Lima, (PL) La posición del segundo vicepresidente de Perú, Omar Chahade, siguió debilitándose hoy, en la víspera de que una comisión parlamentaria debata las acusaciones que le imputan gestiones indebidas en un conflicto empresarial.
El vocero de la bancada legislativa del bloque oficialista Gana Perú, Freddy Otárola, reiteró que su agrupación de ninguna manera respalda a Chehade y favorece en cambio una investigación imparcial.
Añadió que si la Comisión de Ética del Congreso sanciona a Chehade, este no podrá seguir siendo segundo vicepresidente de la República, pese a que se ha negado a renunciar al cargo aun frente a un pedido público del presidente Ollanta Humala para de se retire.
Representantes de la oposición minoritaria adelantaron que pedirán una suspensión de 120 días a Chehade por haberse reunido el mes pasado con dos generales de policía para tratar sobre el desalojo de una cooperativa azucarera pretendida por un grupo empresarial.
La oposición atribuye fines corruptos a la gestión que, para diversos sectores, constituye una grave acción política que descalifica al vicepresidente.
La posible sanción comenzará a debatirse mañana en la Comisión de Ética del parlamento, como corolario de una investigación sumaria en la que Chehade y los policias fueron sometidos a interrogatorios.
Previamente, el primer ministro, Salomón Lerner, dijo, ante una pregunta periodística, que está bajo análisis jurídico la posibilidad de retirar a Chehade las prerrogativas que conlleva el cargo de segundo vicepresidente.
El personaje, ante el pedido presidencial de que «dé un paso al costado», se declaró en licencia, lo que implica que no será gobernante transitorio en caso de ausencias del jefe de Estado y la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza.
Tal respuesta ha sido interpretada como un desacato al liderazgo presidencial y ha redoblado los reclamos de retiro de Chehade, quien hoy insistió en que no ha cometido delitos y que la reunión con los policías fue un error producto de su inexperiencia política.
El presidente Humala dijo el domingo que Chehade ha quedado fuera del Poder Ejecutivo y dio por cerrado el caso y hoy el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, declaró que el funcionario debe dejar de una vez el cargo porque su permanencia deslegitima la lucha contra la corrupción.
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