Neirlay Andrade

La mirada está puesta sobre los colombianos este fin de semana: 30.689.254 de votantes elegirán a 32 gobernadores, 1.102 diputados, 12.063 concejales, 418 diputados y 4.627 ediles (miembros de juntas administradoras locales) para el período 2012-2015.

A la claridad del mapa electoral –el Consejo Nacional Electoral ha dispuesto 91.197 mesas, distribuidas en 10.271 centros de votación– la atraviesa una trama opaca de irregularidades que entreteje el conflicto armado con los hilos más sutiles de corrupción.Las denuncias varían desde el incumplimiento de requisitos para postularse a cargos público, hasta la compra de jurados. A cuatro días de celebrar las elecciones, la Registraduría General advertía que 63 aspirantes, 22 candidatos a gobernadores y 41 a alcaldías, no habían declarado su patrimonio, tampoco sus movimientos de cuentas.

Las sospechas sobre los jurados irrumpieron en la escena pública colombiana el 22 de septiembre cuando el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, denunciara la manipulación de las listas de jurados como una pequeña guardería que es centro de votación y presentó más de 80 jueces de votación.

En Colombia la postulación de jurados está condicionada por la cantidad de personas que trabjen en la sede laboral o de estudio escogida como centro de votación.

Las investigaciones de Sánchez cerraron con el cambio de jurados en seis departamentos del país, acusados de haber recibido sobornos.

El otro hilo del entramado de irregularidades se detectó desde abril, cuando 67 municipios neogranadinos registraron un incremento desmedido de registro de cédulas. De acuerdo a un reportaje de la revista Semana, en una semana, el Consejo Nacional Electoral sacó de circulación 465 mil cédulas.

El investigador de la Organización No Gubernamental Nuevo Arcoiris, Ariel Ávila, informó esta semana que en el órgano electoral neogranadino sólo se atendieron 33% de las denuncias.

La falsificación de documentos es parte del proceso de transhumancia que según el argot colombiano, es la migración de votantes a centros electorales donde hay mayor regalía petrolera o son puntos medulares de los pasajes del narcotráfico como Jamundí, en el departamento Valle; Sogamoso, en Boyacá; La Jagua de Ibirico, en Cesar, y Castilla la Nueva, en Meta.

Según la Registraduría del país ese delito «está tipificado como una conducta punible por el artículo 389 del Código Penal, con pena de 4 a 9 años de prisión, y el falso testimonio es sancionado por el artículo 442 del citado código con pena de prisión de 6 a 12 años».

En Maicao, frontera con el estado venezolano Zulia, la transhumancia superó las 12 mil personas y en Puerto Colombia, que cuenta con 27 mil habitantes los votantes son 29 mil.

Contratistas, parapolítica y guerrilla

Al menos 75 municipios estuvieron bajo el ojo del despacho del Interior, luego de que la ONG Arcoiris alertara sobre los posibles vínculos entre los candidatos y los grupos paramilitares.

En julio, se aprobó un instrumento que reformó los aspectos de financiamiento de campañas electorales. Con la ley estatutaria de Partidos y Movimientos Políticos se prohibió financiar candidatos a empresarios que reciben más de 50% de sus recursos del Estado colombiano; tampoco pueden aportar más de 10% del límite de gastos de campaña dispuestos por el Consejo Nacional Electoral.

A pesar de esta medida, el reportaje de la revista Semana revela que 870 aspirantes a cargos públicos, la mayoría candidatos a concejales, fueron inhabilitados por tratos irregulares con contratistas.

No todos los casos denunciados fueron sancionados y nueve gobernaciones están en disputa de candidatos cuestionados por sus antecedentes: Caquetá, Casanare, Magdalena, Arauca, Cesar, Bolívar, La Guajira, Chocó y Sucre.

Los grupos armados ilegales de Colombia son calificados por la Misión Observatorio Electoral (MOE) como eje central de la trama de riesgos electorales. La MOE reportó 24 municipios de siete departamentos bajo amenazas severas.

Al menos 16 pueblos del departamento Cauca están tipificados en riesgo extraordinario; En Huila cinco candidatos a alcaldías han sido declarados objetivos militares de esos grupos irregulares. En Antioquía dos aspirantes fueron asesinados y otros cuatro sobrevivieron a atentados.

La campaña cierra con 41 candidatos asesinados y más de 400 municipios víctimas de alguna «presión electoral» y el despliegue de más 130 mil policías y más de 290 mil miembros del Ejército. La suerte está echada./AVN

RM