Además de los asesinatos, la violencia contra los políticos incluyó 87 amenazas, 22 atentados y 7 secuestros.(Archivo)

El asesinato de candidatos para las elecciones regionales del próximo domingo en Colombia aumentó 52 por ciento con respecto a los anteriores comicios de 2007, y los actos de violencia en general contra los postulantes se incrementó 52 por ciento.

Entre el 2 de febrero y el 20 de octubre se registraron en Colombia 41 asesinatos de candidatos para las elecciones a gobernadores, alcaldes y diputados regionales, lo que equivales a un aumento del 52 por ciento con respecto a 2007, según un informe del la Misión de Observación Electoral (MOE), difundido este lunes.

El estudio informó que en ese período hubo 157 actos violentos hacia candidatos contra los 149 episodios de 207, lo que significó un aumento del 5 por ciento.

Además de los asesinatos, la violencia contra los políticos incluyó 87 amenazas, 22 atentados y 7 secuestros.

El 67 por ciento de los actos violentos recayó sobre candidatos del oficialista Partido de la U, al que pertenece el presidente Juan Manuel Santos, seguido por los partidos tradicionales Conservador, con el 41 por ciento, y Liberal, con el 29 por ciento.

Los candidatos más afectados por la violencia política son lo que aspiran a las alcaldías con 97 registros, seguidos por los aspirantes a los consejos municipales con 41, asambleas departamentales con 8 y gobernaciones con 7.

En 20 de los 147 municipios donde se registraron los hechos de violencia hay presencia del grupo guerrillero FARC y en otros 20 se sabe de actividades de las denominadas bandas criminales, integradas por ex paramilitares y narcotraficantes.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, explicó que a ese grave panorama de violencia se suma que “uno de cada tres municipios del país tiene alguna presión que afecta el proceso electoral”, comointereses de políticos corruptos, de bandas criminales y de los grupos guerrilleros por “capturar” el poder esas regiones en busca de sus recursos económicos a través de alianzas comunes.

León Valencia, director de la ONG Arco Iris, evaluó que el deseo de los actores armados ilegales y de los políticos corruptos de instalarse en esos municipios en riesgo es quedarse con el “botín” que significarán las grandes regalías producto de la extracción de petróleo y minerales que se prevé en los próximos cuatro años.

A ellos se suman, según los dos expertos, el interés de esas “mafias” por impedir que se concrete la Ley de restitución de tierras que pretende regresarle las hectáreas expropiadas por la violencia a miles de campesinos en varias regiones del país.

Los colombianos están convocados a las urnas el 30 de octubre próximo para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas regionales entre unos 100 mil candidatos inscritos ante la autoridad electoral./La Radio del Sur /Agencias

RM