Managua, (PL) La Fiscalía General de Nicaragua anunció hoy que investigará las cuentas bancarias en el país de un candidato a diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacén), actualmente preso en Estados Unidos acusado de delitos económicos.

El diputado Alejandro Solórzano, quien aspira a conseguir un nuevo mandato en las elecciones del 6 de noviembre próximo, fue detenido a mediados de junio último en Los Angeles, durante una escala en esa ciudad estadounidense en un viaje hacia la isla china de Taiwán como integrante de una delegación del Parlacén.

Desde entonces, el político nicaragüense, que aparece entre los candidatos al Parlacén por las formaciones integradas en la alianza encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), permanece encarcelado en espera de ser juzgado por delitos económicos no muy bien esclarecidos hasta ahora aquí.

Según informó hoy el fiscal electoral Armando Juárez, la investigación de la Fiscalía buscará determinar si existe algún uso ilegal de los fondos que se destinan a la campaña electoral de la alianza PLI.

Medios de prensa capitalinos han especulado con la posibilidad de que Solórzano haya realizado en Estados Unidos actividades de lavado de dinero u otras acciones para conseguir fondos para financiar la campaña electoral de ese grupo político.

Esta investigación coincide con el anuncio hoy de la aprobación por el Consejo Supremo Electoral (CSE) de un reglamento de Ética que se aplicará a todos los partidos, funcionarios y candidatos vinculados con las elecciones de noviembre de este año.

Según se dijo, el reglamento protege la dignidad de los funcionarios públicos y de los candidatos, prohíbe a los medios de comunicación distorsionar la propaganda y exhorta a no difamar, injuriar o calumniar durante el desarrollo de la campaña.

El reglamento tiene una finalidad eminentemente educativa y sólo contempla sanciones administrativas, pero si es violado en tres o más ocasiones, puede dar origen a procesos por delitos electorales, dijo Julio Acuña, director de atención a los partidos políticos del CSE.

La norma -dijo- prohíbe usar calificativos insultantes, epítetos o referencias degradantes a la persona, al nombre y apellidos de los candidatos y a su familia, y sanciona la destrucción de propaganda electoral o propiedad privada.

Además, faculta al CSE para aprobar, en coordinación con la Policía, los mítines de los partidos durante la campaña electoral, que comenzará oficialmente el 20 de agosto y concluirá el 2 de noviembre, aunque en la práctica, desde hace semanas todas las formaciones políticas iniciaron el despliegue de su propaganda.♦