Por Pedro Rioseco

Quito, 13 jul (PL) La proclamación de los resultados oficiales del referendo y consulta popular del 7 de mayo en Ecuador abre puertas a la reestructuración del sistema judicial ordenada por mandato popular, y a incrementar la lucha contra la corrupción e inseguridad.

Así lo consideró el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, al calificar el resultado, esperado por más de dos meses por maniobras de la oposición, de un paso fundamental para concretar los cambios en la reestructuración de la justicia y la lucha contra la corrupción.

Las 10 preguntas de la consulta popular, todas aprobadas, proponen también la penalización del enriquecimiento privado no justificado, por lo cual Patiño dijo que ahora se podrá extraditar a quienes estafaron al país en 1999 durante el llamado «feriado bancario».

«Ahora esos que se enriquecían ilícitamente tendrán mejor que buscar otro lugar, (porque) aquí los vamos a perseguir como delincuentes. Aquí ya no hay ese marco, ese paraguas, que favorecía la impunidad», dijo Patiño.

Otro de los temas que resaltó el también miembro del buró político del gobernante Movimiento Alianza PAIS, es la intención del Gobierno de reestructurar el sistema de justicia.

«Todo el mundo reconoce que el sistema de justicia está colapsado. Y ahora, como el Presidente Rafael Correa ha dicho: no vamos a meter la mano en la justicia sino en la injusticia, en la corrupción, para que eso se supere», subrayó.

El Canciller deploró la serie de obstáculos que puso la oposición, antes, durante y después de la consulta, con apelaciones e impugnaciones que retrasaron la proclamación de los resultados, pese a que el Consejo Electoral concluyó el escrutinio el 18 de mayo.

Uno de los primeros cambios a implementar es la conformación de un Consejo Tripartito que sustituye al Consejo de la Judicatura y, en 18 meses, tiene el encargo de reestructurar todo el sistema de justicia.

Este Consejo Tripartita estará conformado por un delegado del Ejecutivo, uno de la Asamblea y un representante de la Función de Transparencia y Control Social, y el actual Consejo de la Judicatura dejará de existir con la publicación en el Registro Oficial de los resultados de la consulta popular.

El Presidente Correa designó como delegado del Ejecutivo a Paulo Rodríguez, ex director del Registro Civil. La Asamblea Nacional comienza hoy sus debates para elegir un representante por mayoría simple, y en breve debe hacerlo la Función de Transparencia.♦