Hernán Darío «el Bolillo» Gómez finalmente renunció a ser el director técnico de la Selección Colombia. Lo hizo ante la presión mediática y atendiendo la solicitud que también le hicieron varias congresistas después de que se conoció que le había pegado a su compañera de fiesta. Así, el «Bolillo» Gómez se convirtió en un símbolo inesperado de la violencia contra las mujeres, un tema que más allá del ruido mediático y de las declaraciones oficiales, sigue sin ser atendido con una verdadera política pública de prevención y castigo a los maltratadores de mujeres.
Hace dos años, en 2008, la bancada de mujeres en el Congreso impulsó una ley contra la violencia y discriminación contra las mujeres que es revolucionaria en muchos sentidos.
La ley es amplia y generosa con las mujeres violentadas: les reconoce su derecho a recibir atención, asesoría jurídica gratuita y a decidir si quiere confrontar directamente al agresor.
También le ordena a varios ministerios tomar medidas en el asunto: al de Justicia, regular las sanciones y las medidas de protección para las mujeres víctimas; al de Comunicaciones, elaborar programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres; al de Educación, incorporar programas de formación sobre los derechos de las mujeres; y al de Protección Social, actualizar los protocolos de atención a mujeres maltratadas en las instituciones de salud e incluir en el POS las actividades de atención a las víctimas.
Esta ley, como casi todas, ha sido menos progresista en la práctica. Para comenzar, aunque la ley fue aprobada en el 2008, aún no se ha reglamentado.
En la legislatura pasada, la bancada de mujeres citó al Ministro de Protección Social, Mauricio Santa María, para saber qué tanto había avanzado en la reglamentación de la ley. «En el debate, el Ministro dijo que estaban conformando unos Comités Regionales con las autoridades locales para hacer la reglamentación», dijo a La Silla la Representante del Mira Gloria Estela Díaz. «La pelota está en las manos del Gobierno ahora, nosotras como bancada ya aprobamos la ley, pero la reglamentación solo la puede hacer el Ministerio», dijo Díaz.
En la Alta Consejería de la Mujer de la Presidencia, vacante que Juan Manuel Santos se demoró un año en llenar, explicaron a La Silla Vacía que están trabajando con todas las entidades del gobierno y organizaciones de mujeres para reglamentar la norma. Y que antes de diciembre estarán listos dos decretos: uno de justicia que reglamenta los lineamientos técnicos para tramitar las denuncias de violencia y ante quién se debe hacer y uno del Ministerio de Protección Social que contempla medidas para prevenir la discriminación laboral de mujeres.
Los puntos más revolucionarios y que habrían hecho una gran diferencia para las mujeres siguen en discusión. Uno de ellos, el más polémico, es el que le ordena a las EPS a pagarle a las mujeres golpeadas el desplazamiento y el hospedaje para ellas y sus hijos después de ser golpeada como una forma de protección inmediata frente a su agresor.
El problema de esta norma –desde el punto de vista del Ministerio de Protección Social– es que le asigna al sistema de aseguramiento en salud una competencia que no está contemplada dentro de las funciones de aseguramiento de enfermedades. En parte porque la violencia contra la mujer no es una enfermedad.
«Esto es importante para poder denunciar, una mujer no va a decir qué sucedió si luego tiene que volver a casa», explica Claudia Ramírez, de Sisma Mujer.
Aunque la norma fue demandada por varias EPS, que argumentaban que no podían brindar servicios de hotel, sino solo de salud, la Corte Constitucional ratificó su exequibilidad e igual lo hizo la Reforma a la Salud que fue expedida este año. Pero este punto está lejos, lejísimos, de lograr un consenso.
El Ministerio de Protección Social tampoco ha podido incluir en el POS las actividades de atención a las víctimas que exige la ley porque, para meter un componente en el POS, se necesitan estudios de prevalencia, estudios epidemiológicos y estudios financieros que nadie tiene. Tampoco hay guías específicas todavía para que las instituciones de salud atiendan a las mujeres maltratadas. El Ministerio ha elaborado guías sobre la atención de las 25 enfermedades más prevalentes. Pero, otra vez, la violencia contra las mujeres podrá ser endémica en este país, pero no es una enfermedad.
Por esto, el Ministerio ha propuesto en las mesas de trabajo de la reglamentación de la ley que estas obligaciones sean financiadas con recursos por fuera del sistema de aseguramiento o con recursos de otras entidades como Acción Social o el Icbf. El problema es que el Icbf ya se ve a gatas para, por ejemplo, pagar más refrigerios a los niños para garantizar que por lo menos vayan al colegio y tengan qué comer.
«El más adelantado es el decreto de Justicia que aún no ha salido. Pero de los otros decretos solo se dice que siguen en proceso», dijo La Silla Vacía, Claudia Ramírez de la organización Sisma Mujer. Ramírez hace parte de la Mesa de Seguimiento a la ley 1257 junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras organizaciones de mujeres. Y el seguimiento no ha sido fácil por dos razones.
Uno, porque no todos los casos de violencia contra las mujeres –ya sea que sean golpeadas, violadas o asesinadas– son denunciados. En un informe de Medicina Legal, se estima que solo se denuncia el cinco por ciento de los casos. Y dos, porque Medicina Legal se demora en entregar las cifras.
En este mes, Sisma Mujer recibió las cifras de 2010, y todavía no se sabe nada de las de 2011. Así que saber si bajaron o subieron los casos de violencia contra las mujeres no es posible. Lo que se sabe, por las cifras del 2009, es que la violencia contra ellas sigue altísima.
En 2009, hubo 54.192 casos de violencia contra las mujeres en parejas, 128 casos de mujeres asesinadas por razones asociadas a su género y 17.953 casos de violencia sexual. Estos son los denunciados, es decir que probablemente hay casi cinco veces más (ver estudio de Sisma Mujer).
«Nosotras vemos que la ley ha tenido una ganancia en el tema pedagógico, de hablar que aquí hay un problema cultural. La reacción de lo del «Bolillo» puede verse como un éxito en favor de la mujer», dijo Ramírez a La Silla Vacía. «Pero en la efectividad, no es tan claro».
Parte del problema de definir una verdadera política nacional de equidad de género –una obligación que la Bancada de Mujeres en el Congreso metió en el Plan de Desarrollo para ver si ahora sí se logra y la Consejera para la Mujer, Cristina Plazas, se comprometió a lanzar en marzo del 2012– es que exige un trabajo interministerial y no solo a nivel nacional sino local.
“Queremos incidir en los planes de desarrollo locales, volviendo obligatorio incluir un capítulo de prevención y atención de violencia contra las mujeres”, dijo Fernanda Benavides, quien desde la Alta Consejería de las Mujeres lleva más de un año trabajando en la reglamentación de las mujeres.
Cuando una mujer es golpeada y tiene suficiente fuerza o rabia para poner la denuncia tiene dos alternativas: ir a la Casa de la Justicia, o a la Comisaria de Familia. En Bogotá hay solo cinco Casas de la Justicia, todas financiadas con plata de cooperación internacional de la AID, que suelen tener un psicólogo que hace lo que puede.
También puede ir a la Comisaria de Familia –que a veces está en la Casa de la Justicia. Algunos comisarios son buenos y comprometidos pero muchos son cuotas políticas del Alcalde, quien está a cargo de este nombramiento y pone en ese puesto a gente que no necesariamente es sensible frente a esta problemática.
Medicina Legal tiene un protocolo para atender a las mujeres maltratadas y también la unidad especial de la Fiscalía. Pero en varios estudios que se han hecho se ha demostrado que en general a las mujeres que denuncian les va mal.
Los comisarios, o los fiscales que atienden sus casos tienden a mandar a las mujeres a conciliar aunque la ley dice que la violencia no es conciliable. Pero entonces, lo pasan como ‘conflicto familiar’ y no como violencia, lo cual les permite cumplir sus cuotas de cumplimiento.
También se ha encontrado que reproducen sus prejuicios machistas. Un estudio del Cijus, de la Universidad de los Andes, que está todavía en proceso, ha encontrado que los funcionarios les dicen a las mujeres cosas como que la casa es de él y que por lo tanto no lo pueden echar; o que “por lo menos le está ofreciendo una platica” o incluso que “agradezca que por lo menos reconoció que le pagaba mientras que otros lo niegan”.
El problema de fondo, según una experta en el tema, es que no hay un conocimiento verdadero de la problemática de la violencia contra las mujeres en Colombia, que no es igual a la de Estados Unidos, que es nuestra referencia. En Colombia, por ejemplo, más de la mitad de los pobres son dueños de su propia casa y parte de la razón por la que la mujer se queda con el abusador es por miedo a que, si abandona la casa, la pierde. Esa es una de las conclusiones preliminares del estudio del Cijus.
En general, no hay información precisa sobre el tema y tampoco un seguimiento sistemático de los casos.
“Hay mujeres golpeadas a las que el maltrato las deshizo. Pero la mayoría de mujeres que son agredidas no se dejan y con lo que tienen tratan de mejorar su situación. Por eso es clave una política pública que construya sobre las soluciones que ellas ya encuentran en sus propias vidas,” dice Julieta Lemaitre, quien ha estudiado el tema desde varios ángulos.
Tocará ver si el caso «Bolillo» se queda en el titular de su renuncia o si de verdad es un augurio de que este país por fin se tomará en serio la violencia contra las mujeres./La silla vacia
RM
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