, sino que es un conflicto en un sector, o diversos sectores, armados del gobierno que se sublevan contra la institucionalidad del propio gobierno; un gobierno que, superadas las ambigüedades de la mañana, consolida la cadena de mando al inicio de la tarde. La sociedad civil, incitada a participar en esta confrontación, se convierte en un elemento mediático que justificaría las acciones que el gobierno empieza a planificar para lo que resta de la tarde y noche del 30S.

A partir de las dos de la tarde se configura un nuevo escenario político, esta vez favorable al Presidente y al orden constitucional, basado en los siguientes elementos:

1. El apoyo militar y el reconocimiento de la cadena de mando, liderada por el Presidente como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas

2. La sublevación policial reducida a un solo sector

3. Una movilización social canalizada para respaldar al Presidente y al proceso democrático

A estos elementos se puede sumar uno nuevo que lo devela el propio Presidente en el documental “Muchedumbre 30S, y es el ingreso de un cuerpo de policía élite, como es el Grupo de Intervención y Rescate, GIR.

El Presidente narra que los miembros del GIR debieron afirmar que iban al hospital policial para matarlo y que por eso los policías sublevados permitieron el ingreso de este escuadrón, incluso en este documental es clara una voz que dice “déjenlos pasar, son compañeros”; pero este escuadrón, una vez adentro, dio la vuelta y develó su verdadero interés: proteger al Presidente. Es evidente en las imágenes ver la sorpresa de los policías sublevados al empezar a ser desalojados por miembros del GIR.

Con cuatro ases en este complejo juego político, y asegurada su protección por el GIR y su propio cuerpo de seguridad, surge una pregunta: ¿por qué no se negoció con los sublevados para lograr una salida sin la violencia que se vivió en horas de la noche?

Algunos compañeros periodistas que estuvieron al interior del hospital policial dan cuenta que habían policías dispuestos a asesinar al Presidente mezclados con aquellos que deseaban terminar con el conflicto: la calle de honor para la salida del Presidente podría convertirse en una trampa, por eso falla el primer intento de su salida. Si la situación estaba tan compleja, se hace más apremiante la necesidad de negociar. Entonces insistimos en nuestra pregunta: ¿por qué no se negoció?

Una negociación para resolver un conflicto no implica el olvido de las responsabilidades ni una amnistía automática, implica una búsqueda de elementos que permitan, primero, reducir la tensión y desarticular aquellos dispositivos que podrían aportar a un escalonamiento del conflicto; luego implica el analizar las posiciones de las partes y llegar a un acuerdo, ojo, estamos hablando de un acuerdo, no de un “borrón y cuenta nueva”.

Las negociaciones en un conflicto de esta naturaleza pueden llevar más tiempo que una opción violenta, pero fortalecen a sus actores, pues los muestra como capaces de llegar a consensos en el peor de los escenarios. En una solución negociada existen réditos políticos para todos los implicados en el conflicto, pero fundamentalmente el mayor rédito político lo lleva quien ostenta el poder, el que podría “llevar las de ganar”, pero que es capaz de reducir los niveles de confrontación y no imponer su particular visión del escenario del conflicto y la fórmula de solución; es decir, en este caso concreto, el mayor rédito político lo habría llevado el Presidente.

Hay que resaltar además que entrada la noche, el llevar a cabo una posible negociación ya se debía dar únicamente con un grupo de policías sublevados, pues quienes llevaron adelante la conspiración que no cuajó comprendieron su derrota tras el pronunciamiento militar y, al no surtir ningún efecto mediático su última y desesperada acción, la toma del canal de televisión pública, abandonaron todos los escenarios que habían construido durante el día.

El mensaje

Los golpes de Estado son exitosos luego de algunas intentonas fracasadas, ésta es otra de las enseñanzas que nos da la historia latinoamericana de golpes de Estado; entonces, si este intento de golpe de Estado en el 30S fracasó, había que curarse por lo sano y enviar un mensaje, “fuerte y claro” como acostumbra decir la diplomacia gringa, para quienes deseen insistir en nuevas conspiraciones para derrocar al Presidente.

El mensaje fue entendido: no habrá diálogo, la solución será militar, y a cualquier costo.

Como ya lo habíamos afirmado, los documentales que se han presentado desde el 5 de junio en adelante, calla sobre las fricciones militares antes de su pronunciamiento de la tarde, no menciona los preparativos del rescate, iniciados inmediatamente después del último pronunciamiento militar, y solo nos lleva al momento del ataque militar, aclarando que ya en este momento los medios de comunicación televisivo se desconectaron de la señal del canal público que había mantenido una señal exclusiva y había obligado a todos los demás medios a enlazarse a su señal.

¿Por qué se dejó que los canales de televisión hagan sus propias coberturas del ataque militar? ¿Acaso esto permitía una mejor cobertura, con múltiples cámaras y desde diversos ángulos de visión?

Surgen una serie de preguntas sobre lo mediático del ataque militar y los canales, siempre ávidos de exclusivas, parecen que cayeron en una trampa: difundir el mensaje gubernamental: no habrá diálogo, la solución será militar, y a cualquier costo.

Con todas estas coberturas en vivo volvieron las imágenes de lo sucedido en Dayuma, en donde también se dio el mensaje de lo que vendría después si se insiste en la protesta social, y efectivamente, después de Dayuma vino Mollecturo, en Azuay, el desalojo de los armeros en Chimbo, los mineros artesanales en Zamora, entre otros actos de represión.

Entonces el mensaje presidencial para futuros conspiradores está claro y fuerte, transmitido en horario “Triple A” para toda Latinoamérica. Quien no haya entendido el mensaje, que se atenga a las consecuencias

Las investigaciones y los juicios

Las investigaciones y juicios que se han instaurado parecen haber tenido una dirección: fortalecer la imagen presidencial en base a la formulación de cargos por intento de magnicidio y que no van al meollo de lo sucedido el 30S, de ahí que los jueces, ante la falta de pruebas de la fiscalía que demuestre este intento de magnicidio han debido dejar libres de uno en uno a los policías implicados, y a otros que pudieron no estar implicados pero que estaban presos, en tanto que sectores gubernamentales se rasgan las vestiduras argumentando que para los jueces no existe el 30S.

Ante el último caso que estaba en manos de la justicia, el gobierno debió recurrir a lo que mejor sabe hacer: la publicidad. Hemos visto documentales en donde las víctimas del 30S cuestionan a la justicia porque, dicen: “para ellos no existió el 30S”

El efecto de la publicidad es impresionante, no solo porque refuerza la intención presidencial de sostener una sola línea de investigación, sino porque vemos a nuestros propios amigos, activistas de siempre, sangrando en el lugar de los hechos, y luego, en sus testimonios, reclamando la tan anhelada justicia.

El 30S existe, o existió, y tiene 5 muertos en Quito, 5 en Guayaquil y cerca de 300 heridos según los documentales; y si existió, existen responsables, pero esas responsabilidades empiezan a diluirse porque a un gobierno le interesa más su imagen que el buscar la verdad, o el buscar la verdad puede abrir aristas de investigación que tocan las puertas de quienes aún tienen el poder de remecer el escenario político.

La resolución judicial del caso de los policías de la Escolta Legislativa ha escogido el eslabón más débil de la cadena de sucesos del 30S, el eslabón más visible, la “cabeza de turco” o el “chivo expiatorio”. Es probable que tengan responsabilidad en el 30S, pero no son los únicos ni son los que mayor responsabilidad tienen. Hay responsables de la sublevación policial, hay responsables de una conspiración en marcha, pero también hay responsables por los errores de tipo político y logístico que dieron cuerpo al enfrentamiento armado entre policías y militares, con costos que no queremos volverlos a tener.♦