Bogotá,  (PL) En 23 años han sido asesinados en Colombia al menos mil 741 civiles por militares y policías, según un nuevo informe sobre ejecuciones extrajudiciales revelado hoy oficialmente por una organización no gubernamental.

Acorde con un estudio del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) existen 961 casos de esos crímenes registrados entre 1988 y 2011, una práctica que aún mantiene la fuerza pública a lo largo y ancho del país.

De esa manera la organización jesuita expone que los asesinatos de civiles hechos pasar por guerrilleros o criminales no corresponden exclusivamente a la era del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

No obstante, el informe sostiene que durante la gestión de Uribe, específicamente entre 2005 y 2008, ocurrió el mayor número de casos conocidos aquí eufemísticamente como falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales).

En 2005 se registraron 131 casos; en 2006 (244); en 2007 (388); y en 2008, 213 casos.

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios oficiales, las investigaciones avanzan lentamente.

Para muchos la política de incentivos del Gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de presuntos integrantes de los grupos armados ilegales es el principal factor que favorece el asesinato de civiles.

Estos son luego presentados como presuntos guerrilleros o delincuentes muertos en combate.

Por otra parte, la existencia del citado informe se conoce en medio de un debate sobre la ampliación de los alcances del fuero militar, que pretende blindar a los uniformados jurídicamente.

Todo esto en medio del fervor gubernamental por la muerte del máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano.

Sin embargo, la discusión sobre el fuero militar ha encontrado resistencia, pues algunos consideran que su ampliación abriría un camino hacia la impunidad.

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