Quito,  (PL) El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reiteró hoy su advertencia a los legisladores que no respeten el mandato popular del referendo y la consulta realizada el pasado 7 de mayo, donde triunfó en todas las preguntas la propuesta del Ejecutivo.
Al juramentar a la nueva secretaria nacional del Migrante, Betty Tola, Correa señaló que «una consulta no es un juego», al referirse a los asambleístas que boicotearon la designación del delegado de la Asamblea al Consejo de la Judicatura transitorio.

Según la propuesta aprobada en las urnas, este Consejo debe estar integrado por un delegado del Ejecutivo, uno de la Función de Transparencia y Control Social y uno de la Asamblea Nacional.

La oposición legislativa logró armar una nueva mayoría coyuntural y cambió el orden del día en la sesión en la que estaba previsto que el pleno de la Asamblea nominara a su representante, punto que se tratará nuevamente este martes.

Correa reiteró su advertencia de decretar la muerte cruzada si persiste el boicot a aplicar los resultados de la consulta, mecanismo constitucional que le faculta a disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales de legisladores y de presidente.

Igualmente se comprometió a impulsar personalmente la revocatoria de al menos tres asambleístas: Washington Cruz, Jimmy Pinoargote y César Gracia, quienes, según expresó, han traicionado el mandato que le dieron los ciudadanos en las urnas.

Otro de los instrumentos al que dijo el Mandatario ecuatoriano que recurriría en caso de que se mantenga el bloqueo en la Asamblea sería la figura legal de desacato al mandato expresado en las urnas.

«Tenemos las armas, nos las da la nueva Constitución, para que aquellos que traicionaron el mandato popular sean sancionados por el mismo pueblo que los eligió, revocándoles el mandato, y utilizaremos esos instrumentos democráticos», aseguró.

Advirtió también que si la oposición logra aprobar las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que crea seis nuevas comisiones y una carga burocrática que significa para el Estado un gasto anual de más de 15 millones de dólares, las someterá a consulta popular.♦